Erika González* // “Las empresas transnacionales secuestran a nuestros gobiernos, independientemente del signo ideológico que tengan, para que las políticas públicas aseguren sus altas tasas de ganancia”. Así define Julia Evelyn Martínez, catedrática de Economía e investigadora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, el escenario económico que vive Centroamérica hoy. Aprovechando su presencia en Córdoba para participar en un seminario universitario y en una mesa redonda para debatir sobre la posibilidad de construir alternativas al modelo económico dominante, conversamos con esta profesora salvadoreña acerca del contexto sociopolítico actual en la región centroamericana, marcado por la violenta represión a quienes se oponen a la expansión de las grandes corporaciones.
Hace unas semanas han sido asesinados Berta Cáceres y Nelson García, líderes indígenas y defensores de los derechos humanos, en Honduras. ¿Existe alguna relación entre las actividades de las empresas transnacionales y la persecución a activistas sociales?
En todos los ámbitos donde he participado he trasladado la preocupación que viene de parte de la población mesoamericana por las amenazas a la vida que se ciernen sobre las comunidades, a partir de los excesos y la impunidad con que actúan las multinacionales que vienen de la Unión Europea y Estados Unidos. No solo nos despojan de los recursos naturales sino que, de alguna manera, tienen secuestrados a nuestros gobiernos, independientemente del signo ideológico que tengan, para que las políticas públicas se pongan en función del mantenimiento de altas tasas de ganancia de las transnacionales. Casos como el de Berta Cáceres ejemplifican el riesgo en que se encuentran líderes, hombres y mujeres, que denuncian esta situación. Dado que no pueden frenar su actividad por las buenas, continúan por las malas.
¿Es tanto el poder de las empresas transnacionales?
Su poder es bastante grande, efectivamente, y se ha ido acrecentando a medida que los Estados centroamericanos se han ido debilitando y han incrementado tanto sus necesidades de recursos para inversiones y crecimiento económico, como su vulnerabilidad frente a las políticas provenientes de las instituciones financieras internacionales y de los gobiernos de aquellos países donde se encuentran las casas matrices de las multinacionales, como es el caso de EEUU.
En Centroamérica hay una crisis muy profunda: existe un problema de desempleo estructural, de pobreza y desigualdad que genera violencia social. Frente a eso, es comprensible que la ciudadanía exija a los gobiernos la creación de empleo. En ese contexto, los gobiernos centroamericanos entran a competir entre sí en la creación del “clima de negocios” para atraer la inversión que viene de la UE y EEUU, que a su vez se traduce en la llegada de grandes empresas que se asocian a la creación de empleo, aunque sea precario. Ahí las multinacionales se sienten cómodas, porque pueden presionar a los gobiernos para obtener ventajas fiscales y para no cumplir trámites, por ejemplo, de tipo ambiental. Al final, eso sí, los gobiernos y la ciudadanía se dan cuenta de que esos empleos son una ilusión, porque los costes económicos, ambientales y sociales que generan son mayores que el beneficio que traen para la población.
¿Qué canales de interlocución tienen las multinacionales con los gobiernos centroamericanos?
En El Salvador disponen de canales de comunicación directa con el Gobierno que no tienen siquiera las empresas capitalistas nacionales. Utilizan la vía formal que representan las cámaras empresariales, pero la vía más directa es la informal que, en el caso de EEUU, se hace a través de sus embajadas.
Hay que destacar un caso en particular, el de Monsanto. Cuando el Gobierno salvadoreño aprobó una normativa que determinaba como principales abastecedores de semillas a los productores nacionales, especialmente del sector de cooperativas, y que esas semillas debían ser criollas, no modificadas genéticamente, la embajadora estadounidense se tomó esta ley que perjudicaba a Monsanto casi como algo personal. Incluso chantajeó al Gobierno diciendo que, si no se derogaba dicha ley de semillas, se amenazaba una futura donación de 277 millones de dólares provenientes del programa de la Cuenta del Milenio. El Gobierno terminó cediendo y derogó la ley. Y ahora Monsanto puede vender sus semillas al Gobierno salvadoreño con condiciones privilegiadas en relación con el resto del sector.
Entre los argumentos empresariales más utilizados para defender la inversión extranjera están el empleo, los impuestos y el crecimiento que aportan al país. ¿Qué opina sobre estos aspectos?
Hay que cuestionar el impacto económico que genera la inversión extranjera. En los últimos diez años, por cada dólar de IED que llegaba a El Salvador salían 1,40 dólares, lo que demuestra que lo que invierten es mucho menos de lo que se llevan en concepto de ganancia. Y, además, no se tiene en cuenta la explotación de los recursos naturales.
Coca-Cola, por ejemplo, extrae agua de manantiales que son parte de los bienes comunes de la población salvadoreña, no pagando el agua que acapara. Llega incluso a la sobreexplotación, hasta el punto de que en algunas comunidades como Soyapango dejaron el acuífero agotado y tuvieron que trasladarse al municipio de Nejapa. Ahora allí las comunidades, organizadas en el Foro del Agua, mantienen una lucha para defender los recursos hídricos, porque la multinacional desea ampliar la capacidad de extracción y, si eso se aprueba, las comunidades se van a quedar sin agua. En términos de sostenibilidad de la vida, representan una amenaza por la extracción de recursos naturales. Y si vemos todos los costos de estas inversiones, superan ampliamente los posibles beneficios monetarios que conllevan.
¿Cuál está siendo la respuesta de las comunidades afectadas?
Está creciendo la conciencia de las comunidades sobre la necesidad de defender sus territorios y recursos frente a los impactos de las grandes corporaciones. El Foro del Agua, como comentaba anteriormente, ha podido demostrar el impacto ambiental negativo de la ampliación del pozo de extracción de Coca-Cola. Y se ha logrado detener ese permiso, así que se puede considerar una victoria de las comunidades.
Este es un caso exitoso que está sirviendo de modelo para otras comunidades y organizaciones que confían en que mediante la coordinación a través de amplias alianzas puedan defenderse frente a los abusos de las transnacionales. Aunque siempre está presente la amenaza de la criminalización de la protesta ciudadana. La utilización de mecanismos de fuerza por parte de las grandes empresas, que llegan incluso al asesinato y al encarcelamiento de líderes y lideresas, se ha puesto en evidencia con los asesinatos de Berta Cáceres y Nelson García. Que no son los primeros y me temo que, lamentablemente, no serán los últimos.
Usted, que fue directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y fue destituida por su postura a favor del aborto, ¿qué piensa que puede aportar la economía feminista a la resistencia frente a los impactos de las grandes corporaciones?
Si en algo han sido exitosas las transnacionales ha sido en articular un discurso atractivo y en sintonía con el paradigma neoliberal. Se presentan como solución a los problemas del desempleo y pobreza diciendo que más inversión significa más empleo, y más empleo, más ingresos, que redundarán en más bienestar. Y su éxito ha sido que no se ha logrado articular una conciencia ciudadana amplia.
La economía feminista nos permite crear un discurso contrahegemónico. Las inversiones, políticas y tratados comerciales hay que ponerlos en un contexto más amplio, el del cuidado de la vida. De acuerdo a la economía feminista, hay que descartar cualquier inversión que destruya la naturaleza o ponga en peligro la vida de las personas. Así que el rechazo a las transnacionales tiene una razón de mucho peso y es el riesgo que suponen para la sostenibilidad de la vida.
* Erika González es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
