Del 19 al 21 de febrero de 2014 se produjeron en Kiev, la capital de Ucrania, más de un centenar de muertos. Los caídos eran manifestantes y policías que se encontraban en la zona de la plaza de la Independencia, el Maidán Nezalezhnosti. El 22 de febrero, el presidente Yanukovich huyó del país y triunfó la que en Ucrania se denomina Revolución de la Dignidad. Los manifestantes habían logrado su objetivo: que el país girara hacia la Unión Europea.
Los actos de recuerdo han sido este año de menores proporciones y sin demasiada intervención de las autoridades en comparación con el primer aniversario, en 2015. Por un lado, porque las propias autoridades tienen ya problemas suficientes como para recordar unas protestas y un cambio de gobierno que a este paso puede volver a producirse. Justo unos días antes, el 16 de febrero, la Rada (el Parlamento ucraniano) se quedó cerca de aprobar una moción de censura contra el Gobierno del primer ministro, Arsenii Yatsenyuk. La votación alcanzó 192 votos de los 226 necesarios, lo que muestra la crispación existente entre los diputados. Aunque como señala Volodimir Ariev, representante del partido del presidente Poroshenko, muchos de los debates que se montan en la Rada se hacen con fines electorales, ya que “no buscan mejorar nada, sólo mostrarse, es puro egoísmo político”.
Parcialmente por ello los propios ciudadanos ucranianos sienten que lo prometido por las entonces nuevas autoridades a finales de febrero de 2014 no se está cumpliendo, o se hace muy despacio. El sistema de los visados sigue vigente entre Ucrania y la UE y su abolición era una de las reivindicaciones principales del Maidán. La economía tampoco ha despegado. Es más, ha disminuido cerca de un 20% en estos dos últimos años, con la devaluación de la grivna, que ha pasado de cambiarse 11 a 1 respecto al euro al comienzo de 2014, a prácticamente 30 a 1 actualmente. Con ello los ucranianos han pasado a ser, según las estadísticas, los más pobres de todo el continente europeo, con un poder adquisitivo menor que países como Moldavia o Albania.
Borislav Bereza, líder del partido de la Gente Decidida y miembro de parlamento, opina que “la gente está desilusionada con los que han venido tras el Maidán, pero también hay que decir que el 60-70% siguen siendo los mismos personajes. Las quejas hay que presentarlas a la propia sociedad, ellos los han elegido”. Además, añade que “la sociedad sigue siendo manipulada por los oligarcas”.
Financiación extranjera
En el plano económico, la financiación extranjera mediante los préstamos de organismos internacionales se ha vuelto imprescindible para que Ucrania pueda seguir funcionando y no se declare en bancarrota. Un préstamo para ir pagando el anterior. Incluso el FMI, el financiador principal de Kiev, se muestra cada vez más preocupado por la situación. La directora del FMI, Christine Lagarde, declaró a principios de febrero que si las reformas del aparato administrativo y la lucha contra la corrupción no avanzan, los programas de ayuda pueden parar de manera indefinida.
Parte de estos problemas económicos se deben también al hecho, como señala Vlodimir Ariev, de que un 30% de las empresas exportadoras ucranianas están bajo el poder de los rebeldes del Donbass o han sido destruidas durante los combates Ello golpea las arcas del país cuando las divisas le hacen mucha falta. Además, Ariev opina que las reformas son realmente necesarias, ya que “son claves para atraer al capital extranjero, no sólo al gran inversor, sino al inversor medio y en perspectiva al pequeño. La seguridad jurídica necesaria por ahora no existe y las reformas se frenan por diferentes grupos de interés”.
Parte importante de estos problemas financieros se deben a que Ucrania ha cortado muchos de los lazos económicos que la unían a Rusia. Se han suspendido los vuelos entre los dos países, se han impuesto embargos mutuos. Se está suprimiendo una red económica a la que Ucrania no ha tenido alternativa real hasta ahora. La radical ruptura ha supuesto la renuncia oficial a comprar gas a Rusia en este 2016, aunque se compra el mismo gas ruso en el mercado europeo y a un precio incluso algo superior.
El mismo FMI en un informe reciente señalaba la caída del 80% de las ventas de la fuerte industria de defensa, heredada de los tiempos soviéticos y de las pocas que se había mantenido competitiva. Muestra todo ello del colapso progresivo del sistema económico ligado a Rusia, pero sin sustitución a la vista. A pesar de que la UE europea empezó a dar trato preferente a los productos producidos en Ucrania ya en 2015, las exportaciones ucranianas hacia la UE disminuyeron el año pasado cerca de un 30% y la tendencia a la baja continúa.
Finalmente está el que hace meses era el principal tema de la agenda política ucraniana, al menos de la exterior: la situación en el Donbass. Ahora ha quedado en segundo plano. Los combates a gran escala han parado desde el otoño del año pasado, y la situación prácticamente se ha congelado desde entonces. Ni los rebeldes de Lugansk y Donetsk ni las autoridades de Kiev han dado pasos reales hacia el cumplimiento efectivo de los acuerdos de Minsk 2. Ambos bandos han retirado del frente el armamento pesado. Eso a grandes rasgos es todo lo que se ha hecho de Minsk 2. Ni entrega de las fronteras por parte de los rebeldes, ni reforma constitucional por parte de Kiev, ni intercambio de prisioneros, ni celebración normal de elecciones en esos territorios.
Todos estos factores se entremezclan y frenan cualquier avance. Así al no cumplirse Minsk 2, las opciones de financiación son limitadas, ya que los organismos internacionales no suelen apostar por países en conflicto. Al seguir empeorando la situación económica, crece el descontento en la sociedad ucraniana, que no ve que se cumplan las promesas de los dirigentes. Estos a su vez se agarran con más fuerza a sus puestos, y tienen que llevar a cabo políticas reformistas cada vez más impopulares ya que de lo contrario no obtienen financiación para que el país pueda seguir pagando sus facturas.
La subida de las tarifas de gas y electricidad, el retraso de la edad de jubilación, los recortes de los puestos de funcionarios o la privatización de los principales activos estatales son medidas exigidas por el FMI. Para cumplirlas, Ucrania debe apretarse aun más el cinturón y volverse más autoritaria para llevar a cabo las medidas pese al descontento popular. Como señala el diputado Viktor Vovk del partido Radical, “para cumplir las demandas europeas, Ucrania debe volverse menos europea”.
