Reportaje publicado en nuestra revista en papel. Cómprala aquí
La industria de la guerra nunca gozó de tanto poder como el que tiene actualmente. En el cóctel de su éxito se mezclan los nuevos conflictos en Oriente Próximo y África, las carreras armamentísticas en Asia –la región alberga seis de los diez mayores importadores de armamento–, un mayor apoyo político por parte de las potencias occidentales y la disminución de barreras legales y políticas que antaño restringían la venta de armas a países enemigos. Para poner en perspectiva esta realidad, un dato: la estadounidense Lockheed Martin, el mayor fabricante mundial de armamento, ingresa cada año más de 34.000 millones de euros, cifra superior al PIB de 97 países y cinco veces el presupuesto de Naciones Unidas para misiones de paz. Hoy, la venta de armas vuelve a ser uno de los negocios más rentables y prometedores tras haber dejado atrás el pequeño bache con el que tropezó en 2012: una caída del 1,9% del gasto militar mundial, el primer retroceso desde la caída de la URSS que puso fin a la Guerra Fría. En medio del secretismo del que goza esta industria, los ejecutivos de la guerra emprendieron una silenciosa campaña estratégica para devolver el vigor a un mercado acostumbrado a crecer, incluso en medio de la peor crisis económica que ha vivido el planeta desde el crack de 1929 y la II Guerra Mundial.
Northrop Grumman, BAE Systems, Raytheon, Boeing Defense, Almaz Antei, Airbus y otros grandes fabricantes de armas brindan hoy para celebrar nuevos récords de ventas mientras continúan las fusiones y adquisiciones que dan lugar a imperios cada vez más influyentes en la cúspide de organismos internacionales, gobiernos, bancos y medios de comunicación de todo el mundo. Las victorias de la industria de la guerra son un secreto a voces, pero, ¿cuáles son las claves de su éxito?
El sector armamentístico es especial y se rige por normas diferentes a las de las demás industrias. Los fabricantes de armas son entidades privadas, aunque algunas cuentan con participación estatal, que venden casi la totalidad de su producción a gobiernos de todo el mundo. Estas corporaciones operan de la mano del Estado a la hora de exportar armamento y de diseñarlo, puesto que es el erario público el que financia la mayor parte de los proyectos de innovación militar que dan lugar a tecnologías cada vez más letales. Se trata de un negocio redondo en el que el dinero público sirve, al mismo tiempo, para financiar el diseño y la compra de aviones, fragatas, fusiles y tanques.
«Cada vez hay vínculos más estrechos entre gobiernos, militares y ejecutivos de esta industria (…), los puestos van rotando», explica Linda Åkerström, directora de desarme de la Sociedad Sueca de Paz y Arbitraje, la organización especializada en resolución de conflictos más antigua del mundo que en 2010 logró la prohibición de las bombas de racimo. Åkerström afirma que «incluso países con grandes problemas económicos siguen invirtiendo en armas, un sector libre de problemas» , y cita el caso de Grecia. Poco antes de recibir el primer rescate en 2010, el gobierno de Angela Merkel activó una línea de financiación especial para que las autoridades helenas pudieran pagar sus pedidos de armamento made in Germany. Alemania, uno de los países que más presión ejerció para que Grecia aplicara duros recortes, es el principal proveedor de armas con destino a ese país, que dedica el 4% de su PIB a fines militares (la media de los países de la OTAN es 2,5%).
En otros países, ahora con dificultades económicas, se ha disparado el gasto militar en los últimos diez años. Es el caso de China (+170%), Rusia (+108%) y Brasil (+48%), según datos del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
La «seguridad nacional», un negocio de Estado
Las puertas giratorias son el pan de cada día en el rentable mercado de la guerra. «Usan lobbies oficiales e ilegales en Bruselas para organizar cenas y conferencias, e invitar a políticos y miembros de la OTAN», explica desde Barcelona Jordi Calvo, investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz. Incluso las democracias más antiguas del planeta padecen esta vieja enfermedad: en Francia la familia Dassault, fabricante de los famosos cazas Rafale, ocupa escaños de Les Républicans (el refundado partido conservador de Nicolas Sarkozy) en el Senado y Congreso, y además dirige Le Figaro, L’Express y 70 diarios regionales. A sus 91 años y con la quinta mayor fortuna de Francia, el patriarca Serge Dassault ocupa un puesto en el Senado galo desde 2004, mientras que su hijo Olivier, presidente del consejo ejecutivo de la empresa familiar, es diputado desde 1988.
En Estados Unidos, centro de gravedad del negocio de la guerra, las donaciones de campaña de los contratistas militares son vitales para alcanzar la Casa Blanca. Medios como The Wall Street Journal y CNN tildaron de «secuestro» los recortes de la administración Obama sobre la partida militar de 2013, mientras que ese mismo año los fabricantes de armas desembolsaron más de 137 millones de dólares para obtener el favor de los congresistas estadounidenses, según el Centro para Políticas Responsables, con sede en Washington. En enero, las lágrimas de Barack Obama dieron la vuelta al mundo junto con su propuesta para aumentar el control sobre la venta de armas ligeras en Estados Unidos. Aunque ni él ni ningún miembro de su equipo pareció triste cuando los fabricantes de armas, la Asociación Nacional del Rifle y las poderosas empresas de mercenarios estadounidenses ofrecieron su apoyo financiero para la campaña electoral del Partido Demócrata.
«España es un gran ejemplo de traspaso de personas de la industria armamentística a la política, y viceversa». Jordi Calvo menciona a Pedro Argüelles, secretario de Estado de Defensa y antiguo presidente de Boeing en España, y al último titular de Defensa del Partido Popular, Pedro Morenés, quien hizo carrera en la industria militar antes de obtener la cartera ministerial. Tras la prohibición de las bombas de racimo, Morenés presionó al Gobierno para conseguir una indemnización de 60 millones de euros para Instalaza , la firma española que vendía este tipo de bombas a regímenes como el de Gadafi en Libia… y una de las empresas en las que ocupó el cargo de consejero hasta 2011. El pasado diciembre el Tribunal Supremo rechazó su petición, aunque ningún ente judicial cuestionó que el ministro concediera 32 contratos a Instalaza durante sus tres primeros años al frente de Defensa.
Si la industria militar vendiera peines en lugar de armas, posiblemente todos los calvos del mundo tendrían un buen set de peluquería bajo el brazo. Gracias a su discreto poder de influencia en el ámbito académico, político-militar y económico, los fabricantes de armas siembran inestabilidad y cosechan contratos millonarios. Un caso reciente es el de la venta de armas a Taiwán que Washington aprobó en diciembre. El contrato, valorado en 1.690 millones de dólares, no servirá para mejorar la seguridad de la isla sino para desestabilizar su delicada relación con China. Con el precio del petróleo por los suelos y tras varios años de conflicto, las empresas armamentísticas temen que las ventas militares en Oriente Próximo toquen su techo en los próximos años. Poco a poco Asia se convierte en la carta más preciada de la baraja y las grandes corporaciones de la guerra están ávidas por seguir jugando: el verano pasado Japón suprimió la ley que impide a sus fuerzas armadas tomar parte en conflictos fuera de sus fronteras, mientras que 2016 comenzó con una nueva prueba atómica de Corea del Norte. El país gobernado por Kim Jong-un aseguró haber probado con éxito una bomba de hidrógeno, cuyo potencial devastador supera al de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945.
Åkerström admite que «armar a un país es la forma perfecta para crear conflictos», y añade que «los países productores de armamento hablan de crear empleo y apoyar la paz y la seguridad (…), facilitan armas y después, cuando los clientes no van en la dirección marcada, los despachan». Bajo esta lógica los productores europeos y norteamericanos mantienen sus exportaciones a países como Arabia Saudí o China , que desde 1987 está bajo un embargo europeo que prohíbe el envío de armas, aunque ni España ni sus demás socios lo respetan.
En los últimos años los gobiernos de las grandes potencias occidentales volvieron a poner sus cuerpos diplomáticos al servicio de los contratistas militares para amortiguar la reducción de sus presupuestos de defensa. Un ejemplo del éxito de esta medida es el de los últimos viajes del presidente francés, François Hollande, a Oriente Próximo, que sirvieron para que las exportaciones militares de Francia pasaran de 4.800 millones de euros en 2012 a más de 12.000 millones en 2015. En noviembre, menos de 48 horas después de los atentados yihadistas en París, el Gobierno francés empleó 12 aviones Rafale para bombardear Raqqa, capital del Estado Islámico en Siria, «un gesto que permitió mostrar por primera vez la efectividad letal de los cazas franceses y que aumentará su atractivo de cara a nuevos compradores», afirma a este medio un analista militar que no quiere dar su nombre.
«La industria pide reiteradamente el apoyo gubernamental para poder vender fuera», reconoce Eva Cervera, directora de Edefa, el mayor medio hispano especializado en Defensa. Desde que Morenés es ministro, las embajadas y consulados de España han abierto 37 agregadurías militares que impulsan los contratos con la industria de armas española . Cervera cree que un gobierno «progresista» de coalición en España podría empeorar el «ya de por sí lastrado» presupuesto de Defensa y paralizar «ventas a determinados países».
Doctrina del shock
«Si quieres la guerra, prepárate para la guerra, porque si quieres la paz, te prepararás para la paz». Jordi Calvo, coautor del Diccionario de la guerra, la paz y el desarme (Icara), utiliza esta frase para explicar que el miedo posterior a un ataque terrorista es el mejor lubricante para justificar la venta de armas y el uso de la violencia. La industria de la guerra es consciente de sus ventajas , y sus inversores también: en la primera jornada bursátil tras los atentados de París del 13 de noviembre, las acciones de la francesa Thales se dispararon un 7,1%. Los títulos de BAE Systems, el mayor grupo armamentístico británico, se revalorizaron más del 12% entre noviembre y el 3 de diciembre, el día en que el primer ministro británico anunció la entrada de Reino Unido en los bombardeos sobre Siria. Casi al mismo tiempo, los imperios armamentísticos introducen en la agenda global la creación de nuevas organizaciones a imagen y semejanza de la OTAN para Asia, África y América Latina.
Pierre Berthelot, experto en seguridad el Instituto de Prospectivas y Seguridad de Europa (IPSE), cree que «con el argumento de parar a Valdimir Putin, los contratistas occidentales vuelven a tener una justificación para vender armas a regímenes autoritarios».»Si se trata de un régimen amigo, no hay problema; si es un régimen enemigo, aunque sea menos dictatorial, no se le venden armas», cuenta Berthelot. Un ejemplo reciente es la venta frustrada de dos portahelicópteros franceses Mirage a Rusia que el gobierno de Hollande anuló tras el enfriamiento de las relaciones con el Ejecutivo de Putin. Finalmente los dos buques, valorados en 960 millones de euros, fueron adjudicados al general egipcio Al-Sisi, sobre quien pesa la muerte de más de 3.000 civiles durante el golpe de Estado que le abrió las puertas del gobierno y la represión que lo consolidó en el poder.
«Tras el 11-S, EEUU dobló su presupuesto militar». Berthelot asegura que el Gobierno estadounidense contribuye a mantener la inseguridad y el conflicto en Oriente Próximo, «para que ni Irán ni Arabia Saudí sean demasiado fuertes y sigan importando armamento». Este investigador también cree que los gobiernos occidentales serán más moderados en sus futuras ventas de armamento a los Petroestados tras los atentados de París, a pesar de que en diciembre, EEUU aprobó la venta de 13.000 misiles de precisión a Arabia Saudí.
«Antes no había contradicción en que saudíes y cataríes financiaran a los rebeldes sirios, incluso a grupos como Al-Nusra, vinculado a Al-Qaeda pero que todavía no ha atentado fuera de la región». Tras analizar 1.700 casquillos sobre el terreno, la organización Conflict Armament Research desveló que el 20% de las municiones empleadas por los combatientes del Estado Islámico habían sido fabricadas en Estados Unidos. La cadena británica BBC eleva a 2.500 el número de combatientes saudíes en las filas yihadistas y señala que las monarquías del golfo Pérsico, clientes voraces de los contratistas militares occidentales, contribuyeron a la radicalización de los rebeldes sirios a través de su financiación y el envío de armas. «Se aprovechan los grandes arsenales de Libia y ahora de Arabia Saudí para transferir armas a Siria, donde se les pierde la pista», apunta Jordi Calvo. Al otro lado de la trinchera, las armas de fabricación rusa y china abastecen los arsenales de Bashar al Asad a través de canales de difícil seguimiento, como el que desmanteló el gobierno de Kuwait en diciembre tras interceptar un cargamento de misiles antiaéreos chinos procedentes de Ucrania con destino a Siria. El suceso está plagado de interrogantes sin respuesta, como el hecho de que Turquía, país aliado y miembro de la OTAN, sea la puerta de entrada de la mayor parte de envíos de armas hacia territorio sirio.
Un negocio que mueve el 2,4% del PIB mundial
Eufemismos como «defensa nacional» y «respuesta proporcional» vuelven a estar de moda en la agenda global marcada por las potencias militares para hacer frente a la amenaza yihadista y a quienes huyen de las guerras en Oriente Próximo, Asia y África. «La crisis de refugiados en Europa podría convertirse en una nueva oportunidad para que muchos contratistas presionen a los gobiernos y ofrezcan equipos de vigilancia fronteriza, radares y sensores», explica desde Washington Carina Solmirano, experta en seguridad internacional en el prestigioso SIPRI.
El principal aliado de los productores de armamento es el secretismo. «Parece que los presupuestos de Defensa están remontando», admite desde el anonimato una trabajadora de Navantia, el astillero militar español propiedad del Estado que está entre las 100 mayores empresas armamentísticas del mundo. Si este centenar de compañías de armas «ingresa más de 400.000 millones anuales y las exportaciones mundiales no superan los 30.000 millones, es evidente que se nos escapa mucho margen”, advierte Jordi Calvo. La falta de control e información apoyada por el secreto militar da lugar a violaciones flagrantes del derecho nacional y a sucesos tan rocambolescos como el que desveló en enero de este año el diario The Wall Street Journal: un misil Hellfire procedente de Estados Unidos con destino a la base de Rota (Cádiz) acabó en Cuba, con quien Washington no mantiene ningún tipo de cooperación militar.
La legislación en materia de Derechos Humanos está por detrás de los criterios mercantilistas a la hora de decidir qué países pueden adquirir la última tecnología bélica. En 2013 la Unión Europea estableció un embargo sobre la venta de armas a Egipto, pero en marzo de 2015 lo levantó y la administración Obama restableció su programa de asistencia militar, un cheque anual de 1.300 millones canjeable por armas made in USA. Otro país que pronto se beneficiará del levantamiento de sanciones es Irán, que ya ha expresado su intención de invertir sus fondos congelados en el extranjero en tecnología militar rusa.
La nochebuena de 2014 entró en vigor el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) de Naciones Unidas, que demanda a los Estados firmantes información sobre la compra y venta de armas y prohíbe las exportaciones a países donde se producen crímenes de guerra y de lesa humanidad o casos de genocidio. Un total de 130 países firmaron este acuerdo, aunque hasta la fecha sólo lo han ratificado 64, entre los que no está EEUU, país que abarca un tercio de las exportaciones militares mundiales y que presume de tener 88 armas por cada 100 habitantes.
Al no existir instituciones independientes que controlen el comercio de armas, los gobiernos pueden mantener en secreto lo que quieran, como en España, donde el Ejecutivo autoriza que el 20% de las exportaciones vaya a países en conflicto, entre ellos Israel, Arabia Saudí y Ucrania , destaca Calvo. El juego de la guerra incorpora nuevas reglas, como los estándares de control del TCA, pero ninguna supone una amenaza para quienes nutren los arsenales.
Uno de los nuevos retos que afrontan los legisladores es la irrupción de los aviones no tripulados sobre el campo de batalla. Desde 2002 Washington utiliza drones para captar información y bombardear zonas de alto riesgo en Afganistán, Iraq, Pakistán, Yemen, Somalia y Libia, mientras que en los últimos años otras potencias han ido desarrollando e incorporando estos aparatos a sus fuerzas armadas. El prometedor mercado de los drones militares, valorado en más de 10.000 millones de dólares anuales y con un millón de aparatos vendidos en 2015, ha evolucionado a toda velocidad gracias a acuerdos con empresas como Microsoft o IBM.
Organizaciones como Amnistía Internacional denuncian año tras año la impunidad con que muchos ejércitos cometen crímenes de guerra mediante el uso de drones no tripulados, así como la ausencia de cifras oficiales más allá de las filtraciones de WikiLeaks y The Intercept. «Lo que nadie sabe es cuántos civiles murieron y cuántos de ellos eran inocentes», lamenta Letta Tayler de Human Rights Watch. Las palabras de Harold Koh, máximo asesor legal del Departamento de Estado estadounidense hasta 2013, arrojan poca esperanza sobre un futuro marco legal para drones y ciborgs en combate: «Como la tecnología de los drones es altamente precisa, es también más legal y consistente con los derechos humanos que las alternativas», sentencia.
Misiles con responsabilidad social corporativa
Las contrapartidas indirectas también son un as en la manga de la autodenominada «industria de la defensa». La lógica de estos acuerdos es simple: cuando un gobierno compra armas a una empresa extranjera, ésta debe incluir en el paquete una serie de proyectos para fomentar el empleo local y amortiguar las reticencias de quienes desconfían del buen hacer de los empresarios de la guerra. Según The Economist, estos sobornos de guante blanco superaron los 250.000 millones de euros en 2014 y dejaron proyectos tan surrealistas como el de la empresa estadounidense Raytheon y su gigantesca piscifactoría de gambas en Arabia Saudí, inviable en las temperaturas del desierto, o las reparaciones de la piscina municipal de Puerto Elizabeth, (Sudáfrica), por parte de la sueca Saab.
En otras ocasiones los sobornos millonarios se realizan sin decoros, como el que protagonizó la italiana Finmeccanica con altos mandos militares indios para asegurar la compra de 12 helicópteros, o el que puso en evidencia a la alemana Heckler & Koch, que en 2011 vendió 9.472 fusiles G-36 a grupos de narcotraficantes mexicanos a través de los gobernadores de Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Jalisco. De momento, el antiguo presidente de Finmeccanica está siendo procesado, mientras que el fabricante alemán tuvo que pagar una multa simbólica de 300 euros por cada fusil incautado.
La industria también saca provecho de los millonarios proyectos de reconstrucción que surgen después de las guerras. Algunas consultoras ya auguran nuevos conflictos relacionados con el cambio climático y la escasez de agua y alimentos, mientras que muchas voces especializadas afirman que en 2016 las ventas militares romperán las previsiones más optimistas. Las consecuencias de este negocio dejarán otras plusmarcas para la posteridad, como sucedió en 2015, año en que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) contabilizó 59,5 millones de desplazados.
Desde el verano pasado Arabia Saudí preside el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas . El embajador saudí Faisal bin Hassan Trad consiguió el puesto gracias al voto secreto de Reino Unido, tal y como muestran las negociaciones filtradas por WikiLeaks. Adivine qué industria se ha embolsado más de 8.000 millones desde 2013 en contratos militares con el reino que ostenta el récord de presos condenados a la horca.
