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La ley catalana del cambio climático no convence al activismo medioambiental

El nuevo gobierno catalán ha dado el visto bueno al proyecto de ley del cambio climático elaborado por el anterior gobierno de CIU. La norma ya ha sido duramente criticada por las entidades del Movimiento por la Justicia Climática por su falta de ambición

Manifestación en Madrid para exigir un acuerdo en COP21 que luche contra el cambio climático. PEDRO P. BLANCAS

La Directa

18 febrero 2016 Una lectura de 3 minutos

ANNA PÉREZ CATALÁ // El diciembre pasado, en la cumbre del COP21 de París, se llegó a un acuerdo global para luchar contra el cambio climático. A partir de ahora, es necesario que los estados que lo firmaron presenten planes y medidas para reducir drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero y para adaptarse a las consecuencias que ya presenta el cambio climático.

El nuevo gobierno de la Generalitat ha aprovechado el contexto político internacional para dar un empuje a su política medioambiental presentando el proyecto de ley del cambio climático, la primera dedicada específicamente a esta cuestión del Estado español y del sur de Europa. Esta norma pretende incentivar medidas e instrumentos que fomenten la reducción de gases de efecto invernadero y comiencen la transición hacia una economía baja en carbono.

La ley establece objetivos de reducción de emisiones en la linea de los que marca la Unión Europea para el resto de los estados, que establecen un 25% de reducción en el año 2020 respecto a los niveles del año 2005. Para 2050, la UE propone una reducción del 80% de las emisiones como mínimo; en ninguno de los dos casos detalla con qué medidas concretas se pretenden cumplir estos objetivos.

Diversas organizaciones y plataformas ya presentaron alegaciones a la ley, que calificaron de «insuficiente para afrontar los retos energéticos y climáticos de este siglo». Desde el Movimiento para la Justicia Climática (MJC), Maria Garcia (Ecologistes en Acció) afirma que «los planes de reducción de emisiones tendrían que ser más ambiciosos si se quieren cumplir los objetivos marcados en París de no sobrepasar los 1,5 grados de calentamiento» y pide que estos se basen en los niveles de 1990 y no los de 2005, tal y como se establece en Europa. También critica la inclusión de los mercados de carbono, «instrumentos que se han demostrado completamente ineficaces para reducir emisiones y que sólo han llevado a la especulación y el enriquecimiento de las grandes empresas».

En lo que se refiere a la adaptación al cambio climático, la ley define de manera general los requisitos que han de tener los instrumentos de planificación sectoriales para adaptarse a este fenómeno. Según las entidades integradas en el MJC, la ley no contiene una buena integración sectorial, plantea políticas poco concretas y poco ambiciosas y es necesario que se incremente la fiscalidad ambiental. «Hace falta poner más impuestos y sanciones a los que contaminan, usarlos para desplegar medidas de mitigación y adaptación y no dejarlo al voluntarismo o a los incentivos», añade Maria Vives, de el Skamot Verd.

Vives también critica el hecho de que la ley no hable de dejar los combustibles bajo tierra ni aborde la prohibición del fracking, de las prospecciones petrolíferas y del cierre de las nucleares para tender a un futuro con energías 100% renovables y pide una participación ciudadana vinculante para poder evaluar el cumplimiento de los objetivos de la ley.

La ley del cambio climático se encuentra en trámite parlamentario actualmente y, desde el Movimiento por la Justicia Climática, se está trabajando para incidir en él. «La ley se mueve dentro de un marco claramente autonomista. Con el cambio de gobierno y el nuevo contexto constituyente, es necesario hacer un giro en las políticas de cambio climático, siguiendo ejemplos como los de Inglaterra y Francia, y someter la ley a una profunda revisión», concluye Maria Garcia. Según explica, la redacción actual supedita los ingresos del Fondo Climático a la voluntad de territorialización de los derechos de emisión del Estado español y no pone en cuestión el actual modelo estatal de producción y distribución energética, ahora centralizado.

[Este artículo ha sido publicado originalmente en catalán en La Directa]