Gonzalo Fernández* // Las grandes mayorías sociales de Colombia son conscientes de que están viviendo un momento histórico en el que parecen abrirse ventanas de oportunidad para poner fin, esta vez sí, al conflicto armado que ha asolado al país durante décadas. Al mismo tiempo, y en sentido contrario, estas no son ajenas a los múltiples obstáculos que hoy en día todavía pueden hacer descarrilar el proceso, teniendo en cuenta la larga trayectoria de negociaciones truncadas y el carácter poco democrático y violento de parte importante de las élites políticas, económicas y militares que dirigen el país. Así, Colombia se mueve entre la esperanza y la incertidumbre.
Esperanza que se concreta en el desarrollo de las negociaciones en La Habana entre las FARC y el gobierno, que acaban de firmar un acuerdo estratégico denominado “Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición”, el cual establece el impulso a tres estructuras fundamentales para avanzar en este sentido: una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Reparación y la no Repetición; la Unidad Especial de Personas Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto; y la Jurisdicción Especial para la Paz y las Medidas Específicas de Reparación. La firma de este documento supone un reconocimiento de todas las víctimas de conflicto armado —bajo violaciones de derechos humanos mayoritariamente perpetradas por estructuras estatales y paramilitares—, así como la puesta en marcha de unas mínimas garantías que posibiliten su acceso a la verdad sobre lo ocurrido y a la reparación legítima de su situación.
Pero, como decimos, la esperanza viene también acompañada de una más que notable incertidumbre sobre el concepto de paz que se está pergeñando, manifestada de muy diversas maneras. En primer lugar, la violencia que sufre el país no se ha detenido y, más allá de las acciones militares e insurgentes, se sigue asesinando, desapareciendo y encarcelando a líderes y lideresas populares en la más absoluta impunidad. En segundo término, las negociaciones se circunscriben al gobierno y a las FARC, pero todavía no se han iniciado las conversaciones públicas con el ELN, por un lado, ni se ha permitido a la sociedad civil colombiana plantear activamente y con garantías sus propuestas de país, por otro, lo que resta cierta legitimidad y consenso al conjunto de lo que se acuerde. En tercer lugar, y pese al acuerdo de víctimas, existen muchas dudas sobre la voluntad y la capacidad política del Estado para detener la lógica violenta tanto del todopoderoso ejército como de los grupos paramilitares que operan en los territorios, lo cual daría al traste con las garantías necesarias para una participación política democrática. Por último, el hecho de la que causa principal del conflicto —el modelo socioeconómico desigual e injusto— no sea un elemento fundamental de las conversaciones, pone en tela de juicio el carácter estructural y definitivo de un proceso de paz que, de esta manera, sería más bien de desarme y de normalización política, en el mejor de los casos.
Todos estos elementos, y muchos otros más, juegan y jugarán un papel esencial en la definición del complejo futuro del pueblo colombiano. No obstante, queremos detenernos precisamente en el último que hemos señalado, el modelo socioeconómico, que a la vez que es el origen del conflicto parece relativamente ausente de las negociaciones sobre el fin del mismo por imposición gubernamental. Esta contradicción pone de manifiesto el enfoque de paz que busca el Estado: una paz para los negocios, una paz sin justicia social que no aborde de manera prioritaria la violencia, pobreza y las desigualdades.
En este marco, hay un sector del capital transnacional y colombiano que cree que una paz en este sentido es fundamental para ahondar en la lógica capitalista, truncada en parte por un conflicto armado que mantiene a ciertos territorios bajo control insurgente y que proyecta una imagen internacional de inestabilidad. De esta manera, el gobierno no busca un proceso reconstituyente del país sobre nuevas bases, sino más bien garantizar las condiciones para seguir ahondando en un modelo primario-exportador que fortalezca a las élites y a las grandes corporaciones transnacionales mediante la explotación de los ingentes bienes naturales (agropecuarios, minerales y energéticos) existentes en el país. Precisamente, el Plan Nacional de Desarrollo vigente apuntala estos procesos de venta del país por lotes, donde el poder corporativo será el principal beneficiado.
No obstante, pese a las limitaciones de las negociaciones actuales, los movimientos sociales colombianos sí están teniendo muy en cuenta esta disputa de modelos, y se están articulando tanto a nivel nacional como territorial para enfrentar esta nueva ofensiva resistiendo y enfrentándose al poder corporativo en favor de una paz verdadera, una paz con justicia social. Justamente para debatir sobre ello diversas organizaciones colombianas y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) organizamos el pasado mes de noviembre el encuentro titulado «Paz desde los territorios: alternativas en la disputa popular frente al poder corporativo». En él, se pusieron en valor experiencias de articulación nacional como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que plantea para el año entrante otro paro agrario como el que se organizó en 2013 si no se tienen en cuenta los acuerdos de la Mesa Única de Negociación que se estableció con el gobierno hace 18 meses. O como la iniciativa de la Mesa Social para la Paz, que pretende precisamente ampliar el sujeto de diálogo a la sociedad civil organizada, desde la prioridad que esta le da al debate sobre el modelo socioeconómico.
A su vez, también se pusieron en común las experiencias de diversos territorios en lucha contra empresas transnacionales y en favor de la vida digna, como las del Cajibío, Santander, Cesar, Cauca, Antioquia, Buenaventura… Todas ellas comparten aprendizajes de experiencias exitosas frente al poder corporativo, destacando especialmente la relevancia de difundir los impactos de las multinacionales y de generar conciencia crítica a través de procesos de memoria histórica, de comunicación propia y de intercambio horizontal de aprendizajes; la importancia de fortalecer los lazos de unidad y la construcción de poder popular organizado, ampliando las posibilidades de articulación territorial e internacional y las capacidades de movilización y confrontación al status quo; el énfasis en la democracia y en la participación de todos y de todas (especialmente de las mujeres y jóvenes), impulsando propuestas como las consultas populares o los planes de vida digna; y, por último, la apuesta en favor de una diversidad económica en base al cooperativismo, la economía solidaria y la soberanía alimentaria.
Todos estos aprendizajes y esta capacidad de resistencia, articulación y movilización del poder popular, a pesar del clima de violencia estructural, son uno de los valores fundamentales para apuntalar una paz verdadera con justicia social. Es responsabilidad también de la comunidad internacional y de los movimientos sociales europeos apoyar estos procesos y denunciar a las empresas transnacionales desde estrategias conjuntas, aquí y allá, ya que enfrentar el poder corporativo, en cualquier lugar del mundo, es un asunto de todos y todas.
* Gonzalo Fernández es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
