[«Este artículo es un extracto del informe “Tratados comerciales y transnacionales europeas de la energía en Centroamérica” de Amigos de la Tierra y el Observatorio de multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.»]
Raquel Hernando y Erika González* // En la actualidad está creciendo el rechazo público a los tratados comerciales y de inversión. La semana pasada se presentaron más de tres millones de firmas de la ciudadanía europea contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la UE (TTIP) y a lo largo de esta semana, la Semana Internacional de Acción contra los Tratados de Libre Comercio, se están convocando múltiples actos a nivel mundial. Entre otras, las manifestaciones #Vamos17O de este sábado que reivindican que las personas y el planeta deben estar por encima de las multinacionales.
La exigencia se dirige a las instituciones que, como la UE, priorizan la defensa de los intereses económicos de las grandes corporaciones. La política comercial europea deja claro que su objetivo es hacer más competitiva su economía y, para ello, desarrolla los instrumentos necesarios con los que “crear un entorno favorable para las empresas, facilitar su acceso a los mercados exteriores, incluidos los mercados públicos”. A partir de estos principios impulsa y defiende la nueva lex mercatoria que protege de forma imperativa, coercitiva y ejecutiva los derechos de las grandes corporaciones europeas. Construye el Derecho Corporativo Global a partir del conjunto de contratos, normas de comercio e inversiones de carácter multilateral, regional y bilateral, las decisiones de los tribunales arbitrales y el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC.
La defensa de los “intereses europeos” tiene a su disposición 12 tipos distintos de acuerdos comerciales —Acuerdo de Asociación, Acuerdo de Asociación Económica Concertación Política y Cooperación, Acuerdo de Asociación Económica, Acuerdo Comercial, etc.— y centenares de tratados bilaterales de protección de inversiones que la UE ha firmado con países de todos los continentes. Una de las regiones considerada como socio comercial, en el que abrir nuevos mercados y establecer “un entorno favorable” a los capitales europeos, es Centroamérica.
No ha sido un problema el hecho de que Estados Unidos sea el principal socio comercial e inversor en la región centroamericana, más bien al contrario, le ha facilitado a la UE las negociaciones. La existencia previa de un tratado de libre comercio con EEUU (CAFTA-DR) ha avanzado en la liberalización y desregulación de numerosos ámbitos. Así que Europea sólo ha tenido que ampliar la mercantilización de más servicios y bienes, aumentar la desregulación de las compras públicas y blindar con más regulación la propiedad intelectual. Medidas, todas ellas, que se recogen en el Acuerdo de Asociación firmado entre la UE y Centroamérica, que entró en vigor en el año 2013.
Es el principio de los vasos comunicantes entre normas de comercio e inversiones y entre transnacionales e instituciones. Las negociaciones globales que quedaron paralizadas en el año 2006 en la Ronda de Doha de la OMC, continúan por medio del CAFTA-DR por parte de Estados Unidos y del Acuerdo de Asociación (AdA), por parte de la UE para Centroamérica.
La firma del AdA supone la creación de una sólida estructura cuyos objetivos no son únicamente fomentar el comercio internacional y abrir mercados. También completa y fortalece la protección de las inversiones europeas que se ha ido creando de forma bilateral a través de los 56 Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones firmados entre países europeos y centroamericanos. Como no podía ser de otra manera, los países con mayor inversión extranjera en Centroamérica son los que concentran un mayor número de este tipo de acuerdos, es decir, Países Bajos, Alemania, España, Francia y Reino Unido. Las multinacionales no invierten si sus países de origen, y los países que van a ser destino de sus capitales, no les garantizan la “seguridad jurídica” necesaria para proteger sus beneficios.
Se ha ido construyendo, entonces, el marco idóneo para que la actividad de las transnacionales europeas goce de protección y rentabilidad. Especialmente las del sector de la electricidad. En la década de los noventa, se pusieron en marcha las privatizaciones y de forma paralela se ha fortaleciendo la lex mercatoria que blinda sus intereses. Además se ha impulsado grandes proyectos regionales como el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central. Todo ello ha hecho que estas compañías tengan una considerable presencia en la región. La española Gas Natural Fenosa, la italiana Enel y la inglesa Actis, son de las más importantes.
Fuentes gubernamentales y empresariales asocian los beneficios para las transnacionales con el progreso y el desarrollo de los países donde se asientan. Las comunidades afectadas por los impactos de estas corporaciones y diferentes movimientos sociales no están de acuerdo con este discurso y les responsabilizan del saqueo de los recursos naturales, la mala calidad o ausencia del servicio, la precarización laboral, atropellos a los derechos humanos y el deterioro de los ecosistemas de la región. Las grandes compañías europeas de la electricidad no escapan a esta lógica, Unión Fenosa ha sido denunciada en el Tribunal Permanente de los Pueblos —un tribunal ético no gubernamental— por realizar cortes sistemáticos, apagones, precios altos y cobros indebidos. En el plano de la generación de electricidad, proyectos hidroeléctricos de la italiana Enel y de la española Hidralia han generado la violación de los derechos humanos de la población indígena de Guatemala
La búsqueda de una justicia alternativa por parte de víctimas y organizaciones sociales es la consecuencia de la ausencia de respuesta en los tribunales nacionales. Mientras, las grandes empresas sí disponen de tribunales de arbitraje internacionales donde denuncian a los Estados cuando consideran que éstos atentan contra sus intereses. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es el tribunal de arbitraje empleado con mayor frecuencia por las multinacionales para resolver las controversias con los Estados.
Se han producido 10 demandas de corporaciones europeas a países centroamericanos, de los cuales 2 pertenecen al sector de la energía. Son los casos de Iberdrola, que litigó con Guatemala con motivo de una disputa en el establecimiento de tarifas —la compañía consideraba que el gobierno había reducido demasiado la tarifa—, y la italiana Enel, que demandó a El Salvador cuando se paralizó un proyecto porque el Estado salvadoreño detectó irregularidades. El tipo de demandas que se han llevado al CIADI demuestran que los tratados bilaterales de inversiones más que proteger de posibles nacionalizaciones o confiscaciones, están siendo utilizadas por las transnacionales para frenar “un conjunto de políticas regulatorias y funciones que a diario deben cumplir los gobiernos”. De esta forma se va construyendo una armadura que vela por la seguridad jurídica de las inversiones de las transnacionales ante los posibles cambios políticos que puedan introducir un mayor control sobre sus actividades. En definitiva, se subordinan los derechos de las mayorías a la protección de los intereses corporativos, cuando debería ser al contrario.
En este marco, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, expertos y activistas sociales reivindican la necesidad de crear vías para el ejercicio de un control efectivo sobre las operaciones de estas compañías. Así, desde la sociedad civil se han formulado propuestas concretas para avanzar hacia mecanismos eficaces de control que sirvan para poner los derechos de las personas y los pueblos, como mínimo, al mismo nivel que la nueva lex mercatoria. Ese es el objetivo que persiguen iniciativas ciudadanas como el “Mandato de comercio alternativo” y el “Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales”.
* Raquel Hernando y Erika González, investigadoras del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
