Dejar atrás el déficit fiscal al que aboca el sistema de financiación autonómica y vivir en un país con cotas de bienestar desconocidas en el marco español, son aspiraciones que han calado en forma de esperanza entre una parte significativa de la población catalana, que el próximo 27-S acudirá a las urnas para renovar el Govern y, a la vez, expresar si desea hacer de Cataluña un estado.
Nada asegura que este sería un «estado nuevo con justicia social», «en el que todas las personas lleguen a fin de mes sin sufrir» o «en el que tener luz no sea un lujo», recurriendo a argumentos a favor de la independencia que difunde la Assemblea Nacional Catalana, la mayor entidad soberanista de carácter ciudadano que, en esta ocasión excepcional, concurre a las elecciones del brazo de CDC y ERC con la candidatura Junts pel Sí. Pero en un contexto de regresión social, la posibilidad de cambiar el statu quo y palpar una mejora en las condiciones de vida estará detrás de muchos de los votos que expresaran un «sí» a la independencia, tan o más pragmático que emocional.
El color político que debe haber detrás de objetivos como fortalecer los servicios públicos y orientar las políticas a la equidad en una Cataluña independiente resulta un elemento que queda aparcado en la campaña unitaria. Ahora bien, de lo que no cabe duda es de que, dentro o fuera de España, la oportunidad de transformar el escenario exige a los próximos gobiernos catalanes un incremento de la inversión social en relación a la riqueza generada en el país. Antes y durante la crisis, ha sido incluso inferior a la inversión social española.
DESIGUALDAD, POBREZA Y EXCLUSIÓN
La caída del nivel de bienestar medio de la población catalana ha ido acompañada de una profundización de la desigualdad. La relación entre la renta obtenida por el 20% de población con rentas más altas y la obtenida por el 20% con rentas más bajas indica que, en Cataluña, el extremo superior ingresa 6,5 veces más que el inferior. La cifra, ligeramente inferior a la española (6,8), supera de largo la media de la Unión Europea.
En 2014, la población en riesgo de pobreza o exclusión ha llegado a afectar al 26% de la población catalana, casi dos puntos más que el año anterior. La ciudadanía que vive en condiciones de privación material severa supera el 6% y, entre estas personas, encontramos que en más de 256.000 hogares no se puede asumir el gasto de mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Es una cifra indicativa del alcance de la pobreza energética, la lucha contra la cual no entró hasta este año en el presupuesto de la Generalitat, dotada con 10 millones de euros.
En relación al género de la pobreza, Cataluña no es una excepción y las más impactadas por la insuficiencia de recursos son responsables únicas de hijos e hijas (un 90% de las familias llamadas monoparentales están encabezadas por mujeres) o personas dependientes y mujeres mayores, perceptoras de ínfimas rentas no contributivas.
Renta Mínima de Inserción
En pleno escenario de emergencia social, la Renta Mínima de Inserción (RMI), el principal instrumento de la Generalitat para proteger a los colectivos con mayor riesgo de caer en la exclusión, dejó de ser un derecho subjetivo para quedar sujeta a disponibilidad presupuestaria. Empezó a generarse, recordando las palabras de la síndica de greuges de Barcelona, «un trato desigual de la pobreza, ya que unas personas recibirían la PIRMI y otras no a pesar de encontrarse en la misma condición de necesidad».
El endurecimiento de las condiciones a partir del verano de 2011 para percibir la RMI se aplicó en un momento de aumento de las personas demandantes. A modo orientativo, en la ciudad de Barcelona, entre el 2005 y el 2010, las personas solicitantes habían aumentado un 36,3%. Siguiendo los últimos datos disponibles, las personas que percibieron la RMI en 2013 fueron 23.273, un 23,3% menos (6.807 personas menos) que el año 2011.
El último informe del síndic de greuges de Catalunya destaca que hay retrasos muy importantes en la resolución de solicitudes de la prestación, que «a la práctica, sólo se aprueban casos extremos», que no se ha cuantificado la deuda de la Generalitat con las personas receptoras que no han recibido prestaciones de los años 2011, 2012 y 2013, ni las personas y unidades familiares afectadas. Según denunció a principios de año la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social a Catalunya, hay 34.000 familias con hijos e hijas o personas dependientes a cargo sin ingresos.
VULNERABILIDAD EN LA INFANCIA
La disminución presupuestaria en educación y ocio, las restricciones en prestaciones para familias socialmente desfavorecidas, como la RMI, y la menor cobertura de otras prestaciones sociales, la caída presupuestaria para becas comedor y ayudas para el transporte y el material escolar se han concretado, sumadas a la precarización del mercado laboral, en un aumento constante de los niños y niñas que viven en pobreza y exclusión social, casi medio millón de menores en Cataluña.
La baja inversión en infancia y familias (0,9% del PIB catalán, medio punto por debajo de la inversión española y muy lejos de la media europea, un 2,2%) no ha sido una novedad de la crisis. Con unas políticas de apoyo a las familias más simbólicas que efectivas, los hogares catalanes con niños y niñas son 4 veces más pobres, denuncia UNICEF.
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
El programa de protección social con mayor peso presupuestario es promoción de la autonomía personal. Aún así, resulta insuficiente. El último informe del síndic de greuges recoge los déficits y denuncia que, a pesar de que aumentan las necesidades de muchas personas con dependencia, no pueden acceder a los recursos que prevé la ley de la dependencia.
Las restricciones introducidas el año 2010 en el Sistema de Atención a la Autonomía y la Dependencia han reducido el ámbito de protección y han supuesto «un retroceso en los derechos y garantías de las personas». Las restricciones afectan al reconocimiento de la dependencia y, aún más, al acceso a las prestaciones y servicios de atención a la dependencia.
Según los datos más recientes del Departament de Benestar i Família, de las 139.533 personas beneficiarias, la gran mayoría son personas mayores, 78.745 de más de 80 años y 26.120 entre los 65 y los 79. Actualmente, a mucha distancia de los servicios de atención, el principal apoyo público es la prestación para cuidadoras y cuidadores no profesionales (más de 88.800).
ACCESO A LA VIVIENDA
La insuficiente vivienda social para afrontar la creciente exclusión habitacional es otra de las principales denuncias en los años de crisis. A falta de contar con datos oficiales, las entidades sociales advierten de que el número de personas y familias con inseguridad residencial, infravivienda y otras formas de exclusión residencial se ha disparado.
El parque de alquiler social representa un 2% del total de viviendas. Para alcanzar los niveles europeos (18%), Cataluña debería incrementarlo con 440.000 viviendas, según datos del Observatori DESC. Calculándolo según la demanda insatisfecha de vivienda asequible, la cantidad de pisos de alquiler social necesarios sería de 230.000. La Taula del Tercer Sector recuerda que no es una medida imposible a corto plazo, ya que se calcula que hay 450.000 pisos vacíos en Cataluña.
La reciente aprobación de la ILP de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y contra la pobreza energética, que previamente había sido tumbada por el PP en el Congreso de los Diputados, dota a Cataluña de mecanismos que deberán desarrollarse para frenar los desahucios y los cortes de subministro, para dar consistencia al parque de alquiler social y para acabar con las deuda de por vida ligadas al pago de la vivienda.
PRECARIEDAD LABORAL Y PARO
Desde 2008, se han destruido 562.000 puestos de trabajo en Cataluña, 31.300 en el sector público, «una muestra del debilitamiento de los servicios públicos», denuncia CCOO.
Más de 434.000 personas en el paro lo están desde hace más de un año y, de éstas, más de 305.000 hace más de dos. Además, sólo una de cada cuatro personas desocupadas recibe la protección de una prestación, indica el sindicato. En el caso de las mujeres, la tasa de protección por paro es seis puntos inferior a la de los hombres.
En el último año, sólo cuatro de cada cien personas que han dejado de estar en el paro en Cataluña han sido mujeres. Además, la cantidad de inactivas en el mercado laboral a causa del trabajo doméstico ha aumentado. «Se refuerza el rol reproductor de las mujeres y el productor de los hombres», denuncia CCOO.
Además, la brecha salarial se ha ampliado en los años de crisis, llegando a superar el 20% en Cataluña (19,3% en el Estado y 16,5% de media en la Unión Europea). Mientras, el presupuesto de 2015 dedica a «políticas de mujeres» un 0,03% del total.
Pobreza laboral
Otro fruto de la precariedad en el mercado de trabajo son los miles de personas (más de medio millón según indica la UGT) que viven en la pobreza a pesar de tener trabajo en el mercado laboral, una realidad que ha ido al alza en los últimos años. Resulta sintomático que un 25% de las 300 familias atendidas en Cataluña por la Fundación Foment de l’Habitatge Social de Cáritas durante el 2013 tuviera trabajo formal, según recoge su memoria anual.
La tasa de riesgo de pobreza laboral en Catalunya ha crecido desde el 2008, del 8,6% al 12,2%. Entre las mujeres, es medio punto superior. Si miramos el conjunto del Estado, el riesgo de pobreza laboral es similar (12,5%), mientras que la media europea no llega al 9%.
