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sábado 25 noviembre 2017

Economía

La CE presenta una versión descafeinada de los tribunales de arbitraje en el TTIP

Bruselas intenta superar el rechazo social a los mecanismos de protección de los inversores al proponer cortes con jueces públicos.

17 septiembre 2015
02:56
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BRUSELAS // La Comisión Europea presentó el miércoles su nueva propuesta para establecer mecanismos de arbitraje para caso de conflicto de interés entre Estados y inversores, después de las masivas críticas que había suscitado este instrumento como parte del Tratado de Libre Comercio (TTIP) entre la Unión Europea y EEUU, que se está negociando. Se da la espalda a la figura de tribunales privados, conocidos como ISDS en sus siglas en inglés, para dar paso a la creación de una especie de corte pública de debería dirimir en casos cuando un inversor considera que deciciones de un gobierno perjudiquen sus intereses.

La cláusula ISDS es uno de los aspectos del TTIP que más rechazo ha provocado en la opinión pública. Muchos críticos, entre ellos partidos con responsabilidad de gobierno en la UE, temen que estos tribunales socavan la soberanía de los sistemas de Justicia de los Estados nacionales.

En un extenso documento de 37 páginas, presentado el miércoles, se definen las nuevas líneas de este mecanismo, cuyo fin declarado es proteger a los inversores de supuestos perjuicios por parte de los legisladores, como pueden ser leyes de protección medioambiental o de derechos laborales hasta la renacionalización de empresas. “Transparencia y “en favor a los principios democráticos”, fueron las palabras más usadas en la rueda de prensa de la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, para definir lo que las organizaciones de la sociedad civil han definido como la “privatización de la justicia”.

¿Qué hay de nuevo en el ISDS?

En primer lugar, el texto establece que el derecho a regular las políticas públicas estará totalmente preservada a los Estados. “Las disposiciones derivadas de la protección de inversiones no deberán interpretarse como un compromiso de los gobiernos a no cambiar su marco jurídico”.

Por otro lado, el documento propone el establecimiento de un nuevo sistema judicial integrado por 21 jueces: 15 formarán el Tribunal de Primera Instancia y seis el de apelaciones.

Según explica la Comisión, en el primero habrá cinco jueces provenientes de EEUU y la UE y otros cinco de terceros países. Además, estas figuras deberán tener calificaciones técnicas comparables a las requeridos para los miembros de los tribunales internacionales permanentes, como la Corte Internacional de Justicia y el Órgano de Apelación de la OMC. Por su lado, el tribunal de apelación se compondrá de seis miembros nombrados conjuntamente por la UE y los Estados Unidos en un reparto proporcional.

En relación al conflicto de interés y la transparencia, Cecilia Malmström anunció en la rueda de prensa del miércoles que “ la independencia de los jueces deberá estar fuera de toda duda”. Así mismo, señaló que los documentos que corresponden a las demandas en los tribunales de arbitraje serán públicas. Cabe señalar a este respecto que la Comisión Europea también ha presumido de que “el TTIP es el Tratado más transparente negociado hasta el momento”. No obstante, los textos cruciales siguen estando ocultos al público, también la posición de Europa en los aspectos más delicados. Ni siquiera los eurodiputados que deben de adentrarse en una sala secreta para ver que se está negociando en el TTIP, tienen un acceso completo a la información.

Por último, el borrador del texto legal otorga cinco derechos a las corporaciones a la hora de demandar a un Estado. La compensación por una expropiación o nacionalización, la garantía de un trato en la inversión como a cualquier inversor nacional, el compromiso de compensar las pérdidas del demandante en determinadas situaciones (como un guerra) y el de respetar los escritos firmados y las obligaciones contractuales. También se aprecia la posibilidad de transferir (y eventualmente repatriar) fondos relacionados con una inversión.

Una vez aprobado el texto descrito, el siguiente paso de la Comisión será consultar a los Estados miembros de la UE en el Consejo y debatir la propuesta en el Parlamento Europeo antes de presentar la propuesta de texto formal a los Estados Unidos.

¿En el fondo hay algo más que un cambio de nombre?

El lenguaje es un aspecto clave para enmarcar la realidad. Por ello la Comisión ha cambiado el nombre del que hasta ahora se llamaba ISDS, por ICS (sistema judicial de inversiones, por sus siglas en inglés). “Da igual como se denomime. Sigue siendo un sistema para presionar a los Estados, a la Unión Europea, a las autoridades locales y a la ciudadanía con el fin de lograr una legislación favorable a las multinacionales”, señala el portavoz de los verdes europeos, Florent Marcellesi.

Cecilia Malmstrom ha puesto la transparencia en el eje de su discurso y lo ha envuelto de medidas que “no dejan de ser más de lo mismo”, según la activista de Amigos de la Tierra Europa, Natacha Cingotti. “Se reafirma la concesión de derechos de VIP para los inversionistas corporativos sin darles ninguna obligaciones que protegerían a los ciudadanos y el medio ambiente”, añade.

El experto en Comercio Jürgen Knirsch señala en un nota de prensa de Greenpace que “la Comisión sigue apoyando un sistema de justicia a dos velocidades- una que privilegia a las empresas multinacionales para proteger sus intereses privados, y una justicia básica para los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas”.

Ante la recurrente insistencia de la Comisión Europea por establecer un mecanismo que permita a las empresas demandar a los Estados, Pia Eberhart, investigadora del Corporate Europe Observatory, se pregunta “por qué los juzgados no son suficientes para los inversores exttranjeros, pero sí para el resto de personas”. En la actualidad, menos del 10% de los tratados de comercio están cubiertos por el ISDS e incluirlo en un acuerdo entre EEUU y la UE ampliaría su alcance a un nivel sin precedentes. “El verdadero problema que nos ocupa aquí no es de establecer tribunales públicos o privados, sino el de otorgar mayores privilegios al poder corporativo”.

La Comisión Europea también ha señalado que esta nueva propuesta ha sido posible gracias a “una aportación sustancial” fruto de la consulta pública que realizó en marzo sobre el ISDS. Lo que olvida, según el Corporate Europe Observatory, es que el 97% de las miles de respuestas que recibió en ella se oponía claramente a este mecanismo sea cual fuera su cualquier forma. “Esta propuesta alternativa es esencialmente un ejercicio de relaciones públicas para poner fin a la enorme controversia y oposición que se ha generado”.

Además, la Comisaria de Comercio ha confirmado hoy, tras la pregunta de un periodista, que la nueva propuesta no se aplicará al CETA, acuerdo de similares características al TTIP que ultiman la Unión Europea y Canada. Este hecho permitirá a las compañías estadounidenses con filiales en Canadá demandar a los estados miembros de Europa basándose en el viejo modelo del ISDS.

El riesgo para los gobierno de ser demandados por las grandes empresas es otro de los aspectos denunciados. Un hecho que debería preocupar a España, el país de la Unión Europea que más reclamaciones recibió en 2014 en tribunales de arbitraje y el tercero del mundo, según datos del CIADI, el tribunal de abritraje de Washington.

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