Artículo publicado en la revista Cercanías, que puedes comprar aquí
Todo empezó por una alcantarilla. El desinterés del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid) por arreglar este saneamiento que inundaba el jardín de su casa colmó el vaso de la paciencia de Elena Biurrun. En 2005, esta vecina fundó la asociación Torrenat y más tarde el partido Vecinos por Torrelodones, que fue segundo en las elecciones municipales de 2007. Desde 2011, Biurrun es la alcaldesa de esta localidad, y un símbolo de la toma del poder por los ciudadanos al margen de los partidos tradicionales. “Se estaban repartiendo el pastel entre cuatro hasta que llegamos nosotros”, afirma convencida. Un caso, no obstante, teñido de claroscuros, como denuncia la actual oposición, que lamenta que el equipo de gobierno de Biurrun todavía no haya aceptado ninguna iniciativa de establecer un auténtico mecanismo de democracia participativa.
En 2001 comenzaron a gestarse en España las primeras experiencias participativas, que pusieron los cimientos de un modelo de gobierno directo que emanaba de la calle. Hoy, las actuaciones presupuestadas y ejecutadas por decisión directa de los votantes en muchos municipios parecen la lista de los reyes magos pero son una realidad tangible: un carril bici de más de 70 kilómetros en Sevilla; parques integrados para mayores, niños y adolescentes; un rockódromo; una pista de skate en Getafe o nuevos espacios lúdicos para niños en muchos otros lugares.
Pero más allá de alcantarillas, parques o pistas de skate, la democracia participativa supone una nueva manera de hacer política. Aunque los votantes y los grandes medios de comunicación suelen dar más importancia a la política nacional, es en los ayuntamientos donde se deciden las cuestiones que tienen el efecto más inmediato sobre la ciudadanía. Y es en los municipios donde estos modelos de hacer política de forma más colaborativa se están abriendo paso.
Los comicios municipales son para mucha gente una gran oportunidad para que la democracia participativa reconquiste definitivamente el espacio ciudadano, empezando por el control de las cuentas municipales. Ernesto Ganuza, especialista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en modelos de democracia participativa, afirma que del centenar de experiencias que llegó a haber en España en 2011, “actualmente siguen vigentes unas 25”.
Revés después del 2011
La amplia victoria del PP en las elecciones de aquel año acabó con muchas de las iniciativas que habían surgido, tesis que comparte la consultora política Carmen Pineda. Esta experta ha elaborado una lista con la evolución de los municipios que incorporan modelos de participación ciudadana (ver cuadro). Tanto Ganuza como Pineda coinciden en que esta situación podría dar un vuelco radical tras las elecciones del 24-M, si ganan aquellas formaciones que apuestan decididamente por una democracia más participativa.
La forma de gestionar los asuntos locales hasta ahora, a menudo, ha dejado mucho que desear, a la luz de los escándalos y a la vista de que las cuentas, en muchas ocasiones, no cuadran. Algunos de los casos de corrupción más escandalosos provienen del ámbito municipal. Guateque y Púnica en Madrid, Emarsa en Valencia, Pretoria en Cataluña, Malaya, Mercasevilla y Astapa en Andalucía, Pokemon en Galicia y Faycan en Canarias son algunas de las operaciones policiales o judiciales que han ocupado las portadas de los medios en los últimos diez años. Cientos de detenidos e imputados por toda la geografía nacional demuestran que la corrupción municipal hace lustros que se propagó como una epidemia por toda España.
Y no son casos aislados. La actual alcaldesa de Torrelodones descubrió que tras la negativa del Ayuntamiento a arreglar la alcantarilla que inundaba su jardín había algo más: el sumidero estaba en el límite de una zona que entraba en los planes de recalificación del alcalde. Según Biurrun, la falta de arreglo justificaba de algún modo el deterioro de esa zona, que estaba declarada como suelo especialmente protegido por la directiva Hábitat de la Unión Europea. Su tesón hizo que tanto la Comunidad de Madrid como el Parlamento Europeo paralizasen la recalificación del antiguo consistorio. Pero Biurrun sabe que lo que en su caso se pudo impedir, “se ha llevado a cabo en toda España”.
“Muchas instituciones han invertido mucho dinero en ese tipo de recalificaciones y ahora todo eso es carne de Sareb”, dice, en referencia al llamado “banco malo”, participado por el Estado y encargado de deshacerse de los activos inmobiliarios tóxicos de la banca.
La fiebre del ladrillo en la década pasada, cuando brotaban auditorios, pabellones deportivos, escuelas, rotondas con estátuas y otras infraestructuras públicas, ha dejado a muchos consitorios al borde de la bancarota. La deuda de los 8.122 municipios de España ascendía a 38.000 millones en 2014. Aunque no son los peores datos (las comunidades autónomas tienen un déficit de 236.000 millones y la Administración General del Estado alcanza el billón de euros), lo cierto es que casos concretos como el del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, se escapan a toda comprensión posible. La capital de España tiene una deuda viva de más de 6.000 millones de euros, una cantidad que excede con mucho su presupuesto anual, que en 2015 es de 4.388 millones. El consistorio madrileño le ha dejado a cada vecino una roncha de 2.193 euros. Este año casi un 15% del presupuesto se destinará a pagar la deuda. Y un 5% irá a pagar intereses.
Grandes urbes
En otras grandes ciudades ocurre algo parecido, aunque a menor escala. Entre Sevilla, Zaragoza, Valencia, Madrid y Barcelona suman una deuda de 9.278 millones. Vivir en estas grandes urbes aumenta un 36% la deuda por cabeza conrespecto a la media de los demás municipios españoles. La excepción es Bilbao, que apenas tiene obligaciones con acreedores.
Frente a las cifras que arrojan estos sistemas de gestión tradicionales, algunos regidores han reaccionado tratando de unirse, al menos en apariencia, al carro de la democracia participativa. También en municipios gobernados por el PP y el PSOE se han hecho experimentos en este terreno.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), clausuró en marzo una cumbre del Observatorio Internacional de Democracia Participativa, ODIP Madrid 2015, en el que se debatió con cierto apasionamiento el modelo madrileño. “Madrid ha invertido 900 millones de euros entre 2004 y 2014 a través de una especie de presupuesto participativo”, concede Ganuza. Pero aclara que en realidad se trata de propuestas predefinidas entre las que deben escoger los ciudadanos y éstas votaron sólo a través de asociaciones de vecinos.
Para Daniel González Rojas, actual candidato por IU a la alcaldía de Sevilla, el presupuesto participativo del actual gobierno municipal de la capital andaluza es “un buzón de sugerencias”, en referencia a la web que el Ayuntamiento tiene para recoger propuestas ciudadanas. González Rojas sostiene que cuando el PP llegó al poder municipal en Sevilla, justo tras el 15-M, “lo primero que hizo fue desbaratar un modelo participativo que era una referencia en España y en toda Europa”.
Aquel sistema, instaurado por IU junto al PSOE en 2003, dio origen al popular carril bici que atraviesa la ciudad. El activista Tomás Villasante participó en aquel proceso y matiza. “Fue una experiencia realmente participativa entre 2003 y 2008, pero no tanto después”, puntualiza. Ahora, el candidato de IU asegura que su programa de gobierno se está redactando “mediante democracia participativa”, siguiendo el modelo de las nuevas plataformas como Ahora Madrid, cuyo programa municipal lo han elaborado todos los simpatizanetes a través de internet.
Getafe (Madrid) fue una de las primeras experiencias de presupuestos participativos que se llvó a cabo en España, con el PSOE en el poder. Se puso en marcha en 2003, directamente desde la concejalía de Hacienda. Carlos López, quien coordinó el programa de democracia participativa en la ciudad madrileña, confirma que la oposición municipal se está preparando ya para reconquistar el gobierno municipal, ganado por el PP en 2011. La participación ciudadana es clave para lograr este objetivo. Pero para que el proceso pueda ser considerado realmente participativo “tiene que ser universal, vinculante, asambleario y autorregulado”.
En opinión de López, este procedimiento sólo se consolidará “si no se convierte en algo instrumental”. Para ello, no estaría de más tener presente la clarividencia de Uribatán de Souza, el economista brasileño que diseñó el primer modelo de presupuesto participativo del mundo en Porto Alegre (Brasil). Para De Souza, es prioritario que el proceso incluya al ciudadano en la decisión sobre cuáles son las prioridades del gasto municipal. También deben estar más implicados en el control de las instituciones locales. “El ciudadano (…) deja de ser un coadyuvante de la política tradicional para ser protagonista permanente de la gestión pública”, asegura el economista latino.
Las primeras experiencias en democracia participativa proceden de Latinoamérica. Estos procesos llegaron más tarde a España y Portugal, y después se trasladaron al resto de de Europa, un fenómeno de propagación que en Latinoamérica bautizaron como “el retorno de las carabelas”, por haber invertido el sentido de la conquista.
Pineda, Villasante y otros expertos coinciden en que, en su origen, los procesos latinoamericanos tienen que ver con la rebelión de las bolsas de excluidos para que se atendiesen sus necesidades estructurales básicas en vivienda, infraestructuras o educación. Una experiencia “de abajo a arriba”, como la define Villasante, que impregnó todo el tejido político municipal de los países del centro y del sur de América. En Europa, la herramienta se vio como una oportunidad para mejorar todos los procesos.
En opinión de los citados expertos, los intentos, más o menos toscos, de los gobiernos municipales tradicionales en España para aparentar que apuesten por un cambio tendrán que ser mucho más profundos para alcanzar el nivel de transparencia y de control del gasto que les reclamará la ciudadanía en el futuro.
Partidas ridículas
El Ayuntamiento de Sevilla que dirige Juan Ignacio Zoido (PP) destina, por ejemplo, 30.000 euros a las políticas de ayuda al inmigrante en 2015, es decir, una cantidad ridícula en una ciudad donde viven 53.000 extranjeros. En Zaragoza, el interventor municipal llegó a objetar las cuentas de 2015 del consistorio aragonés, gobernado por Juan Alberto Belloch (PSOE), aduciendo que algunas partidas estaban “infradotadas”. En Valencia, el equipo de Rita Barberá (PP) atribuye el 83% del gasto municipal a “políticas de atención de las necesidades de las personas y mejora de las condiciones de vida”, un apartado que incluye a la policía, los servicios municipales básicos y el transporte público.
A pesar de todo, la mayoría de las corporaciones municipales son hoy mucho más transparentes que hace diez o veinte años, y cualquier usuario tiene acceso al desglose por partidas en Internet. Ya sea por una cuestión de adaptación o por las urnas, los gobernantes municipales del futuro se definirán por un modelo de gestión de los recursos públicos compartido con los ciudadanos día a día.
