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miércoles 20 septiembre 2017

Sociedad

Los presos como mano de obra barata

La Constitución establece que los internos en cárceles tienen derecho a un empleo remunerado, lo que anima a muchas empresas a contratarlos por salarios miserables

01 agosto 2015
09:53
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Los presos como mano de obra barata

Reportaje publicado en el número de julio / agosto de La Marea, disponible en quioscos y en nuestra tienda online

Cincuenta céntimos por hora trabajada, un ejemplo de “clara explotación laboral”. La denuncia parte de Francisco Hervás, miembro de Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), quien cifra en medio euro la cantidad que, en ocasiones, cobran los más de 12.000 presos que trabajan en las cárceles españolas. Según sus cálculos, lo habitual es que los reos sumen un sueldo mensual de entre 80 y 300 euros por trabajar entre rejas. Esta remuneración se estipula a partir de un Real Decreto de 2001 en el que se toma como referencia el salario mínimo interprofesional pero vinculando el cálculo al número de horas trabajadas y a la productividad del preso. Algo difícil de concretar, ya que los reclusos “no tienen control sobre las piezas que realizan, por lo que no pueden saber lo que cobran por cada una y si se ajusta a su verdadera labor”, apunta Valentín Aguilar, también de APDHA.

La cuestión es peliaguda, porque el oscurantismo que existe sobre el trabajo que los internos realizan en la cárcel y sobre las empresas que los contratan es grande. Lo corroboramos con José Suárez Tascón, gerente de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE), el organismo que regula la actividad y trabajo de los presos. Ante la pregunta de qué compañías los contratan, su respuesta es tajante: “Eso no te lo voy a decir”. Suárez Tascón reconoce que los empleadores no quieren que trascienda su identidad por la imagen que pueden dar, y acusa a los medios de comunicación de “mentir” cuando informan sobre el trabajo en prisión.

El artículo 25.2 de la Constitución establece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, y no podrán consistir en trabajos forzados”. “El condenado […] tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad“, añade el texto.

Para la población reclusa, el trabajo es de vital importancia, ya que les permite mejorar las condiciones económicas en las que se encuentran en la cárcel, e incluso ayudar a sus familias. Además de la cuestión monetaria y formativa, es una manera enriquecedora de ocupar el tiempo durante su condena. Pero la necesaria labor de reinserción es, en ocasiones, utilizada de manera poco ética para que algunas empresas ahorren costos sin repercutir toda la plusvalía en la mejora de vida de los empleados en prisión.

Uno de los mayores proveedores de las prisiones españolas es El Corte Inglés. Suárez Tascón reconoce que durante unos años todas las perchas del gigante comercial eran fabricadas en las cárceles. Lo cierto es que resulta casi imposible conocer qué compañías contratan a reclusos. En febrero, Izquierda Plural presentó en el Congreso una proposición no de ley sobre medidas para impedir la utilización de internos en actividades mercantiles de empresas privadas que han ejecutado expedientes de regulación de empleo. La propuesta venía motivada por la noticia de que las empresas Istobal y Merak habían trabajado con reos mientras habían realizado sendos ERE.

Condiciones ventajosas

En 2011, Istobal (fabricante de piezas para lavados de coches) despidió a 53 personas. Dos años después, ejecutó un ERE, lo que no le impidió contratar a 14 presos del centro de Picassent con unas condiciones inmejorables para el negocio: los gastos corrientes como luz, agua, teléfono y parte de las cuotas de la Seguridad Social no corren a cargo de la empresa, que paga a estos empleados 3 euros por hora.

Por su parte, la multinacional alemana Merak, con sede en Getafe, contrata a los reos de la prisión de Ocaña para montar los aparatos de aire acondicionado que van en los trenes de alta velocidad europeos. Según denuncia la Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), el caso de la prisión de Ocaña (Toledo) es el paradigma de lo que no se debe hacer en la cárcel. ACAIP subraya que la vida en el recinto penal se encuentra subordinada a las exigencias de Merak. Unas exigencias que incluso ponen en peligro la seguridad de los trabajadores.

A los talleres de Ocaña I y Ocaña II llegan cada día 30 empleados de la empresa germana para trabajar con más de 200 reclusos. Al acceder al centro penitenciario pueden saltarse los protocolos de seguridad mínimos, como el arco detector de metales, para no perder tiempo de productividad. El trabajo que los presos realizan para Merak se efectuaba antes en una factoría china.

Precisamente uno de los argumentos que esgrime Instituciones Penitenciarias es que firmar convenios para trabajar en prisiones es una manera de evitar la deslocalización de la producción. Un argumento que comparten las empresas, y que sirvió a Istobal para justificar la contratación de reclusos tras su ERE. Su otra opción pasaba por trasladar la cadena de montaje a Portugal o Turquía.

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Antonio Maestre

Antonio Maestre

Periodista y Documentalista. Aspirante a imitador de Günter Wallraff.

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