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jueves 19 julio 2018

Sociedad

El alquiler forzoso, principal reticencia de CiU para aprobar la ILP de vivienda

El preacuerdo de la Comisión Promotora con los nacionalistas sustituye la obligatoriedad por un sistema de sanciones para los grandes poseedores de viviendas

10 julio 2015
13:10
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El alquiler forzoso, principal reticencia de CiU para aprobar la ILP de vivienda
Miembros de la PAH y la APE en la entrega de firmas al Parlament. Foto: PAH Barcelona

BARCELONA // La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética en Cataluña podría aprobarse la penúltima semana de julio si la Comisión Promotora cierra un acuerdo con CiU. Con el aval de ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP a las propuestas de la iniciativa, el sí de los nacionalistas permitiría alcanzar la mayoría necesaria para que salga adelante.

Los impulsores de la ILP -El Observatori DESC, la Alianza contra la Pobreza Energética y la PAH- han llegado a un principio de acuerdo con el partido de Artur Mas. El principal punto de debate es la cláusula que insta al alquiler forzoso a familias en situación de vulnerabilidad durante tres años de las viviendas que hayan sido ejecutadas o en las que exista un desahucio por impago del alquiler.

Fuentes de la Comisión Promotora señalan que el concepto “alquiler forzoso”, que remite a una “expropiación”, no es visto con buenos ojos por CiU. Por ello, las conversaciones se encaminan a acordar una fórmula alternativa que, finalmente, permita alcanzar el mismo objetivo. La propuesta que se encuentra encima de la mesa es que en los desahucios de inmuebles propiedad de grandes poseedores de vivienda, estos deban ofrecer un alquiler social a los afectados, definiendo en la ley los parámetros sobre qué debe ser un alquiler social (por ejemplo, que no suponga más del 30% de los ingresos de la unidad familiar). Sin embargo, esta medida no se aplicaría mediante una obligación, sino que se impulsaría vía sanciones a los grandes propietarios que no lo ofreciesen.

En estos momentos, la cantidad de la sanción sobre la cual se está negociando se sitúa en una cifra de hasta 90.000 euros. “Es el mismo objetivo pero formulado de otra forma, porque con el concepto original, ideológicamente les cuesta”, apuntan desde la Comisión Promotora. El fin es que para los propietarios acabe siendo más costoso mantener la vivienda vacía que ofrecerla en alquiler social.

Movilizar los pisos vacíos

Otro de los puntos de fricción con los nacionalistas es el que contempla las medidas para movilizar el alquiler de viviendas a familias vulnerables con inmuebles en manos de entidades financieras y agencias asociadas, fondos de inversión y entidades de gestión de activos que lleven más de 2 años desocupadas de manera injustificada. La propuesta inicial de CiU era que este punto se restringiese a 72 municipios, los que presentan una mayor demanda registrada de vivienda. En las conversaciones con los impulsores de la ILP, sin embargo, el partido se ha mostrado dispuesto a ampliarlo a todo el territorio.

Por otro lado, CiU plantea que aquellos grandes poseedores de vivienda que ya hayan puesto en alquiler social un determinado porcentaje de sus inmuebles no estén obligados a ofrecer más pisos, un extremo que todavía se sigue negociando, y que los promotores de la ILP pretenden que no quede reflejado en el redactado final.

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Brais Benítez

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