El autoconsumo eléctrico, esto es, el consumo de la energía eléctrica producida por uno mismo o por un productor cercano, generalmente mediante energía solar fotovoltaica, ha saltado a los medios desde que el pasado 5 de junio, día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno presentara una propuesta de Real Decreto para regularlo. Al hilo de la propuesta, se ha generado un gran debate sobre cómo debe ser la regulación del autoconsumo. Para aportar mi granito de arena a este debate tan intenso y apasionante (180.000 firmas recogidas en Avaaz.org contra la propuesta de Real Decreto en menos de una semana vs. grandes eléctricas en pie de guerra contra el autoconsumo), creo que es interesante distinguir entre los intereses particulares y los intereses generales que entran en juego en este tema.
Los intereses particulares son, por un lado, el deseo de los consumidores de abaratar y conocer de antemano sus costes eléctricos mediante la instalación de placas fotovoltaicas, y por otro, la autodefensa de las grandes compañías eléctricas, que ven en el autoconsumo un fenómeno disruptivo de su modelo de negocio. Ambos intereses son legítimos y respetables, pero no deberían constituir la principal motivación para decidir el contenido de la norma.
Por lo que a los intereses generales se refiere, es necesario un análisis más en profundidad. Por un lado, el autoconsumo eléctrico permite generar energía de forma respetuosa con el medio ambiente, reducir las pérdidas de electricidad, crear empleo de calidad, incrementar la independencia energética y mejorar la competitividad de las empresas. Y por el otro, se argumenta que el autoconsumo reduce los ingresos del sistema eléctrico, poniendo en riesgo la estabilidad económica del mismo.
Los argumentos en favor del autoconsumo, por obvios, apenas necesitan desarrollo. La radiación solar es un recurso renovable y que puede obtenerse con facilidad en nuestro país. El abaratamiento de costes energéticos incrementa la competitividad de nuestras empresas, en un país con un precio de la energía eléctrica de los más altos de Europa. Al generar la energía junto al punto de consumo, la energía que se pierde por el camino es menor. Y en cuanto al empleo, según un Informe de CCOO, el autoconsumo podría crear casi 80.000 empleos directos, tanto en el sector de la fabricación de componentes (unos 50.000) como en la operación y el mantenimiento de instalaciones (unos 30.000).
A la vista de todos estos beneficios del autoconsumo, ¿por qué no está un país como España, con los elevados niveles de radiación solar que tiene, lleno de placas solares por todos los tejados? O como me decía un amigo hace poco, ¿por qué no hay sanciones para quien desperdicie un recurso gratuito y renovable como es la radiación del sol sobre su tejado?
El único argumento de interés general que podría justificar que el autoconsumo no fuera incentivado es el del equilibrio económico del sistema eléctrico. Por lo tanto, la pregunta es obvia, ¿pone en riesgo el autoconsumo las cuentas del sistema eléctrico? Y en consecuencia, ¿justifica ese riesgo el establecimiento de cargos económicos y trabas administrativas de todo tipo al autoconsumo, tal como hace la propuesta normativa del Gobierno?
Para explicar el argumento anti-autoconsumo, hay que tener en cuenta que los diferentes costes del sistema eléctrico (red de distribución y transporte, renovables, anualidades del déficit, pagos por capacidad…) se sufragan de dos formas: mediante la parte fija de la factura (término de potencia) y la parte variable (término de energía). Así, si se incrementa la energía consumida de la instalación propia, se reducirá la parte variable de la energía, que está ligada a la energía consumida de la red eléctrica, y por tanto, bajará la contribución del autoconsumidor a los costes del sistema. Según este razonamiento, el autoconsumidor estaría siendo insolidario con el resto de consumidores, porque se beneficia del respaldo que le ofrece el sistema eléctrico cuando su instalación no produce, y al mismo tiempo reduce su contribución a los costes de ese sistema.
Sin embargo, este argumento no resulta correcto, ni en la práctica española ni conceptualmente.
En la práctica, según demuestra un estudio reciente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), por cada 100 MW de autoconsumo que se instalen en España (en 2014 se instalaron sólo 22), se reducirían los ingresos del sistema eléctrico en 2,2 MM EUR (un 0,01%). Esa cantidad resulta insignificante si se compara con los 230 MM EUR que se generarían si el autoconsumo de las grandes centrales eléctricas pagara su contribución a los costes del sistema o con los casi 1.400 MM EUR de beneficios que tuvo la empresa encargada del transporte eléctrico y de la operación del sistema eléctrico (Red Eléctrica de España) el año pasado.
Y conceptualmente, el argumento de que el autoconsumo pone en riesgo el equilibrio económico del sistema eléctrico español tampoco se sostiene. Esto es así porque el autoconsumidor, al instalarse sus placas solares, lo que está haciendo no es otra cosa que reducir el consumo eléctrico de la red, al igual que lo haría si cambiara todos los electrodomésticos de su casa por unos de la categoría A++, si mejorase el aislamiento de la casa o si sustituyera la calefacción eléctrica por gas o biomasa. El autoconsumidor ya contribuye a los costes del sistema mediante el abono de la parte fija de la factura, más la parte variable por la energía consumida de la red. Y además, si ese autoconsumidor genera más energía de la que consume en un momento dado, también tendrá que contribuir por esa energía a los gastos del sistema, como cualquier otro generador. El hecho de que un autoconsumidor que reduce su consumo de la red gracias a una placa fotovoltaica pague más que uno que lo reduce por introducir medidas de eficiencia energética no tiene razón de ser.
Pero incluso aceptando, a pesar de que hemos visto que no es así, que el autoconsumo representara una reducción tan considerable de ingresos del sistema eléctrico que pusiera en riesgo su equilibrio económico, tampoco cabría concluir que ello justificara renunciar a una práctica con beneficios tan importantes como los señalados anteriormente. En mi opinión, debe ser el sistema eléctrico el que se adapte al autoconsumo, en lugar de que el autoconsumo se tenga que adaptar a un sistema eléctrico basado en un modelo que ya tiene fecha de caducidad. Todo cambio disruptivo implica una necesidad de adaptación. Dicha adaptación se puede hacer a mayor o menor velocidad, pero no puede evitarse. ¿Sería razonable oponerse al uso del teléfono móvil porque se reducirían los ingresos de la red de telefonía por cable? ¿O al agua embotellada porque la red de abastecimiento de agua potable ingresaría menos dinero? ¿O a poder usar una caldera de biomasa para que la red de transporte y distribución gas natural conserve sus ingresos?
A pesar del balance tan positivo del autoconsumo para el interés general y para los intereses particulares de la mayoría de la población, el Gobierno ha presentado una propuesta en la que impone todo tipo de barreras administrativas y económicas al desarrollo del autoconsumo. Ya que no hay ningún argumento de interés general que ampare esta decisión normativa, ¿será que la propuesta ha sido realizada basándose únicamente en el interés particular de las eléctricas convencionales?
*Daniel Pérez Rodríguez es abogado en HOLTROP SLP
