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La ‘dura vida’ de Montoro

El problema es que, desde su llegada al Gobierno, el rodillo de la mayoría absoluta del PP está intentando redefinir las reglas del juego democrático

Toño Fraguas

17 junio 2015 Una lectura de 3 minutos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtió el lunes a los nuevos gobiernos locales y autonómicos que deben cumplir las leyes. Lo dice Montoro, ese ministro cuyo Gobierno incumple la ley sistemáticamente, pero sólo a favor de los poderosos y los ricos.

Porque el Gobierno al que pertenece Montoro, expulsa a migrantes «en caliente», pasándose por el arco del triunfo la legislación internacional y pese a la advertencia del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

El Gobierno de Montoro, violando el artículo 47 de la Constitución (ley de leyes), no garantiza que todo ciudadano de España tenga una vivienda.

Montoro y sus colegas del Consejo de Ministros violan el Artículo 23, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (los puntos, 1, 2 y 3) sobre el derecho al trabajo y a una remuneración justa y equitativa.

En especial, el Gobierno en el que Montoro ejerce de ministro es el que ha privado de asistencia sanitaria a cientos de miles de seres humanos, violando el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a (…) la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Montoro es, además, el primer ministro de Hacienda que, mediante insinuaciones, amenaza a determinados colectivos de contribuyentes, haciendo uso de información fiscal confidencial y reservada. ¿Quién es Cristóbal Montoro para dar lecciones de respeto a la ley?

El problema es que, desde su llegada al Gobierno, el rodillo de la mayoría absoluta del PP está intentando redefinir las reglas del juego democrático en todos los ámbitos de la vida pública, haciendo que las leyes básicas (laborales, sociales, educativas, etcétera) estén, de partida, escoradas hacia la derecha, en favor de los poderes fácticos, las grandes fortunas y corporaciones.

Las grandes líneas que definen un Estado deberían ser tan equitativas como sea posible, pero el PP está intentando maniatar legalmente iniciativas políticas que tengan una ideología distinta a la que él defiende: la ley del más fuerte.

Montoro, como en su día hizo Franco, quiere dejarlo todo ‘atado y bien atado’. Su cortafuegos legislativo es en realidad un cortafuegos ideológico contra aquellas opciones políticas que amenazan el monopolio de los de siempre. El PP quiere, directamente, dejar fuera de la ley a las opciones que desafíen su orden establecido. Ése es el objetivo de la reforma constitucional que estableció un techo de déficit y ése es el objetivo de la ley mordaza.

Las leyes hay que cumplirlas. Todas. Pero ésta es una exigencia que Montoro y el Gobierno de Rajoy se aplican sólo selectivamente, cuando les conviene. Sólo les importa que la seguridad jurídica esté garantizada para ese 1% de codiciosos que está creando cada vez peores condiciones de vida en los países hasta ahora ‘enriquecidos’. ¿Y la seguridad jurídica de los desahuciados, de los migrantes sin derecho a sanidad, sin derecho a trabajo…? Montoro y los suyos no se ven compelidos por esas otras leyes, la Constitución, los Derechos Humanos. No ven que su aplicación sea tan urgente y su violación tan grave. Lo importante es cumplir el déficit, aunque haya niños desahuciados.

Dice Montoro que la vida es dura. Supongo que lo sabrá de oídas.

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El problema es que, desde su llegada al Gobierno, el rodillo de la mayoría absoluta del PP está intentando redefinir las reglas del juego democrático

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