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lunes 19 noviembre 2018

Política

Acoso policial e informativo a un testigo clave del caso Pokemon

El testigo protegido es víctima de acoso en su lugar de trabajo por parte de la Policía Local y del periódico con mayor tirada de Galicia, según explica un auto del Juzgado de Instrucción Num 1 de Lugo

18 mayo 2015
10:37
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TER GARCÍA // A.P., uno de los testigos de la operación Pokemon en la rama dedicada a las contrataciones del acuario de A Coruña, es desde que decidió denunciar ante la justicia, víctima de acoso en su lugar de trabajo, por parte de la Policía Local, y del periódico con mayor tirada de Galicia, según explica un auto del Juzgado de Instrucción Num 1 de Lugo fechado en enero de 2015.

El auto, al que Diagonal ha tenido acceso a través de Fíltrala, plataforma en la que colabora junto a La Marea, eldiario.es y Mongolia –en el marco de su campaña #TiraDeLaManta sobre casos de corrupción municipal–, le declara como testigo protegido a raíz de las noticias publicadas por La Voz de Galicia en noviembre del pasado año, cuando fue detenido por la Policía Local en circunstancias “poco claras”, según valora la titular del juzgado de instrucción.

En 2011, A.P. era el responsable, junto al director del Acuario de A Coruña, de elaborar los pliegos y el informe de valoración técnica de las las ofertas para la adjudicación del contrato de mantenimiento biológico del centro. El auto explica que, cuando informó que la adjudicación del contrato recayó en la empresa Aliart Engineer Bluedisplay, en vez de en Sermasa –Grupo Vendex, contratista habitual del Ayuntamiento–, se hizo un boicot contra la empresa adjudicataria y comenzó una campaña de desprestigio contra él y contra el director del centro acuático por parte de otros técnicos de la institución y por el delegado de Vendex en Galicia. Tras poner fin al contrato con la empresa adjudicataria, se intentó adjudicar por vía directa el servicio a Sermasa. Cuando A.P. Les advirtió de que esto era ilegal, decidieron acudir a un procedimiento de urgencia, pero en esta ocasión, A.P. fue relegado de sus funciones como responsable de los pliegos de la licitación y la valoración de las ofertas, tarea que recayó en dos trabajadores con familiares contratados en el grupo Vendex, según explica el auto.

Tras intentar denunciar las irregularidades en sede administrativa, en septiembre de 2012, quince días después de las detenciones del caso Pokemon, A.P. acudió a la comisaría de la Policía Nacional de A Coruña para denunciar de nuevo las irregularidades en las contrataciones del acuario, “sin que se le recogiera la oportuna denuncia ni se pusiera en conocimiento de este juzgado dicha circunstancia, lo que provocó su desánimo y desconfianza en el sistema”. En el mismo mes, A.P. recibió un email de sus superiores en el que le pidieron que “por orden de la concejalía” se abstuviera de mandar emails a los distintos departamentos del Ayuntamiento, a pesar de que, por su trabajo, estaba obligado a comunicarse con trabajadores localizados en otras sedes, comunicaciones que generalmente se hacían por correo electrónico. Ese mismo día 21 de septiembre, también le prohibieron salir del Ayuntamiento con documentación.

A.P. Acudió a declarar voluntariamente en diciembre de 2013, ante el Juzgado de Instrucción Num. 1 de Lugo para aportar información en torno al caso Pokemon –en la rama denominada Pikachu–, sobre la contratación irregular de una empresa para el mantenimiento del Acuario de A Coruña. Su testimonio, según señala el auto del juzgado, sirvió para corroborar los indicios conseguidos durante la investigación a partir de escuchas telefónicas, el análisis de los expedientes administrativos y registros. “Se vino a evidenciar el presunto trato de favor del que venían gozando las empresas del Grupo Vendex en el término municipal de Coruña y las técnicas presumiblemente defraudatorias utilizadas para la obtención de las adjudicaciones de servicios, obteniendo información privilegiadas, participando directamente en la redacción de los pliegos de condiciones o consiguiendo la alteración de los informes técnicos emitidos, todo ello a cambio, presuntamente, de dinero, contratación de recomendados o regalos”, explica el auto. En el caso del acuario, Vendex venía prestando el servicio de mantenimiento de forma ininterrumpida desde su inauguración en 1999 hasta 2011.

Represalias y campaña de La Voz de Galicia

“A causa de su colaboración con la presente investigación judicial, [A.P.] ha venido siendo objeto de una campaña de hostigamento y acoso”, explica el auto, que añade que, cuando fue a prestar declaración por primera vez, ya explicó en el juzgado la “situación de acorralamiento laboral que venía sufriendo por causa de oponerse a prácticas que consideraba ilícitas”. En febrero de 2014, denunció ser víctima de acoso laboral, hostigamiento, represalias y presiones, y pidió la baja laboral aportando un informe médico en el que se sostenía que A.P. sufría de un trastorno patológico ansioso-depresivo asociado a la situación de acoso laboral.

Un mes después, al acudir a su puesto de trabajo, encontró que los armarios de su despacho habían sido forzados. El auto señala que la Policía Local, en vez de avisar a la Policía Nacional, con competencias para investigar casos de robo, o a la Policía Judicial, ya que estaba abierta la investigación del caso Pokemon, se limitaron a dirigirse a la institución y, por su cuenta, interrogar a dos personas que, según sus informes, afirmaron que no se había producido allí ningún hecho delictivo. Fue entonces cuando A.P. decidió personarse en la causa como acusación particular, denunciando un posible delito de obstrucción a la justicia.

En los meses posteriores, el acoso contra el testigo del caso Pokemon se intensificó. El 30 de octubre de 2014, A.P. fue “detenido en circunstancias no aclaradas por varios agentes de la Policía Local de Ferrol”. La detención, plagada de contradicciones, se habría producido a raíz de que, con una pierna y brazo escayolados, le pidiera a una persona que conocía que estaba parada con su vehículo en un semáforo en rojo que le acercara a una pedanía. A.P. portaba consigo en ese momento una pistola de fogueo, un cuchillo de pesca submarina y una navaja, explica el auto en referencia al informe policial. Seis policías locales fueron hasta él y le pidieron la documentación. Supuestamente a raíz de su negación a identificarse, A.P. fue detenido, esposado a la espalda y llevado a dependencias policiales, donde pasó hasta 3 horas, durante las cuales pidió ser atendido por personal sanitario. El atestado policial fue filtrado a periodistas de La Voz de Galicia incluso antes que a los propios abogados de A.P. junto a una serie de imágenes del testigo tomadas con los teléfonos móviles de los policías –que no fueron adjuntadas al atestado–.En él se señalaba que A.P. fue detenido por negarse a identificarse ante los agentes de la Policía Local. Sin embargo, el periódico gallego publicó, casi al mismo tiempo de que sucedieran los hechos, que la Policía había detenido a una persona que estaba amenazando a los conductores con un arma de fuego, versión que mantuvo en las informaciones publicadas posteriormente sobre los hechos.

El auto señala cómo continúan las contradicciones: la comisaría de la Policía Nacional informó de que A.P. en ningún momento estuvo detenido, por lo que no se le informó de sus derechos ni se le apuntó en el libro de detenido. El Servicio Gallego de Salud (Sergas), por su parte, en vez de entregar a la policía un informe de la asistencia prestada al detenido, entregó un “pantallazo” de asistencias médicas que no tenían nada que ver con ese día, “vulnerando con ello su intimidad personal”; y la mujer a la que A.P. habría pedido que le trasladara el día de su detención, que “sería amiga de un inspector de policía nacional y abogada que en comisaría ‘tiene mano’”, compareció tras los hechos en las dependencias de la Policía Nacional en una entrevista informal y no fue hasta el día siguiente cuando prestó una declaración formal ratificando que no hubo amenazas.

El auto también explica como la grabación de cámara de seguridad de la policía nacional de ese día mostraba como A.P., esposado a la espalda con lazos de seguridad, parecía estar siendo empujado por un agente de la Policía Local para entrar en la comisaría. A la salida de las dependencias policiales, la grabación de la cámara muestra como fue increpado por otro policía local. También que regresó a la comisaría, para, según explicó A.P. y admitió uno de los agentes, denunciar la actuación policial contra él, pero no se le recogió la denuncia.

En los días posteriores, La Voz de Galicia siguió publicando informaciones sobre A.P. En la noticia publicada el 31 de octubre, un día después de los hechos, el medio afirmaba que el testigo del caso Pokemon amenazó a varios viandantes. El 1 de noviembre publicaba otro artículo, ilustrado con dos fotografías de los efectos incautados a A.P. por la policía, a pesar de que estas imágenes no están incluidas en las diligencias policiales. Según el medio de comunicación, fueron extraídas de la cuenta oficial de Twitter de la Policía Local de Ferrol. La versión de los hechos publicada por La Voz de Galicia fue la misma que se mantuvo por los agentes de la policía local actuantes el 9 de noviembre, señala el auto, que destaca el “carácter premonitorio” de la publicación, desde donde afirmaron haber recibido la noticia de la detención 20 minutos antes de que los propios policías llegaran a comisaría. Otro artículo del mismo medio, bajo el título “Un ‘testigo primordial’ de Pilar de Lara, en entredicho” y publicado el 2 de noviembre, también trató de desacreditar su testimonio, incluso insinuando que los armarios forzados en su despacho fueron invención de A.P.

“El atestado no reflejaba que hubiera una detención, cuando sí la hubo. Luego fue todo al mismo tiempo, se estaban publicando cosas en tiempo real. Todo hacía sospechar que algo pasaba, y luego, al practicarse las diligencias, empezaron a saberse cosas”, explica a Diagonal el abogado de A.P.

El auto de la jueza expone que hay relaciones aparentemente existentes entre los delegados del grupo Verdex en Galicia y varios funcionarios y autoridades del Ayuntamiento de A Coruña, alguno de ellos todavía no imputados. También entre varios imputados en la causa y el diario La Voz de Galicia, según se habría sabido a partir de las escuchas ordenadas en la causa y algunas anotaciones. Carlos Negreira, alcalde de A Coruña, habría ocupado cargos de director de servicios jurídicos y de recursos humanos en el grupo de comunicación. Algunas escuchas muestran cómo Negreira habría paralizado la publicación de determinadas noticias en La Voz de Galicia.

La detención de A.P. en octubre fue lo que finalmente motivó que el Juzgado de Instrucción Num 1 de Lugo lo declarara como testigo protegido. El auto señala que,“de las diligencias de investigación practicadas, se infieren indicios más que racionales para considerar que A.P. ha sido objeto de un ‘montaje’ urdido para tratar de desacreditar su testimonio, por el que partiendo de lo que pudo iniciarse como un incidente casual desencadenó una actuación policial que sus letrados consideran desproporcionada e injustificada y que un determinado medio de comunicación aprovechó para, manipulando la realidad, desacreditar públicamente al testigo y con ello la instrucción”.

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