El presidente de Egipto, Abdelfatah Al Sisi, ha llegado este miércoles a España invitado por el rey Felipe VI, donde se le ha recibido con honores y almorzará con el monarca en el palacio real. La Unión Europea está tratando de estrechar cada vez más las relaciones con el país norteafricano, pese a la cada vez mayor precariedad en la que se encuentran las libertades y la justicia social en el régimen egipcio, con una actitud alejada de las condenas que sí han emitido de forma oficial contra países con estándares democráticos mucho más elevados, como es el caso de Venezuela.
Para España el apoyo a Al Sisi no tiene fisuras. Así lo expresó el ministro de Industria, José Manuel Soria, el mes pasado: «Nosotros hemos venido a Egipto, en primer lugar, para apoyar el proceso político que Egipto está desarrollando y, en segundo lugar, para apoyar a las empresas españolas que están desarrollando su actividad aquí y sobre todo a las empresas españolas que quieren estar en Egipto y todavía no lo están». Sin embargo, hay varios factores que evidencian que no existe un régimen democrático real en Egipto.
Falta de elecciones libres
Al Sisi llegó al poder en 2013 mediante un golpe de Estado, cuando aún era general (se retiró por imperativo legal para presentarse a las elecciones al año siguiente). En los comicios de 2014 se prohibió la participación de los Hermanos Musulmanes, el partido que había sido expulsado a la fuerza del poder por el mismo Al Sisi. La formación ha sido declarada “organización terrorista” por el régimen e ilegalizada. Durante las elecciones, se tuvo que ampliar un día más el periodo de votación porque la participación no llegaba al 30%. Finalmente, se alcanzó el 46% aunque medios como El País reseñaron que “el panorama de colegios electorales vacíos durante todo el miércoles hace que muchos sospechen del aumento de 16 puntos en cuestión de horas”. Con estos mimbres, Al Sisi ganó las elecciones con un resultado sintomático: un 93% de los votos. Y avisó al salir triunfante que continuaría con su estrategia de mano dura contra la disidencia.
Persecución de la oposición
En marzo de 2014, el régimen condenó a muerte a 528 integrantes de los Hermanos Musulmanes en un juicio colectivo. Además, Amnistía Internacional ha denunciado al menos 16.000 detenciones y 80 muertes bajo custodia durante la dictadura de Al Sisi. Mohamed Morsi, el expresidente derrocado, está hoy en prisión y ha sido condenado a 20 años junto a 12 altos cargos de su partido en una sentencia “motivada políticamente” y “descaradamente injusta”, según Human Rights Watch. Además, el líder de los Hermanos Musulmanes, Mohammed Badie, fue condenado a muerte en abril. Pero la persecución de la oposición continúa hoy en día. En febrero, el bloguero Alaa Abdelfatá, uno de los pocos iconos de la revolución de 2011 que se encontraba aún en libertad, fue condenado a cinco años de prisión, junto a 18 activistas más, por participar en una concentración que no contó con el permiso de las autoridades. Su hermana pequeña, Sanaa Abdelfatá, se encuentra en prisión por los mismos motivos. A finales de 2013, el gobierno de Al Sisi promulgó una ley de manifestación que criminalizaba la reunión pacífica.
Asesinato de manifestantes
Una cámara captó, el pasado febrero, el momento del asesinato de la activista egipcia Shaimaa al-Sabbagh, de 32 años, durante una protesta pacífica. Es el icono de una constante: Al Sisi empleó -y emplea- mano dura para disolver concentraciones y manifestaciones, causando cientos de muertos y miles de heridos. En el episodio más sangriento, la masacre de Rabaa, fueron asesinadas más de 800 personas. Se estima que unas 3.000 han muerto desde entonces a manos de la policía y el ejército.
Libertad de prensa en retirada
Desde el derrocamiento de Mohamed Morsi, la libertad de prensa en Egipto no ha hecho más que menguar, hasta el punto de que el país es hoy uno de los cinco con mayor número de violaciones de este derecho. El régimen de Al Sisi ha puesto en el punto de mira a todo aquel que critica al Gobierno. Según denuncia Amnistía, los profesionales de los medios de comunicación críticos son detenidos, juzgados y condenados y se imponen nuevas restricciones a las organizaciones de derechos humanos.
En noviembre de 2013, la fiscalía procesó a una veintena de periodistas de la cadena Al Yazira, acusados de terrorismo, algo inédito en Egipto hasta ese momento. Pero también medios afines al gobierno están sufriendo censura. Valga de ejemplo lo que le ocurrió recientemente al popular presentador de televisión Wael al Ibrasy, cuyo programa sufrió un corte por un vídeo crítico con las autoridades.
Un pueblo cada vez más pobre
Egipto es uno de los países con más problemas del mundo árabe en este sentido. El 48% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y no ha hecho más que incrementarse durante estos últimos años, en los que ha subido el paro y los salarios han bajado. En muchos barrios de El Cairo, por ejemplo, no hay alcantarillado ni agua corriente, las casas están hacinadas y las condiciones de higiene son bastante precarias. El Estado no está haciendo ningún esfuerzo para remediar la situación, en la que la lucha por el agua potable y el pan es cada vez más cruda.
