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miércoles 20 septiembre 2017

Sociedad

Madrid, Cataluña, Galicia y Baleares, líderes en privatización sanitaria

Según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) cada madrileño gasta 444 euros al año en medicamentos y sanidad privada

08 abril 2015
12:30
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Madrid, Cataluña, Galicia y Baleares, líderes en privatización sanitaria

MADRID // Madrid, Cataluña, Galicia y Baleares son las comunidades autónomas con un mayor grado de privatización sanitaria, según un informe presentado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Las dos primeras dedican una mayor provisión de fondos públicos a la financiación de la gestión por parte de empresas privadas. Mientras, en Galicia y Baleares hay un mayor desembolso por parte de la ciudadanía para contratar seguros privados y algunos servicios como los de odontología.

En el lado contrario de la balanza se encuentran Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura. Mientras un catalán dedica una media de 460 euros al año a pagar de forma individual servicios sanitarios o farmacológicos, un extremeño destina a esas partidas 332 euros. En el caso de Madrid, este gasto asciende a los 444 euros anuales por habitante. Además, en Cataluña el gasto medio para seguros privados es de 180 euros, y en Extremadura se sitúa en 78 euros.

Para el presidente de la FADSP, Marciano Sánchez Bayle, en los últimos años se ha producido un “deterioro del sistema sanitario público, lo que hace que todo el que pueda busque alternativas en el sector privado”. A su juicio, se trata de una manera de premiar el funcionamiento del sistema privado y favorecer su lucro a costa de la sanidad pública.

El informe destaca que el gasto sanitario privado se ha incrementado un 7,3% en el último año, algo que se debe fundamentalmente a los copagos y a los recortes en la Sanidad pública, que fueron del 13,7% entre 2009 y 2013. Además, se observa un mayor aumento del gasto privado allí donde más disminuyen los presupuestos públicos.”Es decir”, constatan desde la FADSP, “si se deteriora el sistema público se produce un incentivo para que las personas con medios económicos busquen una alternativa en el sector privado”.

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Toni Martínez

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