Con el PP, la transparencia ni está ni la esperamos

ANDREU TOBARRA* // En una sucesión tras otra de casos de corrupción, un gobierno del PP abocado al hundimiento electoral, ha puesto en marcha el pasado 10 de diciembre un Portal de Transparencia, al que hay que poner en cuestión básicamente por tres motivos:

En primer lugar por la limitada y deformada información que contiene, ya que prácticamente dos tercios del dinero público con que se financian las formaciones políticas con representación parlamentaria quedan fuera de este Portal de Transparencia.

Respecto a los curriculum que contiene el portal, a medida que se van realizando consultas, van apareciendo “olvidos” importantes sobre los altos cargos, como ocurre con el ministro de defensa Pedro Morenés, que no incluye haber tenido un pasado vinculado a un fabricante de bombas de racimo o la delegada del gobierno en Madrid, que olvida haber sido consejera general de Caja Madrid. Las declaraciones de bienes de 257 altos cargos del gobierno y 80 embajadores no han sido publicadas en el portal de Transparencia, a pesar de la obligatoriedad legal de publicar toda la información que le afecta a la Administración General del Estado.

En segundo lugar, debemos afirmar una vez más que las medidas de transparencia son un medio y no un fin. Esto se entiende claramente cuanto las medidas de transparencia van a aplicadas a instituciones como la monarquía, el senado o las diputaciones. El debate no puede limitarse a la finalidad genéricamente aceptable de mejorar y ampliar la transparencia, en el sentido de permitir un mayor conocimiento de su funcionamiento y control de cuentas. Hay un debate previo sobre la misma necesidad de su existencia como tales instituciones o su necesaria desaparición. Sólo cuando la respuesta social sea positiva a su continuidad, se discuten las condiciones de esta incluyendo necesariamente entre ellas la mayor de las claridades en torno a su funcionamiento.

En estos casos no podemos pretender utilizar las propuestas de transparencia como una excusa vil para evitar el debate sobre su necesidad y continuidad. Nosotros no proponemos de forma falaz que instituciones como la monarquía sean más diáfanas y se conozcan sus ingresos y gastos, lo que deseamos es abrir la discusión social sobre su continuidad, en el sentido de que puedan dejar de existir y sean sustituidas por otras formas de organización social, como puede ser la republicana.

En tercer lugar, el marco de las demandas, va dirigido en exclusiva a lo público. No hay propuestas y sobre todo no hay intenciones que configuren otro marco de la cuestión que incluya lo privado. Todas las energías, que además son claramente escasas, de transparencia y gobierno abierto van dirigidas a la cosa pública, cuando es una acción imposible en un entramado de relaciones sociales, configuradas sobre posiciones de poder y monopolio de parcelas decisivas de nuestra vida y organización social, las cuales pertenecen en estos momentos en exclusiva a corporaciones y entramados privados, que no solo están excluidos de un inspección pública real y mínima, sino que por el contrario han pasado a ejercer ellas mismas un control (legal e ilegal-corrupto) sobre lo público incluyendo a los mismos representantes políticos y técnicos de la gestión, que parecen formar parte de los consejos de administración de las grandes sociedades empresariales y financieras

No se puede hablar de un gobierno abierto y de transparencia dejando fuera a la industria alimentaria, la farmacéutica, la agroquímica, motor-automóvil… por no empezar con la banca, compañías de inversión, seguros… por no seguir con la industria cultural del cine y grandes medias… por no continuar con las patentes tecnológicas y su control de los bienes comunes (aguas potables y genética incluidas…). Todos y todas son privadas y sorprendentemente quedan exentos de la mirada y las propuestas de acción de esas posiciones que se limitan a proponer mayor claridad. Un terreno que ha sido interesadamente abandonado por la casta política gestora de la parte pública y que sin duda debemos recuperar para ponerlo bajo el mismo prisma social.

Nuestra mirada y propuestas de contenido de derecho a saber, gobierno abierto y transparencia, deben incluir un marco conceptual diferente, que debe incluir al menos esos tres campos: la información pública deber ser completa, sin limitaciones ni deformación alguna. Además, debe previamente discutirse y resolverse la existencia de algunas instituciones y solo si la repuesta es positiva, entonces nos plantearemos su acompañamiento con las correspondientes medidas de transparencia, Y finalmente, hay que incorporar también las grandes parcelas que están en manos privadas, en la defensa de bienes comunes y de los derechos humanos más básicos.

*  Andreu Tobarra es miembro de Claro que Podemos Valencia