La infanta Cristina se sentará en el banquillo por dos delitos fiscales

El juez Castro envía a juicio a la hermana del rey como cooperadora necesaria de los delitos de Urdangarin, y le reclama le reclama 2,6 millones de euros de responsabilidad pecuniaria

El juez José Castro ha decretado este lunes la apertura del juicio oral del Caso Nóos, en el que imputa a Cristina de Borbón dos delitos fiscales en grado de cooperadora necesaria. La infanta, por tanto deberá sentarse en el banquillo de los acusados, la primera vez en la historia que ocurre con un miembro de la familia real.

El magistrado considera que la infanta debe ser juzgada como cooperadora necesaria de los delitos de su marido, Iñaki Urdangarin. Concretamente, por la defraudación de 330.000 euros en las declaraciones de la renta de Urdangarin de 2007 y 2008. La acusación popular, ejercida por Manos Limpias, reclama para la infanta Cristina 8 años de cárcel y una multa de 2 millones de euros. El fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, y la Abogacia del Estado -que representa a Hacienda como la principal perjudicada- piden el archivo de la causa. Castro le reclama 2,6 millones de euros de responsabilidad pecuniaria.

Castro también sienta en el banquillo a Urdangarin y al expresidente balear Jaume Matas, así como al exsocio de Urdangarin en Nóos, Diego Torres, y 13 personas más. El fiscal solicita una pena de 19,5 años de prisión y 3,5 millones de euros de multa para el cuñado del rey y 11 años de reclusión para Matas. Para Torres, la Fiscalía pide más de 16 años de cárcel. Contra la resolución del juez no cabe recurso.

Al sentar a Cristina de Borbón en el banquillo, el magistrado atiende la petición de la acusación popular y rechaza aplicar la ‘doctrina Botín’, al considerar que la hermana del rey perjudicó con su actitud al resto de ciudadanos.

A partir de ahora se abre un plazo de 30 días para que los imputados presenten sus escritos de defensa, antes de la apertura del jucio oral, que podría celebrarse en la Audiencia de Palma a finales de 2015.

Tras conocer la decisión judicial, la Casa del Rey ha expresado su “respeto absoluto a la independencia del poder judicial”.

 

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