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Órganos de control: supervisión bajo sospecha

La falta de fiscalización hace posible abusos de los poderes económicos, financieros y administrativos

El Tribunal Supremo en Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ / ARCHIVO

Daniel Salado

21 diciembre 2014 Una lectura de 3 minutos

Este artículo forma parte del dossier sobre el Régimen del 78 del número de diceimbre de La Marea, que puedes comprar en nuestra tienda virtual

Una serie de operaciones de mercado, como mínimo opacas o improcedentes –según las sentencias judiciales ya existentes– detectadas en los últimos años, revelan que muchas compañías e instituciones han podido operar en España sin el debido control público. Algunas de estas operaciones han acabado con los ahorros de miles de ciudadanos.

Cualquier búsqueda en Google con las palabras «cláusula suelo» o «preferentes» se abre con anuncios de despachos de abogados prometiendo sentencias favorables. La mayor parte de estos casos opacos no se han detectado hasta que no se han producido pronunciamientos judiciales.

Las sospechas de nepotismo han alcanzado al Tribunal de Cuentas, precisamente el ente encargado de fiscalizar a qué destinan miles de millones de euros las administraciones públicas. Los escándalos que en los últimos tiempos están saltando a la opinión pública han extendido la sombra de la duda sobre todo el sistema regulador y supervisor de nuestro país, es decir, a los mecanismos de defensa de la democracia para prevenir, vigilar y sancionar posibles abusos de los poderes económicos, financieros y administrativos.

Por otro lado, miles de ciudadanos se encontraron en 2010 con la noticia de que sus ahorros se habían esfumado de un día para otro. Las principales entidades financieras de España (sobre todo las cajas de ahorros) les habían convencido de que invirtieran su dinero en participaciones preferentes de las propias entidades, que luego resultó que no valían nada. Cuatro años después, la mayoría de los afectados lucha individualmente o mediante demandas agregadas para lograr que sus ahorros les sean devueltos.

Andrés Herzog, jurista, secretario general de UPyD en el Congreso de los Diputados y autor de la querella que la formación magenta interpuso en el año 2013 contra los máximos responsables de La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España (Julio Segura y Miguel Ángel Fernández Ordoñez respectivamente, en el cargo en la época que estalló el escándalo de las preferentes), apunta a los supervisores: “La CNMV nunca debió permitir la comercialización de las preferentes sabiendo, como se desprende de sus propios informes, que ni siquiera se había generado un mercado secundario” (mercado de compraventa de valores, única referencia posible de la existencia de un valor líquido real de las participaciones adjudicado por un mercado libre), afirma el diputado de UPyD.

La Audiencia Nacional, tras apartar de la instrucción al juez Elpidio Silva, dejó el caso circunscrito a la responsabilidad de las entidades financieras por no haber informado bien a los clientes. Herzog sospecha que esta decisión se explica por el temor a extender las responsabilidades a todo el sistema financiero y se cuestiona “cómo es posible que ni siquiera se haya permitido a los ahorradores personarse en el procedimiento”. La actual presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, ha afirmado públicamente en diversos medios de comunicación que las preferentes “no han sido una estafa organizada”, y que ella “no las habría prohibido”.