La frontera de EEUU se traslada al sur de México

Según defensores de los Derechos Humanos, agentes estadounidenses van empotrados en las fuerzas de seguridad mexicanas para controlar la inmigración

MADRID // La frontera norte que separa a México, y por extensión a Centroamérica, con Estados Unidos se ha trasladado al sur del primer país, a los estados de Chiapas y Campeche, según denuncian varios activistas de Derechos Humanos que trabajan en la zona y que han visitado España para contar esta problemática.

Salva Lacruz, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, del estado de Chiapas, denuncia que los EEUU se han trasladado a México “con la excusa del narcotráfico”, y alerta de que “en verdad hay otros intereses, como controlar el territorio y asegurar sus proyectos extractivos de material energético”.

En este sentido, Jaime Flores, de la organización Casa Alianza de Honduras, apunta que “EEUU ha militarizado todo el territorio de la frontera sur, pero esto no ha detenido la inmigración; al contrario, lo que ha conseguido es que ese camino sea más tortuoso y difícil y ha convertido el tránsito en un negocio al que se suman otros delitos como la trata o las drogas”.

Ambos activistas explican que el ejército norteamericano asesora de forma policial, militar y con equipamiento en la frontera sur, de forma similar como ocurre con Frontex en Europa. “Allí hay federales agentes de inmigración, ejército, marina… Según me han contado hay agentes estadounidenses empotrados en las propias fuerzas de seguridad mexicanas y camuflados”, explica Lacruz.

“Nosotros planteamos que el narcotráfico y la inmigración es una excusa para la explotación de los recursos de todo Centroamérica y parte de México. Las empresas transnacionales llegan con sus propios ejércitos. La transnacional que se va a instalar en determinado momento llega con paramilitares; matan, asesinan, atemorizan; después tienen a la policía. La estrategia es un calco del plan Colombia y que dejan a muchos muertos, además los gobiernos facilitan la impunidad”, denuncia Flores.

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Siete entradas formales al país

La frontera sur de México son 900 kilómetros entre Guatemala y los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche. En ese límite hay siete entradas formales, que están establecidas y con control migratorio de los dos lados, pero es un territorio extenso, con montañas, ríos, mares y es muy fácil entrar. Los controles se han ampliado frontera adentro, sobre todo en las estaciones de autobús de las primeras poblaciones mexicanas.

Lourdes Rosas, de Pastoral de Movilidad Humana, en Guatemala, explica que han recibido muchos avisos de controles en autobuses: “Les hacen parar y los registran, si hay alguien sin documentos, sea mayor o niño, se lo llevan internado”, afirma. “Incluso los chóferes avisan de que ahí van personas inmigrantes, o los mismos taxistas, que se aprovechan de ellos y luego los denuncian”.

El origen de esta colaboración México-EEUU en el control de fronteras radica en el Plan Mérida de 2006, que buscaba acabar con el narcotráfico. A partir de entonces se empezó a potenciar el uso de las Estaciones Migratorias, los Centros de Internamiento de Extranjeros del lugar, instalaciones carcelarias sin un plazo máximo de detención. Hay más de 50 centros de detención en todo México. En lo que va de año han sido detenidas 80.000 personas en todo México, la mayoría de Honduras, Guatemala y El Salvador (de estos tres países procede el 80%). De ellos, 20.000 son niños.

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