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La ILP para una nueva ley educativa catalana propone suprimir la escuela concertada

Comienza la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por sindicatos y entidades del ámbito educativo que plantea el acceso gratuito a la educación

Brais Benítez

13 octubre 2014 Una lectura de 3 minutos

BARCELONA // El Parlament de Catalunya ha entregado este lunes los pliegos validados a los fedatarios con los que se comenzarán a recoger las firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por una veintena de sindicatos y entidades del ámbito educativo, con el apoyo de la CUP y EUiA, para la elaboración de una nueva ley de educación de Cataluña. La ILP, que nació a propuesta de la Assamblea Groga del Maresme, propone acabar con los conciertos escolares y la privatización de la gestión de los centros de enseñanza, implantar la gratuidad de la educación desde la guardería hasta la Universidad, y garantizar la democracia interna en los centros.

A partir de ahora, las 250 personas que estarán habilitadas para recoger los avales tendrán 120 días hábiles -prorrogables 60 más- para recopilar las 50.000 firmas necesarias para que la ILP entre a debate en la Cámara catalana, un objetivo que la Comisión Promotora de la ILP no duda que podrá alcanzar. Entre los miembros de la Comisión Promotora están los portavoces de Guanyem Ada Colau, Jaume Asens y Gerardo Pisarello, el periodista Antonio Baños, el antropólogo Manuel Delgado y el economista Josep Manel Busqueta.

El objetivo de la ILP es que la nueva Ley del Sistema Educativo de Cataluña sustituya a la actual Ley de Educación de Cataluña (LEC), que, según los promotores, “se ha mostrado del todo incapaz de dar una respuesta positiva a nuestro sistema educativo”. “La situación de desigualdad entre los centros de titularidad pública y los centros privados concertados hace que haya aumentado de manera peligrosa la discriminación educativa y la segregación por condiciones socioeconómicas del alumnado”, se apunta en la exposición de motivos de la propuesta de ley.

Uno de los puntos más destacados de la ILP es la configuración de una sola red de centros y servicios de titularidad y gestión públicas. “Estamos en una situación completamente anómala. Somos uno de los países con un porcentaje de escuelas concertadas más alto –en Cataluña ronda el 34%-. Pensamos que la inversión debe ir destinada sobre todo a la escuela pública, por lo tanto consideramos que esta situación se debería ir corrigiendo”, ha explicado Maria Vinuesa, portavoz de la Comisión Promotora. La propuesta es que, en un plazo de diez años, se vayan reduciendo progresivamente los conciertos educativos, “empezando por aquellos centros que cobren cuotas muy altas y los que segregan por cuestión de sexo”, y que los centros concertados, y el profesorado que lo desee, pasen a integrarse en la red pública.

El artículo 3.3 de la propuesta de ley señala que “en ningún caso se podrá ceder la gestión de los centros públicos a entidades privadas. Y por lo que respecta al ámbito universitario, no se pueden destinar fondos públicos a fundaciones y entidades privadas que ofrezcan estudios universitarios”. Asimismo, en el artículo 2, se establece que “todas las enseñanzas públicas, desde la guardería hasta la universidad, deben ser gratuitas”. También propone modificar el sistema de acceso a la universidad, según ha explicado Sergi Frau, portavoz de la Comisión Promotora, cambiando las actuales notas de corte por un sistema que no suponga “una barrera más que impide a mucha gente acceder a la universidad”.

Plena democracia en los centros

Las entidades impulsoras de la ILP denuncian que durante el desarrollo de la LEC, aprobada en 2009, “se ha ido apartando a familias, profesorado y alumnado de cualquier capacidad de decisión en los centros educativos”. Por ello, el proyecto fija que la gestión económica, organizativa y pedagógica debe recaer exclusivamente en los claustros, y que las decisiones que afectan a la comunidad educativa en su conjunto deberán corresponder al Consejo Escolar.

Si la Iniciativa Legislativa Popular saliese adelante, la Administración estaría obligada a aportar el 6% del producto interior bruto a la enseñanza pública, según figura en el artículo 8.1. Este porcentaje se situaría por encima de la media europea, del 5,4%; y rebasaría de mucho el nivel de la inversión actual, de un 4% del PIB catalán.

Los promotores de la ILP, entre los que se encuentran sindicatos educativos como USTEC-STEs y el SEPC, la Assamblea Groga, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), el Col•lectiu Ronda, Revolta Global, Procés Constituent, EUiA y la CUP, entre otros, aspiran con estas y otras medidas a “hacer efectivo, real y universal el derecho a la educación”. Además, los promotores señalan que, con el proceso soberanista en marcha, este es un “momento clave y muy oportuno» en el cual las clases populares pueden incidir, «tanto desde la sectorial educativa como desde todas las sectoriales del sector público”, ha subrayado Frau.

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Comentarios

Pedro dee Visma dice:

09/11/2014 a las 19:01

Hace muchisimos años que debería de ser suprimida la escuela concertada, con ese dinero la enseñanza pública sería infinitamente mejor y el que no quiera mezclar a sus hijos con los de los obreros e inmigrantes que pague de su bolsillo e integramente la privada.

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