[Artículo publicado en el número 18 de la revista La Marea ya a la venta en quioscos]
Un estudio de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), realizado entre 6.045 mujeres, desvela que una de cada tres se iría a un país extranjero en caso de que un cambio legislativo en España les prohibiese ejercer el derecho a abortar. Las restantes se dividen entre las que optarían por seguir con su embarazo y las que lo interrumpirían en España de forma clandestina. En 2012, último año del que se tienen datos oficiales, abortaron en España 112.390 mujeres. Si se extrapolasen los datos de ACAI, más de 35.000 españolas se irían cada año a otro país a abortar, y la mayoría optaría por Portugal, apunta la asociación.
España y el país vecino no tienen establecidos protocolos de actuación para asistir a esas mujeres. El secretario de Estado adjunto del Ministerio de Salud portugués, Fernando Leal da Costa, contesta escuetamente cuando se le pregunta sobre la posibilidad de una oleada de mujeres hacia el país vecino: “El Ministerio de Salud de Portugal no se pronuncia sobre el proceso legislativo español, no obstante en el campo de la cooperación técnica hay numerosos contactos entre los dos países”.
Actualmente, el aborto es libre en Portugal hasta las primeras diez semanas de embarazo; tras ese periodo, se establece una ley de supuestos. Esta legislación está vigente desde 2007. Hasta entonces, miles de mujeres lusas venían a España a abortar. Por ello, algunas clínicas españolas se desplazaron a enclaves cercanos a la frontera, como Salamanca, Pontevedra o Badajoz. El camino ahora es el inverso.
La activista y directora de la clínica Isidora de Madrid, Empar Pineda, teme que las españolas vuelvan a verse en la misma tesitura que vivieron las portuguesas cuando las leyes españolas eran más progresistas que las de su país. “Portugal nos ha adelantado”, se lamenta, a la vez que advierte que “la nueva Ley va a obligar a muchas mujeres a tener que irse fuera. La situación será dramática porque las que no tengan recursos deberán recurrir a la clandestinidad, con lo que ello supone para la salud de las mujeres”.
El diagnóstico de Pineda coincide con el que hacen la mayoría de directores de clínicas. “Esto se va a convertir en una gincana para las mujeres, tendremos que estar preparados para buscar la forma en que puedan ejercer sus derechos”, explican desde el centro Guadiana, situado en Badajoz. ¿Y si no es posible hacerlo en España? “Pues tendrán que irse fuera”, concluye.
De momento, las clínicas españolas consultadas por La Marea aseguran que no están pensando trasladarse al país vecino. Dicen que no les sale a cuenta invertir en abrir una nueva sede para tan sólo unos meses. Como argumenta Francisca García, presidenta de ACAI, están convencidas de que la ley promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, “no tiene ningún sentido y, además, si finalmente se aprueba, va a tener muy pocos meses de vida”.
En esta línea, los responsables de Multimédica Centro, en Salamanca, confían en que no se aprobará “esta ley socialmente discriminatoria”. Sin embargo, anuncian que, “si no fuera posible realizar en España una interrupción de embarazo con las garantías sanitarias precisas, se adoptarían las medidas necesarias para atender esa situación donde fuese, dentro de un marco de legalidad”. La clínica admite que “existe una relación asistencial entre los centros españoles y portugueses” y que, “si fuese necesario, en el tema de la interrupción de embarazo, y de acuerdo a los imperativos legales y a las necesidades, se establecerían los protocolos oportunos”, concluyen.
Acreditaciones
El centro español tiene parte de su información en Internet en portugués, herencia de su inauguración hace 20 años, cuando atendía “con regularidad” a mujeres del país vecino que querían abortar. En la actualidad, Multimédica Centro cuenta ya con una hermana al otro lado de la frontera. Multimédica Lusa espera obtener en las próximas semanas la acreditación para practicar abortos en Vilar Formoso (Portugal). Apenas 120 kilómetros separan a ambas clínicas.
La empresa lusa no quiere hacer declaraciones. Incluso tiene su web bloqueada a la espera de la decisión que tome el gobierno de Mariano Rajoy y, según su home, por las “presiones que estamos sufriendo por parte de los medios de comunicación”. A este mensaje añade un lacónico “estamos procediendo a la actualización de alguno de los contenidos que aparecen en nuestra web”.
En la actualidad hay muy pocos centros privados autorizados por el Gobierno portugués para practicar abortos. Los Arcos, en Lisboa, es uno de ellos. Su matriz es la Clínica Guadiana, de Badajoz, que decidió abrir sede en Portugal justo en 2007, cuando se produjo la reforma legislativa en este país. Sus responsables aseguran que, si finalmente entra en vigor la ley de Gallardón, tendrían que ver “qué hacer y cómo poder seguir ofreciendo a las mujeres la posibilidad de interrumpir su embarazo”.
Menos optimistas se muestran en las asociaciones de mujeres portuguesas. Desde Umar (Unión de Mujeres Alternativa y Respuesta) creen que a una española no le será posible abortar a través del sistema público de su país, “a no ser que sea en una situación de urgencia”. Las demás deberán acudir a la sanidad privada y hacer frente al pago de la operación. Una interrupción voluntaria del embarazo con anestesia local en Los Arcos cuesta 400 euros hasta las 10 semanas, y 500 euros, pasado este periodo. A ese precio hay que añadir el coste del viaje y la estancia.
De la humillación a la normalidad F. S. es portuguesa y ha abortado dos veces. Una antes de 2007 y otra el año pasado. Su testimonio transmite la indignación que siente ante la reforma planteada por el gobierno del Partido Popular y da buena cuenta de cómo ha evolucionado su país en ese aspecto “y el retroceso al que se enfrenta España”. “La primera vez”, relata, “no tenía dinero, así que pensé cómo podría hacerlo a escondidas. Una médica me dejó caer el nombre de una pastilla que se mete por la vagina. Lo hice pero se me inflamó, se pudrió dentro y terminé en el hospital, vomitando por todos lados y llena de dolores”. Tras el aborto, denuncia que las enfermeras la trataron con extrema frialdad, con observaciones como “al hacerlo no te dolió, ¿verdad?”. En aquel momento era ilegal y tras la operación la dejaron “en una habitación llena de felices embarazadas que esperaban a sus niños, después de rasparme el útero en frío porque vomitaba todos los analgésicos. Fue humillante”, concluye.
Todo cambió con la aprobación de la nueva ley de 2007. La segunda vez, cuenta F.S., “el proceso fue total mente distinto, mucho más profesional. Ahora te hacen análisis de sangre para ver si aguantas el sangrado, te dejan dos días para la reflexión”. También ha sido distinto el trato con los profesionales sanitarios: “El médico fue cariñoso y respetuoso con mi intimidad y mis decisiones. Incluso vino donde estaba yo y me acarició, asegurándome que vendrían tiempos mejores donde, sanamente y con amor, podré engendrar todas las vidas que quiera”.
Donde los tiempos parece que no irán a mejor, denuncian las asociaciones de mujeres, es en España. Si se produce el cambio normativo, el país retrocederá en la lista de estados europeos con legislaciones más avanzadas en materia de salud sexual y reproductiva. La gran mayoría de países europeos tiene un sistema de plazos para abortar que va desde los 90 días de Italia a las 24 semanas de los Países Bajos, según un estudio de Julia Nogueira para la Fundación Alternativas.
Desde UMAR creen que no le va a ser posible a una española abortar a través del sistema público portugués Empar Pineda teme que las españolas se queden en la misma situación que las portuguesas antes del 2007 Finlandia, Luxemburgo e Inglaterra, por ejemplo, tienen leyes de supuestos muy flexibles: riesgo para la salud de la madre, cuestiones económicas, malformación del feto, violación, incesto o mujer menor de 17 años (excepto en Inglaterra).
Por el contrario, las legislaciones de Chipre, Polonia e Irlanda son más restrictivas. España “ingresará” en este grupo, sólo superado por Malta, donde está prohibido en cualquier circunstancia.
En el caso de Irlanda, destaca el elevado número de mujeres que cruzan hasta Inglaterra para interrumpir su embarazo: un total de 4.149 lo hicieron en 2011. En los Países Bajos, uno de los que tienen una legislación más permisiva, el 12% de los abortos practicados correspondió a mujeres que residían en el extranjero.
“No todas las mujeres ni familias se pueden enfrentar al gasto que suponen estos viajes, […] un cambio nores, […] un cambio normativo hacia una mayor flexibilidad implica una reducción drástica del número de muertes provocadas por abortos clandestinos e inseguros”, sentencia el informe de Nogueira. La socióloga critica duramente la reforma propuesta por Gallardón ya que “criminaliza y victimiza al mismo tiempo a las mujeres, cuando la función real del Estado es la de legislar para proteger los derechos y el acceso a recursos que mejoren la calidad de vida de las personas”.
F.S., la mujer que abortó dos veces en Portugal, se siente ahora “libre” y asegura que cuenta su experiencia “porque soy persona”. Ante la situación que se avecina en España se siente “indignada, insultada y avergonzada” y añade que es increíble que “en este punto de la historia de la humanidad pueda haber mentalidades tan medievales».
