Católicas por el derecho a decidir // Este anteproyecto es anunciado como medida de gobierno al principio de una crisis (económica) general. Es una de las componentes en la estrategia de desestabilización psicológica de la ciudadanía que desarrolla el equipo político que ha asumido el mando del Estado en 2012. Se trata de aprovechar la crisis desde el aparato institucional político para redistribuir las cartas del poder.
La crisis parece ser económica y financiera. El sector financiero-bancario, llevando la lógica capitalista a su extremo, apostó por negocios que prometían rentabilidades astronómicas sin el menor interés para la colectividad ciudadana y la apuesta salió perdedora. Entonces el equipo político al mando del Estado puso la institucionalidad al servicio del “rescate” bancario obligando a la ciudadanía a asumir los costes de este “rescate”. Para limitar el surgimiento de hostilidades dentro de su propio electorado, se las ingenió para obsequiarle a este – o al menos a sectores influyentes de este electorado – algunas prebendas. Entre estas la reforma de la educación, diversas reglamentaciones xenofóbicas y por supuesto la limitación de los derechos de las mujeres con el anuncio de la reforma de la Ley de SSRR de 2010.
Lo más fundamental o básico para que las mujeres puedan alcanzar la plena ciudadanía es el control de su fertilidad. Es el hecho que pueda decidir cada una de ellas si quiere ser madre y cuándo quiere serlo. Sabemos que si bien la paternidad representa para un varón – responsable – un hito en su biografía y tiene como consecuencia que se verá comprometido a suplir a las necesidades económicas (y emotivas) de su progenitura, para una mujer – y esto independientemente de su sentido de la responsabilidad – la maternidad es algo que cala muchísimo más hondo, ya que implica que ponga a disposición de esa nueva criatura su propio cuerpo y su salud. Aquí nos encontramos indudablemente ante una diferencia innegable entre varón y mujer que debe ser tenida en cuenta de manera justa y equitativa, es decir, es la mujer quien debe tener el pleno derecho a decidir sobre la maternidad.
O para decirlo de otra manera: Si bien es cierto que un hijo se engendra en unos cuantos minutos entre un varón y una mujer, es la mujer quien pone a disposición su salud y su cuerpo y nueve meses de su vida para que este embarazo pueda llegar a término. Poner en entredicho este derecho equivale a negarle a la mujer la ciudadanía. Pues aunque todas las demás libertades y todos los demás derechos también sean importantes para que una mujer pueda vivir al igual que cualquier varón – una vida digna, sin el reconocimiento de este derecho fundamental la plena humanidad de las mujeres no podrá realizarse.
Para que las mujeres sean ciudadanas en plenitud, sean humanas en plenitud, toda mujer tiene que tener el derecho garantizado por ley a optar por un aborto. También aquella que jamás tenga relaciones sexuales y muera virgen o aquella que a pesar de tenerlas no pueda quedar embarazada por padecer algún tipo de esterilidad, o aquella que por motivos religiosos u otros decida no hacer uso de esa opción. Precisamente esa es la libertad de decisión que debe garantizar la ley: Que cada mujer decida según su propio criterio y su propia situación.
No queremos entrar a discutir ninguna causal del anteproyecto que abra la posibilidad legal de un aborto, eso ya lo han hecho otras personas que saben mucho más de esto por su experiencia médica o legal. El simple hecho que el anteproyecto defina como condición para que la opción por el aborto tomada por una mujer embarazada necesite la intervención de un tercero (médico o médicos) para conferirle legitimidad legal a esa opción de la mujer embarazada demuestra que los autores del anteproyecto niegan la capacidad de toma de decisión de las mujeres. Se considera legitimo – y por lo tanto la ley lo permite – quitarle la vida a un feto bajo ciertas condiciones. Pero esa misma ley considera que si bien la naturaleza (o en el catolicismo creemos que fue la voluntad divina) proveyó a la mujer de una anatomía que tiene la facultad de embarazarse y parir – esa naturaleza falló en no dotarla de la capacidad de decidir sobre esa facultad cuando la mujer decide No llevar a término un embarazo. Pues no dudan ni un segundo los legisladores cuando se trata de creer que toda mujer tiene la capacidad mental, psíquica, física, emocional, etc… de embarazarse y parir y de criar todas las criaturas que “Dios les mande” y que por lo consiguiente no tiene el derecho de negarse a ello.
Desde una óptica creyente, para nosotras como católicas, este anteproyecto de ley nos parece como un espantapájaros que el gobierno ha venido meneando en el espacio público para asustar a todos aquellos y aquellas que quizá puedan poner en peligro las simientes de injusticia política y económica que han sembrado. Contradice el mensaje de Jesús quien en su primera aparición pública en una sinagoga, como dice Lucas (4,17ss), reconfirma el mensaje de los profetas de Israel: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor”. Jesús proclama un Dios liberador que pone fin a las opresiones y a los cautiverios.
Toda la política del gobierno actual contradice este mensaje pues en vez de liberar oprime, en vez de levantar aplasta, en vez de ponerle fin a la pobreza crea las condiciones institucionales para que una fracción cada vez mayor de la población se empobrezca.
Es una política que niega la dignidad de las personas, empezando por las más vulnerables, como lo son l@s extranjer@s,l@s enferm@s, l@s niñ@s, las personas que no tienen patrimonios que les brindan la independencia económica sino que dependen de un empleo que les proporcione los ingresos necesarios para subsistir. Y, claro, niega la igualdad de derechos, la plena ciudadanía de las mujeres, presentando un proyecto de ley que las reduce a personas menores de edad y carentes de la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo. Es una política en contra de l@s ANAWIM, l@s“pobres”, que constituyen, desde tiempos de Israel, la opción preferencial del Dios en el que creemos.
Desafortunadamente en nuestra iglesia católica el gobierno de la institución eclesial está en manos de un equipo jerárquico que – sin ningún fundamento bíblico – está compuesto por varones célibes que pretenden haber recibido de Dios la autoridad exclusiva de definir lo que es “canónico” y “tradición legítima”. Mediante procedimientos violentos (basta con recordar las Guerras de religión, la Inquisición, las Cruzadas, etc.. ) han acumulado un poder institucional a lo largo de la historia que contradice toda la tradición profética, cuyo mayor representante es la Madre de Jesús, María de Nazaret, quien en el Magníficat proclama que “su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo; esparció a los soberanos en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderoso, y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos”.
Nosotras nos reivindicamos pertenecer al linaje de esta tradición profética, que ha subsistido a lo largo de la historia a pesar de haber sufrido todo tipo de persecuciones y negaciones, y que es la tradición liberadora del mensaje de Jesús. Es dentro de esa tradición que defendemos los derechos de las mujeres, todos sus derechos, empezando por sus derechos sexuales y reproductivos. Es dentro de esta tradición que defendemos la plena ciudadanía de las mujeres tanto en la Iglesia como en la sociedad.
Nos encontramos – penosamente – la mayoría de veces en contradicción con las posiciones de la jerarquía de nuestra iglesia, pero tenemos la certidumbre de que la mayoría de la feligresía católica piensa y siente como nosotras, aunque muchas veces no lo exprese en voz alta como lo hacemos nosotras. Somos la voz profética de esas mayorías».
