MADRID // Esta semana es clave para la aprobación de la reforma de la ley del aborto anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Si el Gobierno, tal y como es su apuesta, quiere aprobarla antes de que el Congreso cierre por vacaciones tendrá que llevarla al Consejo de Ministros de este viernes.
Finalmente, según adelanta el diario El País, esta reforma incluiría un tercer supuesto (que se sumaría al de violación y grave riesgo para la salud física o mental de la madre). Se trataría del de malformación del feto, aunque el diario asegura, citando a fuentes del Ejecutivo, que “no se creará un supuesto específico de malformación fetal, pero se redactará la ley de modo que una mujer que quiera interrumpir su embarazo por malformación del feto pueda hacerlo sin tener que probar antes que eso le causa a ella un daño psicológico”.
La Ley, que es rechazada por asociaciones de mujeres, partidos políticos de la oposición, entidades médicas y científicas, estaría redactada antes del verano y pasaría los trámites parlamentarios correspondientes para que entre en vigor lo antes posible.
Al gobierno de Rajoy se le acaban los plazos para contentar al sector más conservador de sus votantes, que le exigen una nueva Ley, mucho más restrictiva que la actual. La aprobación de esta nueva norma situaría a España a la altura de países como Irlanda, Chipre o Polonia, los que tienen unas leyes de supuestos de lo más restrictivas.
Según explican desde Europa Press, el Consejo de Ministro aprobará la reforma sobre la interrupción voluntaria del embarazo para que se llegue a tiempo a su tramitación en julio. Para ello la Mesa del Congreso deberá fijar un único plazo de enmiendas (en lugar de los dos meses habituales) para poder celebrar el debate a finales del mes que viene.
Hasta que llegue ese momento, este mismo miércoles la reforma del aborto centrará la pregunta que la portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, hará en la sesión de control al Gobierno. Montón le preguntará si mantiene «su intención de cercenar los derechos de las mujeres».
Esa misma tarde, Izquierda Unida defenderá en la comisión de Igualdad una iniciativa para exigir al Gobierno la retirada del proyecto de ley porque, a su juicio, la decisión de interrumpir de forma voluntaria un embarazo es personal,. «El derecho a decidir de las mujeres es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios», aseguran desde IU.
El Gobierno planea llevar la Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada al Consejo de Ministros el próximo viernes 27 de junio, con el objetivo de que inicie su tramitación parlamentaria en el Congreso durante el mes de julio. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, quienes prevén igualmente que esta la norma esté definitivamente aprobada para noviembre o diciembre. El primer debate parlamentario aún no tiene fecha y el calendario se ve afectado por el hecho de que julio es un mes que la Constitución sitúa fuera del periodo ordinario de sesiones. La Mesa del Congreso, el primer órgano que debe recibir el proyecto de ley, suele ampliar todos los plazos de enmiendas hasta septiembre, lo que supondría congelar dos meses la tramitación del proyecto. Ahora bien, la Mesa de la Cámara Baja podría fijar un primer y único plazo de enmiendas hasta mediados de julio para al menos poder celebrar el debate de totalidad en una segunda sesión plenaria de final de mes. Según las previsiones, prácticamente casi todos los grupos parlamentarios presentarían una enmienda de totalidad al texto presentado por el Gobierno, salvo UPN y los diputados de Uniò que en alguna ocasión han manifestado su respaldo a la normativa.
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2173911/0/gobierno/reforma-aborto-gallardon/aprobacion-consejo-ministros/#xtor=AD-15&xts=467263
El Gobierno planea llevar la Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada al Consejo de Ministros el próximo viernes 27 de junio, con el objetivo de que inicie su tramitación parlamentaria en el Congreso durante el mes de julio. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, quienes prevén igualmente que esta la norma esté definitivamente aprobada para noviembre o diciembre. El primer debate parlamentario aún no tiene fecha y el calendario se ve afectado por el hecho de que julio es un mes que la Constitución sitúa fuera del periodo ordinario de sesiones. La Mesa del Congreso, el primer órgano que debe recibir el proyecto de ley, suele ampliar todos los plazos de enmiendas hasta septiembre, lo que supondría congelar dos meses la tramitación del proyecto. Ahora bien, la Mesa de la Cámara Baja podría fijar un primer y único plazo de enmiendas hasta mediados de julio para al menos poder celebrar el debate de totalidad en una segunda sesión plenaria de final de mes. Según las previsiones, prácticamente casi todos los grupos parlamentarios presentarían una enmienda de totalidad al texto presentado por el Gobierno, salvo UPN y los diputados de Uniò que en alguna ocasión han manifestado su respaldo a la normativa.
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