En abril de 2005 viajé por primera vez a Ciudad Juárez. Las noticias que comenzaban a recorrer el mundo sobre el feminicidio que se estaba llevando a cabo en aquella ciudad mexicana eran tan alarmantes como para que el semanario en el que entonces trabajaba me enviara a hacer un reportaje. Aquel trabajo se tituló La ciudad de las muertas. Lo que me encontré en Ciudad Juárez fue misoginia e impunidad. Las causas de aquella masacre eran múltiples pero lo que la mantenía (y aún hoy mantiene) eran el exacerbado machismo y la absoluta falta de castigo para los culpables. En Ciudad Juárez, asesinar a una mujer sale gratis. Si atentar contra la vida es impune, imagínense el resto de formas de violencia que no tienen resultado de muerte (violaciones, palizas, acosos, insultos, desprecios, agresiones sexuales…) En aquel primer reportaje me entrevisté con el abogado Dante Almaraz, defensor de Víctor Javier García condenado a 50 años de prisión por el asesinato de ocho mujeres. Lo primero que me dijo fue: “En este caso comenzamos dos acusados y dos abogados, ya solo quedamos uno y uno”. Se refería a que Víctor y Gustavo González fueron los chivos expiatorios de los asesinatos del tristemente famoso caso del Campo algodonero donde se encontraron los cadáveres de ocho muchachas. Fueron torturados por la policía para que confesaran los crímenes y dar el caso por cerrado. Gustavo y su abogado fueron asesinados en el transcurso del juicio en el que los abogados se empeñaron en demostrar la inocencia de sus clientes. El día que me iba, me enteré en el aeropuerto de que al abogado Dante Almaraz también le habían dado muerte a balazos. De los cuatro protagonistas, ya solo quedaba uno. Ciudad Juárez comparte características comunes con el resto de México y con otros países de la zona pero “el rasgo diferencial en Juárez es la impunidad”, me explicaban las defensoras de derechos humanos.
Ciudad Juárez fue lo primero que me vino a la cabeza cuando leí que el gobierno había concedido un indulto a Manuel Arbesú, a mi juicio cómplice de agresión sexual, que además había denegado auxilio y grabado el ataque en su móvil, con evidentes muestras de placer ante lo que estaba contemplando. Además, el todavía indultado es Guardia Civil e hijo de un concejal del Partido Popular del ayuntamiento de Lena (Asturias).
La violencia sexual es una forma de imponer la disciplina patriarcal a las mujeres. La violencia sexual es el delito que menos se denuncia. Las víctimas saben que serán revictimadas en los juicios, entre el vecindario, incluso en ocasiones entre su familia. Kavita Krisman, secretaria general de la Asociación Progresista Pan-India de mujeres lo explica muy bien cuando relata lo que está ocurriendo en su país: «La violación y la agresión sexual es motivada por el odio a las mujeres, no por el deseo de las mujeres». El caso que el gobierno ha indultado es de manual. La víctima tenía 60 años y la agresión física fue acompañada de insultos y expresión degradantes. El agresor y su cómplice mostraban su «superioridad viril» a la primera mujer que encontraron en el tren. No había deseo sexual, había deseo de sentirse poderosos. El amnistiado lo grabó para poder exhibir esa prueba de virilidad.
En España sufrimos un gobierno misógino de palabra y de hecho. La batería de reformas legislativas realizadas están mermando los derechos de las mujeres (especialmente los derechos económicos y si no se retira la reforma de la ley del aborto, también los sexuales y reproductivos -los anticonceptivos de última generación ya han sido retirados de la cartera del servicio público de salud-). La ciudadanía de las mujeres está en entredicho. A la batería de ataques legales se suma la violencia simbólica, la violencia verbal. A las conocidas declaraciones del Ministro Gallardón sobre la ausencia de derechos de las mujeres sobre sus cuerpos y a la defensa de que frente al ejercicio de sus derechos las mujeres tienen como obligación la satisfacción de sus «obligaciones como género», se sumaron las declaraciones del ex ministro Cañete -explícitas sobre la supremacía masculina- y esta semana las del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, sobre la posesión que tienen los maridos sobre sus esposas. El mismo ministro que aseguró que cualquier atisbo de machismo en Cañete es una expresión equivocada, declaró en un acto público que «si me dice que le invite a comer, le invito. Si se quiere llevar a mi mujer, como mínimo tendremos que hablarlo». Ésa es la ideología que sustenta el maltrato: «mi mujer es mía y con lo que es mío hago lo que me da la gana». Me imagino que quienes imparten los cursos de rehabilitación de maltratadores estarán felices explicándoles que aunque lo haya dicho un ministro, quien tiene que decidir si se queda o se va son las mujeres, que aunque cada día lo parezca menos, son personas y como tales, no son propiedad de nadie.
Para que el ejercicio de misoginia sea eficaz tiene que estar sustentado, como dejó claro Pierre Bourdeau, en la violencia simbólica: una acción racional donde quien tiene el poder ejerce un modo de violencia indirecta. Esa dominación prescinde de justificaciones, se impone como neutra y no precisa de discursos que la legitimen. Es un orden social que funciona como «una inmensa máquina simbólica». Por decirlo de otra manera, la violencia simbólica es la «argamasa» sobre la que se asienta la discriminación.
Si los hechos aislados quizá no sean motivo de alarma para buena parte de la población, cuando se hace el relato completo, se evidencia cómo la misoginia va ganando terreno día a día en el discurso oficial, cómo las reformas aparentemente neutras van golpeando la vida de las mujeres y cómo la violencia simbólica se ejerce de manera cotidiana. Todo esto con impunidad. El ministro de Exteriores aún no se ha disculpado, a Cañete le costó varios días y ante cada afirmación misógina, el Partido Popular y el gobierno salen en tromba a defender el machismo. Lo ha hecho hasta el padre del indultado -concejal popular-, quien se ha atrevido a señalar que la polémica por el indulto tiene un interés partidista promovido por el Partido Socialista.
La impunidad es un ácido que corroe la democracia. Una vez que comienza la desmantelación del estado de derecho, nadie sabe dónde termina. Que el machismo mata es un hecho, que la impunidad alienta el crimen, también. De nada sirve el discurso contra la violencia de género y la insistencia a las víctimas para que denuncien si continuamente se ejerce violencia verbal contra las mujeres y los condenados son indultados. Que la situación española actual respecto a las mujeres no se parece a la de Ciudad Juárez es un hecho, que la violencia simbólica, la misoginia y la impunidad se extienden, también. Ni en la peor de nuestras pesadillas hubiésemos creído en 2008 que íbamos a sufrir las tasas de malnutrición infantil que soportamos. Por desgracia, solo es un ejemplo.
