Hace unos días, el Gobierno del PP aprobó un nuevo Real Decreto con el objetivo de recortar retribuciones a las energías limpias. Esta regulación llega un año más tarde de ser anunciada y regulada en decretos leyes que han entrado en vigor sin que se conociera la letra pequeña, y ha mantenido en la completa incertidumbre a todo el sector de las renovables a las que, desde julio del 2013, se les está aplicando un recorte del cual hasta ahora no se sabrá su importe real.
La justificación del Gobierno es, una vez más, el mantra que viene repitiendo toda la legislatura: las renovables son caras y hay que recortar las primas que perciben para su funcionamiento. Un discurso idéntico al que oímos al lobby nuclear, a Iberdrola, Endesa o Gas Natural, precisamente para tapar todas las aberraciones sobre el funcionamiento del mercado eléctrico, las retribuciones que ellos perciben por varios conceptos o la necesidad que las eléctricas tienen de quemar el gas que tienen comprado y que la entrada de renovables, mucho más baratas, no les permite vender.
En lo que llevamos de legislatura, más de una decena de reales decretos y varias leyes han cambiado la regulación del sector eléctrico. En teoría, todos ellos tenían como objetivo reducir el llamado déficit tarifario, o sea la diferencia entre los ingresos del sistema y los costes reconocidos – no siempre reales – a las eléctricas. Este déficit ha provocado una deuda del conjunto de la ciudadanía con las eléctricas, por la que pagamos intereses.
Estos costes han sido reconocidos muchas veces de forma arbitraria y artificialmente exagerados por gobiernos de PP y PSOE, los cuales se han negado a auditar y a cuestionar los dudosos conceptos por los que pagamos en nuestra factura de la luz. Y así nuestra factura de la luz continua subiendo. También nuestra deuda con las eléctricas.
Esto demuestra que el Gobierno siempre ha decidido en base a los intereses de las grandes empresas y es incapaz de valorar los costes reales de sus decisiones y de asumir que el verdadero problema está en dejar en manos de un oligopolio eléctrico las decisiones energéticas del país y el acceso a un servicio esencial.
El motivo por el que los grandes lobbies eléctricos atacan a las renovables con la complicidad del Gobierno es que las energías limpias son la única oportunidad que tiene este país para reducir su dependencia energética del exterior, pero también de que los ciudadanos recuperemos soberanía en las decisiones de producción y consumo de energía. Las energías renovables no dependen de un combustible controlado por pocas manos sino que es un producto autóctono, que se puede generar de forma distribuida y con modelos de gestión más democráticos. Un modelo productivo más repartido y democrático que compite directamente con las grandes eléctricas que basan su negocio en controlar la oferta y la demanda de todo el mercado.
Los motivos para los cuales el Gobierno justifica el decreto requieren como mínimo que hagamos un apunte sobre cuáles son los costes reales de no apostar por un cambio de modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia y las renovables.
Las primas a las renovables son ayudas que hemos aportado para impulsar el desarrollo tecnológico de energías renovables y que compensan el ahorro económico, social y ambiental que representan estas tecnologías frente al resto. No se trata de subvenciones sino de beneficios al sistema en términos económicos, ambientales y sociales. Si hacemos un balance global entre las primas a las renovables y el ahorro que suponen es claramente positivo, calculado en unos 50.000M de euros a lo largo de la vida útil de las instalaciones. Las energías renovables nos ahorran miles de millones en el precio del mercado eléctrico. Los periodos en qué más ha bajado el precio del mercado es precisamente cuanto más viento, sol o lluvia ha habido.
Otro ahorro económico es en términos de importación de combustibles fósiles, ya que son la única energía autóctona de que disponemos. Es evidente el beneficio medio ambiental que representan las renovables en la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones: entre 2008 y 2012 las renovables evitaron la emisión de 155 Millones de toneladas de CO2 valoradas en más de 2000M de euros. Igual que en términos de empleo: este sector es fuente de generación de empleo y riqueza que se queda en el territorio.
Pero el PP no quiere abordar los auténticos retos que tenemos como país y como planeta. Y decide en la misma semana hundir a las renovables mientras autoriza prospecciones en el mediterráneo, promueve el fracking como alternativa o amenaza con alargar la vida útil de las centrales nucleares. Tecnologías todas ellas peligrosas, sucias y mucho menos rentables en todos los sentidos.
El papel de los gobiernos españoles (esto ya empezó con el PSOE en 2010) con las renovables nos ha llevado a ser el país con más denuncias internacionales por inseguridad jurídica. Y está provocando que pasemos de ser líderes en tecnología a que las empresas y los puestos de trabajo huyan de España en busca de marcos regulados y de sentido común.
Desde mi punto de vista sería acertado reformular todo el sistema eléctrico reconociendo el fracaso económico y social que supuso la liberalización del sector y plantear una regulación y retribución estable en función de los costes reales de producir electricidad, garantizando el acceso a un servicio básico como es la luz o el gas. Pero el Gobierno pretende aplicar economía planificada a las renovables, y de manera retroactiva, mientras mantiene un mercado hecho a medida de las grandes tecnologías.
Lo que supone el decreto va más allá de una reducción de la primas. Lo que persigue es reducir la competencia a las grandes eléctricas. Muchos pequeños productores no podrán hacer frente a la deuda o no tendrán fuerza para renegociar con los bancos. Muchos pequeños inversores perderán el capital y la planta – unas 50.000 familias perderán sus ahorros- , para que queden en manos de entidades financieras o de grandes eléctricas.
Este decreto tiene mucha letra pequeña que favorece esas consecuencias perversas desde el punto de vista económico y democrático, ya que desincentiva las horas de funcionamiento de muchas instalaciones y sobre todo, tal y como la propia CNMV ha reconocido, no habrá nueva inversión renovables en muchos años. Durante el 2013, cada día se han perdido 3 puestos de trabajo en el sector eólico. Desde el 2010 se han destruido más de 30.000 empleos en el conjunto del sector renovable.
Lo más paradójico es que mientras la principal riqueza energética de España radica en nuestro sol y viento, el Gobierno se empecina en poner trabas a su futuro mientras pone una alfombra roja a los lobbies como Repsol o Shale gas para que perforen nuestro subsuelo marino y terrestre en busca de los últimos resquicios de combustibles fósiles.
Esta es la expresión de cómo funciona todo según Rajoy. España va bien si a los grandes les va bien, aunque la mayoría seamos más pobres, vivamos sin luz o en un entorno irrespirable.
Nadie cuestiona en el s.XXI que el futuro es renovable. Incluso China y EEUU lo reconocen en sus estrategias. Es la energía barata, ilimitada, sostenible y disponible. La cuestión es en manos de quién está y cuánto tiempo aplazamos este escenario de dominio de energías limpias para que las eléctricas y la industria extractiva continúen enriqueciéndose apropiándose de los últimos combustibles del planeta.
*Laia Ortiz es Portavoz de Energía ICV- Izquierda Plural
