MADRID// El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto de Renovables por el que elimina el sistema de primas para este tipo de energías. Según ha explicado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, los objetivos de esta nueva norma son introducir estabilidad financiera en el sistema así como aplicarle a las renovables una “rentabilidad razonable” e “introducir certidumbre en el sector”. Según Soria, gracias al nuevo Real Decreto, que comenzará a ser aplicable en el mes de julio, “todas las instalaciones renovables podrán competir en condiciones de igualdad con el resto de tecnologías con el sistema”. Además, ha aseverado que “el Gobierno sigue dando un impulso” a este tipo de energías pero “con un sistema de incentivos distinto”.
José Manuel Soria ha hablado de nuevo del déficit de tarifa para señalarlo como uno de los principales problemas del sector. Un déficit que, según ha explicado, “se debe a la existencia del propio déficit”, por los intereses que genera. El ministro de Energía también ha culpado a la “evolución de las primas a las renovables” de la generación de este déficit ya que “entre 1998 y 2013 supusieron 56.000 millones de euros”; unos 3.700 millones de euros cada año. Por este motivo, el Gobierno ha considerado necesario establecer un sistema nuevo que diferencia “1.400 tipos de plantas».
Para establecer la cantidad retribuible se evaluarán varios factores como el tipo y la antigüedad de las instalaciones. Para determinar esta “rentabilidad razonable”, el nuevo Real Decreto tendrá en cuenta la vida útil del proyecto (lo que deja fuera de consideración a las fotovoltaicas que se crearon antes de 2004) y se fijará en función del interés de la deuda española a 10 años más un diferencial que ascenderá al 7,5% para cada tipo de instalación. La rentabilidad que se había previsto cuando se construyeron rondaba el 20%. En la práctica, supone un recorte del 15% (1.700 millones de euros) respecto a las primas que se establecieron para 2013; para 2014, las reduce a 7.630 millones de euros.
Respecto a la influencia de las primas en el incremento del déficit de tarifa, ya a finales del mes de febrero, las asociaciones de renovables de ámbito estatal (ANPIER, APPA PROTERMOSOLAR y UNEF) emitieron un comunicado por el que aseveraban que el Real Decreto que Soria tenía previsto aprobar culminaba “la estrategia contra el sector de las renovables por parte del Gobierno”. A pesar de lo que ha aseverado hoy el ministro de Energía, estas asociaciones aportaron datos oficiales mediante los que demostraron que durante 2013, España importó combustible proveniente de energías fósiles por un importe de 57.162 millones de euros; casi 20.000 millones de euros más de lo que han invertido en las primas a las renovables desde 1998.
Costes extras
Además, en el comunicado publicado en el mes de abril, las asociaciones de renovables de ámbito estatal solicitaron que se sacara de los costes del sistema las partidas que no intervienen en la generación eléctrica como los costes extrapeninsulares o los pagos por interrumpibilidad –“innecesarios en un sistema con exceso de capacidad como el español”-. En la misma línea, solicitaron que, por el mismo motivo, se suprimieran los pagos por capacidad a las eléctricas y que, para promover una competitividad real, sacaran del mercado a estas empresas para retribuirlas en función de la misma rentabilidad razonable que se le aplicará a las renovables.
También la Asociación Empresarial Eólica criticó este nuevo Real Decreto por medio de una nota de prensa divulgada recientemente en la que denunciaba que contiene un error que le costará a sus asociados más de 200 millones de euros. Según explicaron, este error se basa en la fijación de precios ya que el regulador estimó hace un año que el coste de generación de esta energía asciende a 48,21 euros/kwh cuando, según el precio del pool del primer cuatrimestre del año, en realidad es de 26 euros/kwh. Este fallo es importante ya que cuanto mayor sea el precio estimado, menor será la retribución que reciba.
La política gubernamental de imponerle a las renovables medidas retroactivas que perjudican su rentabilidad ha traído consigo varios problemas legales. Entre ellos, las nueve demandas que el Gobierno español lleva acumuladas desde noviembre de 2011 en la corte de arbitraje internacional con motivo de la inseguridad jurídica que provocan estos recortes retroactivos. La última de ellas, a finales de mayo, interpuesta por dos fondos de inversión estadounidenses de una multinacional fotovoltaica que aseguran haber perdido alrededor de 300 millones de dólares por culpa del cambio regulatorio español.
También Bruselas, en el mes de abril, criticó estos recortes retroactivos así como las trabas a la inversión privada que potencia la tecnología orientada a desarrollar la energía renovable; por ejemplo los peajes al autoconsumo que vuelven inviable la amortización de la inversión a medio plazo en una instalación fotovoltaica . Además, la asistente a la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Tatiana Márquez, puso de relevancia que, además de generar incertidumbre, la política energética española afecta a la credibilidad del Gobierno.
Estos son los motivos por los que España se enfrenta a una posible sanción por parte de la Comisión Europea. Los obstáculos y la inseguridad jurídica con los que se están encontrando los diferentes inversores del sector de las renovables, pueden convertir en inviable la recomendación de la Unión Europea–vinculante para todos los países miembros- que tiene como objetivo alcanzar el 20% de cuota de renovables en el consumo final para el año 2020.