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lunes 21 mayo 2018

Política

Cuando el pueblo dicta la Constitución

Sectores progresistas abogan por redefinir las reglas de juego en España, como ya hicieron Bolivia, Ecuador y Portugal. La abdicación del rey ha avivado el debate sobre la necesidad de un proceso constituyente.

06 junio 2014
08:45
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Cuando el pueblo dicta la Constitución
El crack financiero de 2008 en Islandia generó una gran demanda social por la apertura de un proceso constituyente.

   Actualización del reportaje publicado en el número de junio de La Marea, que puedes adquirir en quioscos y en nuestra tienda virtual

Reformar la Constitución. O, mejor, escribirla de nuevo. Es la demanda a voces de amplios sectores progresistas de la sociedad española, que reniegan de una Carta Magna que consideran anticuada. Partidos de izquierda y movimientos sociales que defienden que el texto pudo cumplir su función en su momento, o no, pero que en todo caso no es capaz de ofrecer respuestas a los retos actuales. Es el gran tabú de las fuerzas dominantes, con el bipartidismo al frente, que ven con temor que se reconfiguren las reglas del juego, sobre todo si fueran los peones quienes llevasen la voz cantante. ¿Qué sucedería si, en lugar de siete padres, el nuevo texto constitucional tuviera miles o incluso millones de padres y de madres?

Mientras partidarios y detractores de una reforma constitucional esgrimen sus argumentos, la abdicación del rey Juan Carlos I ha reavivado el debate sobre los cambios en la Carta Magna. La inviolabilidad de la figura del monarca, y cómo quedará esta una vez Juan Carlos deje de ser rey, ha sido uno de los puntos centrales del debate.  Izquierda Unida ha solicitado la celebración de una consulta y ha planteado la necesidad de abrir un “proceso constituyente para definir el derecho a decidir” entre ambos modelos de Estado, como señaló el responsable federal de Derechos Humanos de IU, Francisco Pérez Esteban. El número 1 en la lista de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que la abdicación “acelera la descomposición del régimen del 78”, y ha exigido la convocatoria de un referéndum para decidir sobre monarquía o república.

También desde las filas del PSOE, sectores críticos con la postura oficial del partido se han hecho oír para cuestionar el relevo automático en la Jefatura del Estado. Juventudes Socialistas hizo público un escrito en el que afirmaban: “Nuestra convicción, nuestro sueño: la Jefatura del Estado elegida entre todos los hombres y mujeres”, y el candidato de la corriente Izquierda Socialista a la secretaría general, José Antonio Pérez Tapias, ha defendido que la abdicación del rey debe dar lugar a la apertura de un proceso constituyente que implique la celebración de un referéndum.

Por su parte, Compromís considera que nos encontramos ante una “oportunidad histórica” y ha registrado una proposición de ley para que sean los ciudadanos los que voten la jefatura del Estado. Junto a la formación valenciana, IU, ICV, Equo, Chunta Aragonesista, Confederación de Los Verdes, Alternativa Socialista e Izquierda Anticapitalista aprobaron este jueves en el Ateneo de Madrid un documento para exigir que se someta a votación del modelo de Estado.

Este nuevo panorama coincide en el tiempo con el proceso soberanista catalán, en el que una mayoría de fuerzas parlamentarias reclaman el derecho a realizar una consulta de autodeterminación. El proceso catalán no es visto como una oportunidad de ruptura con el régimen del 78 sólo para Cataluña. Hay quien defiende que puede abrir una puerta para el resto del Estado. Es la opinión de Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona: “Aunque no se puede forzar la historia, no nos olvidemos de que el proceso constituyente de 1931 comenzó con la victoria en las municipales de las fuerzas rupturistas, y fue precedido de la proclamación de una república en Cataluña”.

Todos los procesos constituyentes necesitan previamente un proceso destituyente que reemplace a las fuerzas políticas y sociales, añade el profesor. “Éste es el principal reto, generar la fuerza social y política para producir un cambio”, sostiene Pisarello, que acaba de publicar Procesos Constituyentes. Caminos para la ruptura democrática (Trotta). “Eso puede parecer difícil, pero en América Latina estos procesos tuvieron lugar en condiciones mucho más duras de las que existen aquí”.

A lo largo de la historia se han sucedido numerosos casos. En los dos últimos siglos, los hubo tras la Primera Guerra Mundial y también tras la Segunda. Asimismo, son importantes los que siguieron a la caída del bloque soviético y, más recientemente, aquellos surgidos a causa del fracaso de las políticas neoliberales.

A continuación, se ofrece un breve compendio de algunos de ellos. Todos destacan por ser muy distintos a los cambios constitucionales que se dieron, por ejemplo, en la Europa del Este tras el fin de la URSS. Éstos fueron dirigidos desde mesas redondas en las que se sentaron élites políticas y asesores internacionales. El objetivo era que países como República Checa transitaran del comunismo a economías de mercado y democracias representativas. El investigador de la Universidad de Bari Tomasso Nicola Poli constata que también buscaban “ponderar las libertades económicas y los derechos sociales, dando una visión restrictiva, protegiendo su contenido esencial y rechazando cualquier noción de igualitarismo”.

Por el contrario, otros países han impulsado procesos constituyentes con la participación de una amplia representación de la sociedad. Así ha sucedido en Bolivia y Ecuador, así como en Venezuela, donde la transformación comenzó tras sufrir las crisis del gas, del agua y de la deuda soberana; Islandia, hizo lo propio tras el crack bancario. Cuatro décadas antes, Portugal había sido un ejemplo para todos los que admiraron cómo la revolución de los claveles rojo puso fin a la dictadura.

Bolivia y Ecuador, nuevo constitucionalismo latinoamericano

Bolivia y Ecuador, así como Venezuela, han vivido sendos procesos constituyentes que se impulsaron como respuesta a las políticas neoliberales impuestas en estos países durante la década de los noventa.
En Bolivia, sectores tradicionalmente sin voz en la vida política, como las comunidades indígenas y campesinas, acabaron formando parte de la Asamblea Constituyente que convocó el presidente Evo Morales tras su triunfo electoral en 2005. “El proceso boliviano vino precedido por todas las explosiones destituyentes, las guerras del agua y del gas de 2001 y 2003. Ahí se fueron generando redes de solidaridad, experiencias locales de poderes alternativos”, señala Pisarello.

Tanto en Bolivia como en Ecuador, el peso de indígenas y campesinos fue muy importante en la elaboración de las normas. En el país gobernado por Rafael Correa, esta influencia ha quedado patente en la introducción de la Naturaleza como sujeto de derechos, por primera vez en una Constitución. Por su parte, el texto boliviano prohíbe expresamente la privatización del agua.

Las constituciones de ambos países “critican el modelo de crecimiento tradicional y plantean la necesidad de garantizar el respeto por la Naturaleza, por los bienes comunes y por las generaciones futuras”, subraya Pisarello. En la constitución ecuatoriana se fija que la deuda privada no se pueda convertir en pública. En los dos casos, se otorga una gran importancia a los derechos sociales, equiparados a los civiles y políticos. A diferencia de lo que sucede en España, todos ellos pueden ser reclamados ante la Justicia.

Islandia, un modelo de participación

La olada de indignación tras el colapso financiero de Islandia en 2008 culminó con la llamada Revolución de las Cazuelas, que terminó por derrocar al gobierno de centro-derecha. La demanda popular exigiendo un proceso constituyente provocó que, tras llegar al poder la coalición de socialdemócratas y verdes, se abriese un proceso altamente participativo.

Los investigadores de la Universidad de Trento Baldvin Thor Bergsonn y Paul Blokker definen la redacción de la nueva constitución como “tremendamente innovadora y participativa”. Para conocer las demandas de la nación se convocó una Asamblea Nacional de 1.000 personas. Éstas destacaron por pedir una mayor separación de poderes, un sistema electoral más justo y la propiedad pública de los recursos naturales. Se debatieron en asambleas abiertas las cuestiones prioritarias a incluir en el nuevo redactado, y finalmente un grupo de 25 ciudadanos escogidos en las urnas —15 hombres y 10 mujeres— formaron la Asamblea Constituyente.

El 20 de octubre de 2012 se llevó a cabo un referéndum no vinculante sobre el texto, que incluyó cuestiones sobre la propiedad pública de los recursos naturales o que la ciudadanía pudiera impulsar referéndums. Con una participación de casi el 50% del electorado, más de dos tercios apoyaron el nuevo texto. Sin embargo, el proyecto ha quedado en suspenso.

La Comisión de Venecia, el órgano asesor del Consejo de Europa, advirtió en un dictamen de los peligros de extender la participación ciudadana, aduciendo que podía provocar “bloqueo político e inestabilidad”. “Desde los años 70-80 hay todo un movimiento de lobbies como el Consenso de Washington o la Comisión Trilateral, que advierten de que extender la democracia y la participación a algunos ámbitos es negativo para la gobernabilidad, especialmente en el ámbito económico”, señala el profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Rafael Escudero.

La coalición de socialdemócratas y verdes no llevó hasta las últimas consecuencias la nueva Constitución. Y perdió las siguientes elecciones. “La movilización no fue lo suficientemente fuerte y hubo timidez, falta de audacia para apoyar el proceso constituyente impulsado por la propia ciudadanía y, sobre todo, para romper con el régimen anterior”, señala Pisarello.

Portugal, camino socialista

La caída de la dictadura portuguesa tras la Revolución de los Claveles dio origen a un proceso constituyente de ruptura con el régimen anterior. La mayor fuerza residía en los sectores más democráticos del Ejército, que participaron en el levantamiento, así como en fuerzas de izquierdas plurales —con un peso relevante del Partido Comunista—, sindicatos, y el movimiento popular que se había fraguado en las calles. “El caso portugués siempre fue la bestia negra para el régimen franquista y para las fuerzas que no querían una ruptura democrática en el caso español”, afirma Pisarello.

Esa correlación de fuerzas originó una constitución que en su artículo primero definía Portugal como “una República soberana, basada en la dignidad de la persona humana y en la voluntad popular y empeñada en la transformación en una sociedad sin clases”, y en su artículo segundo marcaba como objetivo “asegurar la transición hacia el socialismo mediante la creación de condiciones para el ejercicio democrático del poder por las clases trabajadoras”. “Es una constitución muy avanzada en cuanto a los mecanismos de protección de derechos y de participación, no sólo en las instituciones sino también en las fábricas, en los lugares de trabajo, en los espacios vecinales”, analiza Pisarello.

La Constitución portuguesa, sin embargo, ha sufrido hasta siete reformas. La mayoría, señala Pisarello, “intentando adaptar el marco constitucional a los nuevos vientos neoliberales que comenzaban a soplar en Europa”. “Se fue moderando el contenido social, las referencias que pudiera tener sobre objetivos de alcance igualitario, para acomodarla sobre todo al ingreso de Portugal a la Comunidad Económica Europea”.

Pese a los cambios, la Constitución sigue siendo una bandera de los movimientos sociales contra las políticas de austeridad. De hecho, el Tribunal Constitucional llegó a frenar varios recortes del gobierno conservador de Passos Coelho, como la reducción del 10% de las pensiones a funcionarios jubilados. “El Tribunal Constitucional portugués y la Corte Constitucional italiana nacieron de rupturas con dictaduras que instauraron constituciones republicanas. Y eso se nota en la cultura jurídica”, concluye el profesor.

 

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Brais Benítez

Brais Benítez

1 comentario

  1. Viga
    Viga 06/06/2014, 19:24

    Suena muy bonito lo que se habla de Ecuador. Como ecuatoriana puedo decir que me gustaba muchísimo la idea de la nueva constitución que, incluso, incluye a la naturaleza como sujeto de derechos. Suena muy bonito, muy bonito para ser verdad. Todo eso está escrito, por el mismo presidente que encaminó la “nueva constitución” y es él mismo el que la viola. Ahora, él ha promovido la explotación petrolera en parques nacionales, donde está prohibido por la misma constitución hacerlo, pero a él no le importa. No sólo corre el riesgo la naturaleza en la explotación del Yasuní, sino grupos humanos nómadas no contactados que habitan ahí. No conforme con eso, está planificando realizar minería a gran escala en lugares como Intag, un pueblo que, desde la década de los 90´s ha resistido ha muchos gobiernos neoliberales. Y, ahora, con este gobierno “de izquierda” está sitiado con militares y sus dirigentes presos como delincuentes. Sin hablar de las hidroeléctricas y el permiso de que los transgénicos entren al Ecuador, porque según Correa “no pasa nada”. Y, aunque en la Constitución se agregó la prohibición de transgénicos en el Ecuador, Correa con su viveza, puso una cláusula en donde dice que solo el presidente , en caso de emergencia, puede autorizar la entrada de transgénicos.
    Yo estoy muy de acuerdo con que la Constitución la hagan los pueblos, pero también el mismo pueblo debe hacer que se cumpla y se la defienda. Correa maneja un doble discurso dentro del país, que como todo político, es perverso y hasta asusta.

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