MADRID // Los Gracia González se enfrentan en estos días a dos juicios que pueden ser determinantes para su futuro a corto plazo. El primero de ellos, cuya vista tuvo lugar este miercoles en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), versa sobre el recurso que interpuso la familia contra la orden que autorizaba al Ayuntamiento a entrar en su domicilio para desalojarlos y poder así derribar su vivienda.
La lucha de las tres familias que residen en Ofelia Nieto, 29 contra el Ayuntamiento comenzó en 2004, cuando se aprobó un plan urbanístico de remodelación, con el fin de sustituir las viviendas unifamiliares típicas de la zona cercana a la parada de metro Francos Rodríguez por bloques de pisos. Aunque les fue comunicado el año pasado, las escrituras de la casa están a nombre del Ayuntamiento desde el año 2010, fruto de la expropiación que pesa sobre la casa de los Gracia González. Desde entonces están intentando frenar por vía legal la orden de derribo que pesa sobre su vivienda, aunque no existe todavía una sentencia en firme que los obligue a marcharse de su casa, dividida en tres viviendas separadas en las que viven el matrimonio y sus dos hijas con sus familias.
Luisa y Ángeles Gracia González, las hijas de los propietarios originarios de la vivienda, acudieron a las puertas de los juzgados para tratar de averiguar cuándo se sabría la resolución de la vista. Según les informaron, esto sucederá al cabo de dos o tres días hábiles desde a celebración del juicio. En el caso de que los tribunales le dieran la razón al Ayuntamiento en esta causa, según informó Álvaro, uno de los integrantes de la Asamblea de Tetuán, tras hablar con la abogada de la familia, podría emitirse una orden de desalojo con un día y una hora concretos, aunque la familia todavía podría recurrirlo ante el Tribunal Supremo.
Para acompañarlas y seguir visibilizando su problema, también estuvo presente un grupo de vecinos de la familia y activistas de la Asamblea de Tetuán, lo que ocasionó un encontronazo con algunos miembros de la Policía Nacional. Este grupo de apoyo, formado por aproximadamente 20 personas, se encontraba junto a las hermanas Gracia González ante las puertas del TSJM. Mientras dialogaban sobre la fortaleza anímica de las afectadas y las distintas opciones que tenían en función de lo que ocurriera en los próximos días, llegaron unos diez policías, quienes informaron a los asistentes de que, si querían seguir ofreciendo su apoyo a Luisa y Ángeles Gracia González, deberían hacerlo en la acera de enfrente.
El argumento que utilizaron los policías es que, en primer lugar, dado que una reunión de 20 personas se considera una concentración, deberían de haber solicitado permiso a la Delegación de Gobierno. Pero, aunque se lo hubieran concedido, habría sido para reunirse en la acera de enfrente, dado que, según la ley, una concentración no puede interferir en el normal funcionamiento de las labores que se puedan desempeñar dentro de un edificio público. Esta explicación suscitó estupor entre algunos de los allí presentes, quienes reivindicaban su derecho a la libre circulación y de reunión en el espacio público. Una controversia que se resolvió con el traslado a la acera de enfrente del TSJM de todos los asistentes a excepción de las afectadas, que insistieron en quedarse a las puertas de los tribunales hasta conseguir la información que solicitaban.
Causas pendientes
La segunda vista, que está prevista para el próximo 21 de mayo, tiene que ver con la orden de desalojo. La familia Gracia González, por medio de su abogada, lleva tiempo solicitando que, en el caso de que no les quedara más remedio que marcharse, la indemnización que se le diera a las tres familias que viven en Ofelia Nieto, 29 fuera acorde con su realidad. En su momento, el Ayuntamiento ofreció algo más de 300.000 euros y una vivienda de protección oficial en régimen de alquiler con opción a compra en un barrio diferente al que han estado viviendo toda su vida.
Es decir, unos 100.000 euros por familia, un piso para que vivan en él nueve personas (el matrimonio que compró los terrenos y construyó la casa y sus dos hijas con sus maridos y sus tres hijos). Como ya declaró Luisa Gracia a La Marea, además de sacarlos del lugar en el que llevan viviendo desde los años 60, los obligarían a utilizar la indemnización para pagar el alquiler o hipotecarse para comprar la vivienda (es decir, darle el dinero al Ayuntamiento o a un banco) cuando sobre la vivienda en la que residen actualmente no pesa ninguna carga.
La vista que se resolvió este miercoles y la que deberá resolverse el próximo 21 de mayo son causas accesorias del proceso principal, que versa sobre la legalidad del proceso de expropiación, y que es el que debería resolverse antes, dado que si se declarara ilegal, no cabría hablar sobre la indemnización por el desalojo o sobre la orden de entrada. Sin embargo, según han denunciado desde el entorno de los Gracia González, de la actitud del Ayuntamiento al respecto de esta causa se desprende que están tratando de alargarlo lo máximo posible para que les concedan la orden de entrada antes de resolver si pueden o no expropiar la vivienda.
Según han explicado, a pesar de que la abogada de la familia pidió la nulidad del procedimiento expropiatorio el pasado 13 de octubre, el Ayuntamiento entregó la documentación que le requería el juez para estudiar el caso el pasado mes de abril. Esto podría suponer que primero se derribara la casa de la familia y, después, se supiera que no se podía hacer, lo que daría como resultado una situación irreversible.
La demanda de nulidad que han solicitado los Gracia González se basa, sobre todo, en dos cuestiones. Por un lado en la irregularidad del procedimiento, dado que el estudio del proyecto no se hizo públicamente, tal y como exige la ley. Y, por otro lado, que como el suelo en el que se asienta la vivienda es urbano consolidado, haría falta una revisión de todo el procedimiento para ver cómo afecta a la casa de Ofelia Nieto, 29, y no una modificación, como pretenden desde el Consistorio. Además, desde la Asamblea de Tetuán han informado de que “el terreno que quede tras derribar la casa está destinado a suelo patrimonial del Ayuntamiento para su posterior venta a manos privadas”, cuando la ley especifica que esto solo sería legal en el caso de que se tratara de un terreno, no de viviendas.
La Marea está editada por una cooperativa de periodistas y lectores
Suscríbete aquí para ayudarnos a hacer sostenible este proyecto
