Amnistía documenta abusos “impunes” y “habituales” de la Policía española

La organización de derechos humanos sostiene que el derecho a protestar está "amenazado"

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ha presentado este jueves un nuevo informe en el que documenta el uso “excesivo” de la fuerza por parte de la policía española contra manifestantes pacíficos y alerta de que el derecho a la protesta está “amenazado”.

“La policía actúa con total impunidad, mientras que los manifestantes pacíficos y los líderes de los movimientos sociales sufren un acoso constante y son estigmatizados, golpeados y, en ocasiones, detenidos para enfrentarse a cargos penales, encarcelamiento y multas”, ha denunciado Jezerca Tigani, directora adjunta del Programa para Europa y Asia Central.

El informe, titulado España: el derecho a protestar amenazado se suma a varios documentos que la organización ha ido publicando desde que se agudizaron las protestas ciudadanas en 2011. En 2007, no obstante, AI también tocó el tema de la impunidad policial y los malos tratos con el informe España: Sal en la herida. Impunidad policial dos años después. Desde entonces, alerta la organización, ha habido pocos avances.

AI destaca que ha habido casos de “palizas, detenciones, procesamientos y multas contra manifestantes”. La organización recoge en el informe el testimonio de varias personas que han sido agredidas e incluso mutiladas, como es el caso de Ester Quintana, que perdió un ojo por el impacto de una bala de goma durante una protesta en Barcelona en 2012, o el de Consuelo Baudín, que estuvo a punto de perder la vida durante otra marcha en Madrid, el mismo año. En todos los casos, AI denuncia que prima la impunidad y la falta de reparación a las víctimas.

El excesivo uso de las sanciones es otra de las actuaciones denunciadas por la organización, que en conjunto cifran en 300.000 euros acumulados sólo en Madrid. “Se producen injustificadamente sanciones administrativas a organizadores y participantes de las protestas, además de identificaciones masivas”, ha remarcado Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de AI España. La sanción, denuncian, llega dos meses después y para el manifestante es difícil defenderse porque se da mayor credibilidad a la Policía.

Ante los casos documentados por AI, Anja Bienert, miembro del programa de Policía y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, ha advertido que “estamos en un camino peligroso”, un “círculo vicioso de escalada de violencia” en el que se pueden repetir situaciones como las vividas en Grecia, Turquía o Ucrania.

Biener ha sido muy crítica con la policía y ha recomendado a las fuerzas de seguridad no perder la “confianza” y el “respeto” de los ciudadanos con actuaciones desproporcionadas. “Una manifestación que termina en violencia es el fracaso del Estado”, ha zanjado.

En cuanto a los protocolos que utilizan las Unidades de Intervención Policial (UIP) para actuar en manifestaciones, Virginia Álvarez ha asegurado que ni desde el Gobierno ni desde los sindicatos policiales les han facilitado un documento de este tipo. “Sospechamos que no existe”, ha comentado.

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