El camino hacia una postura común de las cancillerías europeas para alcanzar un acuerdo en materia de inmigración hace parada este miércoles en Alicante, donde siete ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, entre ellos el titular español, José Manuel García-Margallo, se reúnen con el fin de realizar una declaración conjunta, que trasladarán al resto de miembros de la UE. Sin embargo, las organizaciones sociales que trabajan a pie de frontera y otros colectivos ciudadanos han emitido un comunicado en el que exigen un “abordaje integral del problema migratorio”, que garantice la erradicación de la violencia y el respeto a las garantías jurídicas de los inmigrantes y a sus derechos fundamentales.
“Nuestras demandas son claras y concretas: por un lado, acabar con aquellas actuaciones policiales o militares, de ambos lados de la frontera marroquí-española, que sean ilegales o de dudosa legalidad tras una investigación rápida y serena: devoluciones en caliente del lado español y trato violento y deportaciones forzadas del lado marroquí. Y, por otro lado, creación de la figura de observadores internacionales de derechos humanos a ambos lados de las fronteras de Ceuta y Melilla”, explica el responsable de la Delegación de Migración en Nador del Obispado de Tánger, Esteban Velázquez.
Santo y seña de la labor humanitaria en el monte Gurugú, donde centenares de inmigrantes subsaharianos malviven durante meses a la espera de saltar la valla que franquea el sueño europeo de Melilla, Esteban Velázquez es uno de los principales impulsores del Foro Social de Ética y Espiritualidades 2015 “El mundo visto desde sus fronteras”.
Frente a la búsqueda de seguridad en las fronteras a través de programas que relacionan la lucha contra la inmigración con la delincuencia organizada, como el sistema de vigilancia pan europeo Eurosur o la agencia europea de fronteras exteriores Frontex, los promotores de este foro social, que alcanza ya su cuarta edición, promueven un diálogo amplio que integre a las organizaciones que trabajan con los inmigrantes.
Para ello, los responsables del foro están haciendo circular por internet y las redes sociales el comunicado en el que piden la adhesión de las organizaciones sociales para cuestionar los planteamientos de la Unión Europea, que pasea de cumbre en cumbre sus buenas intenciones, pero permite a los Estados fronterizos mantener políticas discriminatorias y contrarias al derecho internacional. Es el caso de la privación de la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares por parte del Gobierno español, las devoluciones en caliente o el mantenimiento de los Centro de Internamiento de Extranjeros, los polémicos CIE, donde se trata a los internos como delincuentes y se programan deportaciones arbitrarias.
Plan conjunto de los países mediterráneos
La reunión diplomática informal del denominado Grupo Mediterráneo, integrada por los titulares de Exteriores de Italia, Portugal, Francia, Chipre, Malta, Grecia España, prevista para este miércoles en la sede alicantina de Casa Mediterráneo, sigue la estela de la reciente Cumbre Unión Europea-África, en la que se acordó un plan conjunto para combatir las redes de inmigración ilegal.
El ministro García-Margallo adelantó en una entrevista concedida a Antena 3 el pasado 20 de marzo que la reunión de Alicante servirá para “explicar que aparentemente esto es un problema de los países que hacen frontera, pero también un problema con la libre circulación de las personas que afecta a toda la Unión Europea».
Las declaraciones del ministro dejan entrever un cierto malestar con el organismo de gestión fronteriza europeo Frontex, porque “no está dedicando los medios que debería”, y una reivindicación por parte de los países que soportan la presión en sus fronteras, al señalar que “la inmigración en época de globalización es uno de los problemas más graves difíciles de resolver”.
Por todo ello, se prevé que la declaración que surja de la reunión del Grupo Mediterráneo sirva para reclamar más medios a la UE. Pero queda en el aire la valoración y compromiso que los siete países expresen hacia las reivindicaciones de las organizaciones sociales, centradas en el diálogo, en los aspectos humanitarios y en el respeto a los derechos humanos.
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