MADRID// “Brasil, deja de destruir a los indígenas”, decía la camiseta del indígena amazónico Nixiwaka Yawanawá en la recepción del trofeo de la Copa del Mundo en Londres, a mediados de marzo. A pesar de que su intención era posar junto a él para denunciar que los indígenas de Brasil siguen siendo asesinados para que las grandes multinacionales y los terratenientes puedan ocupar sus tierras y explotar sus recursos, ni la FIFA ni Coca-Cola, patrocinadora del Mundial, le permitieron mostrar el mensaje completo mientras estuvo junto a la copa.
Precisamente Coca-Cola, que además de ser una de las mayores patrocinadoras del evento deportivo también es una de las empresas promotoras del tour que está haciendo la Copa del Mundo antes de llegar a Brasil, está involucrada en varias de estas luchas territoriales de los indígenas. Y es que, según denunció Oxfam en un informe publicado a finales de 2013, la empresa de refrescos compra el azúcar para elaborar sus bebidas a compañías que la producen en tierras expropiadas a los indígenas: Bunge y Usina Trapiche. A pesar de esta colaboración, en uno de los anuncios con los que promociona el Mundial aparece un indígena sonriente que consume esta bebida; algo que un grupo de activistas ha querido denunciar mediante la elaboración de un cartel en el que sustituyen la fotografía del feliz protagonista por el de un policía que se está llevando detenido a un indígena.
El informe elaborado por Oxfam denunciaba que el cultivo de azúcar “ha dado lugar a adquisiciones de tierra a gran escala y conflictos por la tierra en detrimento de los pequeños productores de alimentos y sus familias”. Según queda plasmado en el estudio de la ONG, desde el año 2000 se han registrado 800 adquisiciones de tierra para cultivar a gran escala cuyo territorio equivale a cuatro veces la extensión de Portugal, 33 millones de hectáreas, en todo el mundo. Un territorio que, debido al aumento de la demanda de productos como la soja, el maíz o el azúcar, se utiliza para la exportación al servicio de las multinacionales y no para satisfacer el consumo de las pequeñas comunidades locales.
En todas las regiones en las que se ha despertado el interés por utilizar sus terrenos para satisfacer las demandas del mercado relacionadas con el azúcar se han producido conflictos. Entre estos lugares, Brasil, que además de ser el mayor productor de azúcar del mundo (con el 20% del del suministro total) es responsable de la mitad de las exportaciones mundiales, aunque se prevé que para 2020 alcance el 60%. Este es el motivo por el que una octava parte del total de su territorio cultivable, 10 millones de hectáreas, la dedican a producir azúcar a gran escala.
Según recoge el informe de Oxfam, titulado La fiebre del azúcar, Brasil ha pasado de sufrir 751 conflictos vinculados con la tierra en 2008 a 1067 en 2012, con 36 muertes y 77 intentos de asesinato incluidos en ese último año. Conflictos violentos que, además de con los derechos sobre las tierras, tienen que ver con el uso intensivo de agua, que pueden dejar sin este recursos a las comunidades que habitan esas zonas, el uso de pesticidas y fertilizantes o los vertidos indiscriminados de residuos y su consecuente daño a la salud de los indígenas además de destrozar sus recursos pesqueros y dejarlos sin su principal fuente de supervivencia.
Mato Grosso y Bunge
El primero de los conflictos en los que Coca-Cola está involucrada en Brasil tiene que ver con la empresa Bunge (una de las tres comercializadores más grandes del mundo y una de las tres empresas más potentes del sector en este país) y su filial en el país carioca, Monteverde, localizada en Ponta Pora, un municipio al sur de Mato Grosso do Sul, donde el cultivo de caña de azúcar se multiplicó por tres entre 2007 y 2012 hasta superar el medio millón de hectáreas. La cronología del problema es la siguiente:
1960. La comunidades indígenas guarani-kaiowá de Jatayvary comienzan a tratar de formalizar sus derechos sobre la tierra.
Años 90. Tras décadas sin obtener logros, los expulsan de estos territorios durante cuatro años. A su vuelta, denuncian amenazas por parte de los agricultores que trabajaban en estas tierras.
2004. La Fundación Nacional del Indio (FUNAI),el organismo federal encargado de estas cuestiones en Brasil, reconoce Jatayvary como tierra indígena.
2008. Se instalan en este territorio dos ingenios azucareros: el de San Fernando, propiedad de Agropecuária JB (Grupo Bumlai) y del Grupo Bertin, y Monteverde propiedad de Bunge.
2011. El Ministerio de Justicia de Brasil limita el territorio de los guarani-kaiowá a los que, además de reconocerles sus derechos, les otorga 8.800 hectáreas en Jatayvary.
Como el proceso de demarcación de las tierras ya había comenzado, el fiscal general solicitó a Bunge que dejara de utilizar los territorios de esta región para cultivar azúcar y que tampoco se la comprara a Monteverde. Como respuesta, Bunge argumentó que el contrato lo habían firmado los antiguos propietarios de su filial y que, una vez que la demarcación estuviera ratificada por la presidenta de la nación, considerarían romperlo. Por otro lado, se comprometieron a no renovar los acuerdos cuando expiraran, en 2013, aunque después declararon que, en realidad, los contratos no vencerían antes de 2014. Según afirma Oxfam, Coca-Cola aclaró que no le compraba azúcar directamente a Monteverde, aunque sí reconoció que lo hacía de otros negocios que Bunge tiene en Brasil.
Pernambuco y Usina Trapiche
La empresa Sierra Grande compró la planta de refinado de azúcar Usina Trapiche en 1998. Ese mismo año, expulsaron a 53 familias de sus tierras, localizadas en Pernambuco, al noreste de Brasil, debido a la intención de instalar una refinería en estos terrenos. Además, la compañía azucarera solicitó al Estado la concesión de los derechos sobre el estuario y las islas en los que residían estas familias.
Los indígenas expulsados denunciaron que la compañía estaba arrasando sus hogares y pequeñas explotaciones agrícolas además de estar amenazándolos sistemáticamente para tratar de echarlos. Unas denuncias que, según Oxfam, se seguían registrando en 2012, cuando diferentes trabajadores de la empresa fueron acusados de quemar sus cabañas. Por su parte, Usina Trapiche argumentó que estaban tratando de preservar el manglar, el terreno en el que se habían instalado, aunque ya acumulaban diversas multas por contaminar el río, dañar el medio ambiente y matar a los peces de los que se alimentaban las familias a las que habían desplazado y que servían como fuente de ingresos para las comunidades de pescadores aledañas. A pesar de que en 2009 se les reconoció a las familias expulsadas de Pernambuco su derecho sobre la reserva, tampoco ha sido ratificado por la presidenta, por lo que aún no es oficial. En su informe, Oxfam confirma que tanto Coca-Cola como su rival, Pepsi Cola, han admitido comprar el azúcar obtenida por Usina Trapiche para elaborar sus productos.
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