El equipo jurídico de las Marchas de la Dignidad 22-M ha manifestado en una rueda de prensa celebrada este viernes que la carga policial que inició los disturbios el pasado sábado se realizó “sin existir motivo racional” y “sin advertencia previa”. Esta carga, que comenzó una hora antes del final previsto para la concentración, desencadenó una actuación policial “dirigida de forma indiscriminada y brutal contra el conjunto de manifestantes”, según reza el comunicado de los letrados.
Rafael González, miembro de la coordinación de las marchas, asegura que los primeros disturbios fueron originados por el lanzamiento de un petardo a la Policía por parte de tres manifestantes “que aparecieron por la calle Génova, no desde la manifestación”. “A partir de ese momento bajaron seis furgonetas de la policía nacional, que no fueron a por esas tres personas, sino a cargar contra la gente que estábamos pacíficamente en Colón”, defiende González.
Los altercados se saldaron con 21 personas detenidas ese mismo día, más otra que fue apresada el día siguiente en la concentración que reclamaba la libertad de los primeros. Los abogados denuncian que durante las detenciones se han producido lesiones injustificadas y que los detenidos han declarado ser víctimas de lo que podrían ser hechos “constitutivos de un delito de tortura y malos tratos”. Según el equipo jurídico, “la práctica totalidad de los hombres detenidos denunciaron haber sido obligados a permanecer hasta siete horas de pie con los brazos en alto, haber sufrido cambios de temperatura bruscos e intencionados y privación de comida y agua y de la posibilidad de acudir al baño durante las primeras 24 horas”. Los letrados también acusan a la Policía de dar un trato “no sólo degradante sino especialmente discriminatorio” a las mujeres detenidas, a las que, según ellos, “se les negó el acceso a medicamentos y material higiénico necesario”.
De los 21 detenidos, sólo uno de ellos, Miguel, ha acabado en prisión preventiva, a pesar de que inicialmente se pidieron medidas cautelares para otros seis más. Para los abogados de las Marchas de la Dignidad, este hecho pone de manifiesto “la desproporcionada actuación policial durante la manifestación, especialmente a partir de las 20.40 horas”, cuando comenzaron las cargas.
El abogado de Miguel y también miembro del equipo jurídico de las marchas, Jesús Calpe, ha anunciado que la pena que se le imputa a su defendido ha sido rebajada de intento de homicidio a un delito de lesiones. El letrado se ha quejado de que Miguel esté en la cárcel “sin que se haya acreditado en ningún momento su participación en los hechos que el atestado le atribuye”.
La única prueba que aporta la Policía, según el abogado, es la palabra de unos agentes de paisano que acusan a Miguel de lanzar unas declaraciones en las que afirmaba “ir de subidón” por haber agredido a un policía. Calpe ha explicado que la detención se produjo después de más de una hora de seguimiento de su defendido por lo que se extraña de “que no se haya filiado a alguna de las personas de las que estaban cerca cuando en teoría Miguel dijo eso, para tenerlos como testigos, o que no se haya hecho ningún video o ninguna foto con lo fácil que es hacerlo con un móvil”.
En la rueda de prensa también ha participado Alba González, vecina de Carabanchel, el barrio de Miguel y participante de la Asamblea contra la Represión que se ha formado en el barrio. González ha leído un comunicado de la asamblea en la que denuncia lo que consideran una criminalización del propio Miguel y de la protesta social. Por último, la portavoz de la asamblea ha anunciado que se harán cargo tanto de la financiación del proceso judicial de su vecino como de seguir su caso, tanto en los tribunales como en los medios de comunicación, que, según ella, “ya han dictaminado una sentencia”.
El equipo jurídico no sólo ha criticado la actuación policial, sino que también ha señalado las declaraciones previas a la marcha de la delegada del Gobierno en Madrid y el presidente de la Comunidad de Madrid. Según su punto de vista, las “manifestaciones degradantes e injuriosas” de ambos se pueden considerar una injerencia en el derecho a la manifestación y una vulneración del derecho al honor. Según el comunicado del equipo jurídico estas declaraciones forman parte de “un plan preconcebido para criminalizar” a los manifestantes, cuya última pieza fue la “difusión masiva en los medios de comunicación, a iniciativa de mandos policiales y gubernamentales, de supuestas armas incautadas”.
Desde la coordinación de las marchas, Rafael González se ha lamentado que todos estos hechos enturbien y escondan el “éxito” de la movilización.