MADRID// “Tengo serias dudas de que el Gobierno quisiera dar ese paso si no lo hubiera acordado con Nuclenor. Creo que esta es una reforma pactada con ellos. Ojalá me equivoque pero tiene toda la pinta de que se están dando pasos para su reapertura”, afirma desde Bruselas el coportavoz de Equo Nacional Juan López de Uralde. Unas declaraciones motivadas por la decisión que ha tomado este viernes el Consejo de Ministros de aprobar un Real Decreto que permitirá a los propietarios de la central nuclear de Garoña pensarse hasta el 6 de julio si desean solicitar su reapertura.
Esta decisión, para López de Uralde, no es casual. “Nuclenor está participada al 50% por Endesa e Iberdrola. Justo ayer (por el 20 de febrero) Sánchez Galán dijo que Garoña era una central segura que debía reabrirse y, al día siguiente, sin tan siquiera guardar las formas, el Gobierno aprueba una norma que posibilita su apertura. Esto demuestra cómo se toman las decisiones y le hace a uno preguntarse quién manda en España, si el Gobierno o Iberdrola”, asevera.
Aunque el pasado 14 de febrero la Audiencia Nacional emitió una sentencia en la que afirmaba que el cierre de la central nuclear debía ser efectivo, el portavoz de Ecologistas en Acción sobre asuntos nucleares, Paco Castejón, aclara que este nuevo Real Decreto no la contradice. “Esta sentencia decía que no se podía reabrir Garoña en el marco legislativo existente, pero este Real Decreto cambia el marco legislativo, por cierto, a medida de una empresa nuclear, por lo que deja de haber contradicción”, explica.
Son varias las modificaciones que introduce esta norma, aunque la principal, y la más grave, pasa por la reducción de plazos para solicitar la reapertura de una central nuclear. “De acuerdo con la vigente normativa sobre seguridad nuclear, las centrales que se cierran deberían de presentar el permiso y esperar tres años paradas antes de que se pueda reabrir. El Gobierno reduce estos tres años a uno, por lo que antepone los intereses económicos de Nuclenor a los de la seguridad nuclear. Esto es realmente inaceptable“, recalca el coportavoz de Equo.
Para Paco Castejón, la gravedad de esta reforma se asienta en tres motivos. El primero, que, según afirma, este Real Decreto debería haberse hecho para trasponer una directiva europea para mejorar la gestión de residuos radiactivos. Sin embargo, “el Gobierno, de tapadillo, está falseando o pervirtiendo la intención con la que se elaboró esta directiva”. El segundo motivo, en la línea de lo afirmado por López de Uralde, pasa por la evidencia de que el Gobierno haya elaborado una ley “a la medida de una empresa privada, lo que no sólo es algo irregular sino, de hecho, antidemocrático”.
Finalmente, Castejón asevera que este Real Decreto modificará la piedra angular de la legislación de la energía nuclear ya que “cambia el reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, que es donde aparecen todos los requisitos para garantizar la seguridad nuclear. De tapadillo, los trámites necesarios que establece el Consejo de Seguridad Nuclear se cambian. Son tres motivos escandalosos”, sentencia.
Un motivo, este último, con el que también están de acuerdo desde Greenpeace, quienes lamentan la aprobación del Real Decreto y exigen el desmantelamiento inmediato de la central. Su portavoz de asuntos nucleares, Raquel Montón, considera que la aprobación de esta nueva ley genera tres incertidumbres, dos de ellas relacionadas con la normativa española y una tercera con la económica. “Esta nueva ley implica la modificación del reglamento sobre instalaciones nucleares radiactivas. Nunca se había modificado y los pequeños cambios que se han hecho han llevado meses, mientras que esta vez se ha acordado en 12 días”. Una decisión basada en lo que ha definido como una valoración precipitada y que abre una doble vía a todas las centrales que están en fase de cierre, ya que el propietario decidirá si va hacia el desmantelamiento o si solicita una nueva licencia.
“Esa incertidumbre en la que estará el regulador –sostiene Montón- implica graves riesgos a la hora de garantizar la seguridad de los protocolos y procedimientos que tiene que aplicar”. El otro gran problema es que esta modificación afectará con carácter retroactivo a una orden ya dada. “La orden de cierre definitivo que dio la Audiencia Nacional es una orden efectiva y ajustada a la ley. Por tanto, lo que hace el Gobierno es abrir una vía jurídica alternativa porque da la posibilidad al que tenga una orden de cierre definitivo a que vuelva abrir”, cuenta.
Favor por favor
Respecto a la cuestión de si la decisión de aprobar este Real Decreto es una forma del Gobierno de contentar a un Sánchez Galán (presidente de Iberdrola) cada vez más reacio a invertir en España, López de Uralde afirma no saberlo. “Lo que sí se sabe es que Nuclenor y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) llevan meses negociando en secreto para elaborar esta nueva normativa. Y es un auténtico escándalo que el CSN, un organismo que debería de observar el cumplimiento de la normativa y de las normas de seguridad, se preste a la reducción de la seguridad nuclear para satisfacer los intereses económicos de una empresa propietaria de una nuclear”, asegura.
Para el portavoz de Ecologistas en Acción, lo que está claro es que, “o el Gobierno le ofrece algo más a Garoña, o Nuclenor no va a solicitar la prórroga”. Se refiere a alguna contrapartida económica como podría ser lo relacionado con el lucro cesante, “o sea que si dejan de explotar la central, por lo que sea, le den una indemnización por lo que vayan a dejar de ganar”. El motivo es que Garoña no está en buenas condiciones y, “aunque Nuclenor invierta los 150 millones de euros necesarios para ponerla otra vez en funcionamiento, no hay garantías de que pasado mañana no tenga una nueva avería, lo que supondría una nueva paralización, por lo que no les sería rentable”. Según Castejón, “el PP podrá garantizar que no habrá problemas legales, pero no puede asegurar que no vaya a haber averías o problemas técnicos, por lo que de alguna forma tendrán que garantizarse el negocio si Nuclenor reabre la central”.
También la portavoz de Greenpeace considera que la aprobación de este Real Decreto puede traer algún tipo de negociaciones secretas consigo. Según ha explicado, aunque Nuclenor solicitara la reapertura de Garoña mañana, quedaría un largo camino por delante antes de que se hiciera efectiva. “Cuando en 2009, durante el gobierno de Zapatero, se pidió al CSN informes para ver si alargaban su vida, optaron por ampliarla hasta el 2013 porque así no pasaba el límite de los 40 años. Es decir, que los requerimientos de normativas y cumplimentación de informes y mejoras eran diferentes. Pasada esa barrera los informes son distintos”, explica Montón.
Además, Montón cuenta que desde 2009 Garoña no ha implementado ninguna de las exigencias que se requiere para una central que se supone que va a tener una vida tan larga, de 60 años en total, así como tampoco las exigencias técnicas derivadas de Fukushima porque iban a cerrar. Por tanto, si Nuclenor decide solicitar la reapertura de Garoña, el CSN tendrá que revisar documentación y requerir muchos informes y valoraciones, lo que derivará en un procedimiento bastante largo. Tanto, que podría extenderse hasta pasadas las próximas elecciones. “Después de que Sánchez Galán haya dicho ya que no piensa invertir más en este país, que justo decida hacerlo en una central que ni es necesaria desde el punto de vista energético, ni es muy grande, no tiene sentido si no tiene asegurado un retorno”, puntualiza.
Para que sea rentable, por tanto, es necesario que Nuclenor tenga garantizada la rentabilidad. “Lo voy a explicar de manera muy coloquial –anuncia Montón-. Si tú, por ejemplo, tienes un negocio de palomitas y te obligan a venderlas a 50 céntimos, prefieres no abrirlo porque no es rentable. Pero si te aseguran que vas a poder vender palomitas durante los próximos 20 años, la cosa cambia”, cuenta. “He leído en varios medios que Iberdrola le mandó una carta al Gobierno en la que le exigía, como premisa para que Garoña fuera rentable, que le aseguraran determinados años de vida útil. Para ello, no solamente el PP, sino los sucesivos gobiernos que pueda haber le tienen que garantizar un funcionamiento a largo plazo”, concluye.
La reducción de plazos en la tramitación de la reapertura de Garoña lleva consigo una merma en la garantía de seguridad nuclear que tiene aparejada cualquier procedimiento similar con una empresa de este tipo. Y este descenso en la garantía de seguridad, según la portavoz de Greenpeace, lo va a pagar el conjunto de la ciudadanía, no solamente con su salud, sino con su dinero. “La nuclear es la única industria que no sólo no tiene cubierto el total montante de la responsabilidad civil a la que debería estar obligada, sino que además también los proveedores y suministradores están exentos de responsabilidad. Solamente es responsable el operador, que está obligado a pagar una cantidad limitada por los daños que pudiera causar, que jamás va a ser suficiente para cubrir los costes que puede generar un accidente nuclear. Ni siquiera tuvo capacidad Tepco, que es la tercera compañía energética más grande del mundo, para hacer frente al gasto que supuso Fukushima. De hecho, está siendo rescatada por el Gobierno japonés”, recuerda.
La única forma de revertir este proceso, según Juan López de Uralde, es “la presión, las revueltas en la calle y la lucha antinuclear. El Gobierno ha dado muestras claras de lo que quiere, que es alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 60 años. Este Real Decreto es una pieza clave para esa política nuclear al igual que lo es el nuevo cementerio nuclear que quieren construir en Villar de Cañas y, por tanto, lo que toca es la respuesta en la calle hasta que se consiga que dé marchas atrás”, concluye.
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