MADRID // El año que acaba de empezar se anuncia duro para los trabajadores del Instituto Cervantes, la institución oficial encargada de difundir las lenguas y culturas de España en el mundo. A la denuncia de CCOO de que esta entidad pretende acometer un plan de reestructuración, se ha sumado recientemente la decisión del Cervantes de no prorrogar el acuerdo que desde 2004 permitía a sus expatriados tener un representante sindical liberado en Madrid.
La consecuencia de esta decisión, explica Ana María García Escobar, secretaria para el exterior de la Federación de Educación de Comisiones Obreras (CCOO), el sindicato mayoritario en el Cervantes, es que estos trabajadores que viven en el extranjero, al no tener un representante que les dé voz ante la dirección, ni siquiera van a poder beneficiarse de una “negociación colectiva”, que, deplora García Escobar, en caso de ser necesaria “no tendría ni siquiera lugar”.
Los trabajadores sí seguirán teniendo representantes sindicales en sus centros en el exterior, pero éstos «difícilmente podrán representarles» en una negociación, dado que sólo cuentan con 15 horas de liberación sindical, un tiempo «insuficiente para acudir a Madrid y participar en unas aún hipotéticas reuniones, subraya la secretaria de la Federación de Educación de CCOO. Estos delegados en ningún caso pueden representar a todos los trabajadores expatriados en los 43 países en los que el Cervantes tiene sedes, sino “sólo a los de su centro”, recalca.
En 2004, el instituto y los representantes sindicales habían llegado a un acuerdo por el que los delegados de personal de los diferentes centros cedían parte de sus horas sindicales para que uno de ellos quedase liberado, pudiera trabajar en Madrid, de forma que tuvieran voz ante las instituciones. Este pacto había permitido que la central mayoritaria pudiera estar representada en las diversas negociaciones colectivas.
La situación cambió justo ahora que, según el sindicato, se anuncian nuevos recortes en el Cervantes, un extremo negado a La Marea por el director de Comunicación y Promoción de la institución, Hernando Fernández Calleja.
El relato de los hechos que hace este representante del organismo cultural y el de la portavoz de la central sindical difieren notablemente. Ambos coinciden, sin embargo, en atribuir el cambio a un informe de la Dirección General de la Función Pública, instancia dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ese dictamen establecía que no se ajustaba a la ley que los delegados del personal de los centros cedieran horas a la persona que hasta ahora ha estado liberada para representar a los trabajadores en Madrid.
Sin embargo, mientras que para el director de Comunicación del Cervantes, se trata de regularizar una actuación que «de acuerdo con la reforma laboral y la ley de Presupuestos Generales de 2014, no estaba permitida», para la representante del sindicato esta decisión surge de una «interpretación extremadamente restrictiva de la ley» que, en última instancia, se dirige a «vulnerar los derechos laborales del personal expatriado».
CCOO ha convocado ya paros parciales en sus centros entre el 3 y el 14 de marzo para protestar contra esta medida que deja a los expatriados del Cervantes “desprotegidos”, recalca García Escobar, ante los nuevos recortes que en su opinión se anuncian.
La versión del Cervantes
Hernando Fernández Calleja, el director de Comunicación y Promoción del Cervantes, desmiente las afirmaciones de la representante sindical y asegura que su institución «se ha limitado a aplicar la instrucción de la Dirección General de la Función Pública». También ha asegurado que «no existe ningún plan de reestructuración laboral» en la institución y destacado el «grado de disponibilidad» de la dirección del centro para dialogar con los sindicatos.
«Dijeron que íbamos a hacer un ERE y ni está ni se le espera. También dijeron que íbamos a cerrar centros y el único que se ha cerrado ha sido el de Damasco, dado que las bombas caían en la acera de la sede en esa ciudad. El personal ha sido además recolocado. Y eso pese a la fortísima reducción de los recursos públicos destinados al Cervantes», destacó Calleja.
Este desmentido es acogido con escepticismo por CCOO. María Antonia López, la delegada sindical que hasta ahora ejercía como representante en Madrid-y que ahora se reincorporará al Cervantes en el que trabajaba en el extranjero- asegura que, durante una reunión con la dirección del Instituto, celebrada el pasado 6 de febrero, con el fin de debatir acerca de las condiciones laborales de los empleados de la institución, la directora de Recursos Humanos, Gloria Bodelón Alonso aseguró que «sobraban puestos de trabajo pero no personas».
«¿Cómo se entiende esto?», se pregunta López, que subraya que la intención del Cervantes, en su opinión, quedó aún más clara «cuando Bodelón afirmó que habría cambios de contrato y, ya fuera de acta, aseguró que se iban a suprimir puestos de jefes de estudio y administradores, los que tienen la retribución más alta, para reconvertirlos en coordinadores educativos y administrativos, es decir jefes de estudios pero con sueldos más bajos y sin complemento por extranjería», deplora la delegada sindical.
