*Este artículo forma parte del dosier del número de enero de la revista en papel, a la venta aquí . Este miércoles 12 de febrero, a las 19 horas, La Marea organiza un debate-conferencia sobre la Brigada Político Social y la represión franquista.
L.M. / T.M // Vicente Pérez Ventura no sólo recuerda los golpes que le cayeron en las dependencias policiales de la Brigada Político Social (BPS) de Valencia durante la dictadura franquista, sino también la premonición en boca de uno de sus torturadores: “No os equivoquéis, cuando llegue la democracia nosotros seguiremos aquí”. Pérez Ventura fue detenido el 28 de abril de 1971 durante una gran redada en la Universidad de Valencia en búsqueda de activistas comunistas. “Me llevaron a comisaría, estuve en mangas de camisa y durante siete días en una celda de un metro y medio de ancho por tres de largo, sin cama, con un frío tremendo y sin hablar con nadie. A mí en concreto me golpearon Manuel Ballesteros, Ángel Castellanos y un tío muy fuerte que no sé quién es, un gorila, uno al que llamábamos Pepe el Boxeador”. Pérez Ventura recuerda aquellos momentos y agacha la cabeza, entre una muestra de vergüenza ajena y odio contenido.
El pasado 8 de noviembre, La Marea reunió a Pérez Ventura con otras tres víctimas de los interrogatorios de la policía franquista –Luis de Felipe, Manuel Tello y Juan José López– en el Centre Cultural La Nau, la antigua sede de la Universitat de València, donde algunos de ellos habían estudiado. También participó Ofelia Vila, militante comunista en aquella época que tuvo la suerte de evitar la detención, pero que comparte el recuerdo doloroso de sus compañeros. “Muchas veces nos hemos reunido pero creo que es la primera vez que oigo aquí el relato detallado de las torturas”, asegura Vila.
Estos valencianos se han adherido a la querella que unas 200 víctimas de la represión policial durante el franquismo han presentado ya ante un tribunal de Argentina. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, citó el 4 de diciembre al exinspector de policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño , y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, por las acusaciones de torturas durante la dictadura, y les confiscó el pasaporte a la espera de decidir sobre su extradición a Buenos Aires. Por primera vez, dos cargos del régimen franquista tuvieron que dar la cara ante un tribunal, 38 años después de la muerte del Generalísimo.
Las víctimas han tenido que esperar mucho tiempo para que llegue este momento, lo cual no quiere decir que durante la dictadura se quedaran de brazos cruzados. Intentaron hacer justicia a su manera. Para ello emplearon un método que se acaba de recuperar en España, el llamado escrache. La asociación argentina H.I.J.O.S., impulsora desde 1994 de las denuncias públicas contra la impunidad de los torturadores de la dictadura militar en su país, explica el significado del término: “escrachar es poner en evidencia, revelar en público, hacer aparecer la cara de una persona que pretende pasar desapercibida”.
[Los detenidos en abril de 1971 presentaron una denuncia contra el franquismo en la embajada argentina, el 29 de noviembre. FERNANDO SÁNCHEZ]
En enero de 1972 el periódico clandestino Verdad publicó en su contraportada, tras las crónicas sobre las luchas obreras en el puerto de Sagunto, una lista de 25 miembros de las fuerzas de seguridad bajo un llamativo título: Torturadores de la BPS . El listado detalla nombres y apellidos, y en algunos casos incluso la dirección y el número de teléfono. En otros ficheros que circulaban de forma clandestina se añadían las matrículas de los coches de los agentes acusados. Un escrache avant la lettre que clamaba así: “Denunciamos a continuación una amplia lista de los más destacados torturadores de la BPS de Valencia”. Y advertía: “Estos asesinos a sueldo de la dictadura franquista son conocidos por su brutalidad en los interrogatorios, por estar especializados en torturas salvajes e inhumanas, por ser los agentes represivos de que la dictadura se ha valido durante más de treinta años para someter y explotar al pueblo español”. Termina con la siguiente proclama: “Llamamos desde aquí a todos los valencianos para que allí donde se encuentren estos torturadores, se les denuncie, se les escriban cartas, se les llame por teléfono continuamente, se les haga la vida imposible en todos los sentidos; en fin que se les impida convivir con el resto del pueblo”.
Estado de excepción y redadas Para entender la naturaleza de esta lista hay que remontarse al 14 de diciembre de 1970, cuando se declara el estado de excepción en toda España que durará hasta el 13 de junio de 1971. “En la dictadura se suspendían algunos artículos de lo que en teoría era el marco jurídico constitucional del régimen. Te podían tener detenido por tiempo ininterrumpido durante todo el estado de excepción”, explica Juan José López en La Nau.
“La madrugada del 23 de abril de 1971, una semana antes del 1 de mayo, comienza una de las redadas más extensas contra los miembros universitarios del PCE y contra sectores de CCOO”, cuenta uno de los estudiantes detenidos, Benito Sanz, actualmente profesor de Ciencias Políticas en la Universitat de València. Sanz explica en L’oposició universitària al franquisme (1939-1975) que “prácticamente toda la estructura comunista de la Universidad es detenida, y los que no lo son durante las primeras horas se esconden para evitar su detención segura. La redada ha sido bien planificada con tiempo y son detenidos casi 30 estudiantes”.
El primero en ser detenido, el 23 de abril, a las seis de la mañana, fue el estudiante Francisco Camarasa, hoy propietario de la librería barcelonesa Negra y Criminal. En sus interrogatorios, según consta en el sumario 275/69 del Tribunal del Orden Público (TOP), participaron Jacinto López Acosta y Manuel Ballesteros. Además de a ellos, Camarasa también ha denunciado a otros dos miembros de la BPS: Luis Emilio Ávila y Benjamín Solsona. Cuando recuerda a este último se le ponen los pelos de punta. “Solsona era un psicópata”, asegura mientras recrea un encuentro con él: “Un domingo me hizo llamar y me dijo: ‘Tranquilo, que acabo de venir de misa y he prometido no pegar a nadie hoy”. Del resto también tiene oscuros recuerdos. “Por ejemplo, cuando Acosta te dice que te puede pegar un tiro y puedes aparecer en una acequia, no te lo crees, pero cuando te lo dice al octavo día… ya dudas”. A veces les decían “¿Quieres tirarte como Grimau?”, haciendo amago de abrir una ventana.
Pérez Ventura también acabó en las dependencias de la BPS en aquella redada contra universitarios que estuviesen vinculados con el Partido Comunista. Al sexto día de su detención, lo subieron a un despacho policial y allí “empezaron los golpes sin parar, no sé ni el tiempo que duró eso, me bajaron a la celda y al día siguiente vuelta a subir… y a empezar con lo mismo”. Sus compañeros recuerdan con nitidez los “golpes y torturas que sufrían por parte de los policías”. Para Manuel Tello, profesor de Matemáticas jubilado, lo peor era “cuando nos metían la cabeza dentro del lavabo, hasta que no aguantábamos más”. También recuerda una regla metálica con la que les castigaban y cómo la policía “disfrutaba” haciendo el pato, que consistía en poner al detenido de cuclillas, con las esposas, y obligarle a caminar. “Aparte de la tortura física, la psíquica era muy importante, para ellos y para nosotros. Además de pegarte te desmoralizaban”, remarca.
El objetivo era que firmasen que habían participado en manifestaciones, que pertenecían al partido comunista y que conspiraban contra Franco. “Yo tenía que firmar tres de todo”, afirma Tello con ironía, “que había estado en tres manifestaciones, que había repartido panfletos tres veces…”.
La mayoría de los detenidos estuvo custodiada por la BPS desde finales de abril (casi todos desde el día 23) hasta el 6 de mayo. Después pasaron a la cárcel y de allí, a la calle, a esperar un juicio que se celebró cuatro años más tarde y que acabó con penas menores y la absolución de la mayoría de los detenidos. A raíz de esos días en los calabozos, Manuel Tello recuerda que tuvo que ingresar en un hospital “a causa de los golpes”. Pero en el Hospital General de Valencia, donde lo atendieron, no queda ninguna constancia de su paso por allí.
Nombres que se repiten En las denuncias siempre aparecen los mismos nombres. También las mismas condiciones. Todo sucedía en la Jefatura Superior de Policía de la Gran Vía Fernando el Católico de Valencia. Todos explican que dormían en bancos de piedra, y una vez al día recibían un cubo con lo que parecían restos de comida de algún cuartel. Entre los casos de tortura que aparecen en el sumario 275/69 del Tribunal del Orden Público sobrecoge el descrito por una mujer que relata cómo llegó a tener un aborto porque no le atendieron mientras sufría “una intensa hemorragia vaginal”. Se apuntaba que “en los quince días no recibió asistencia facultativa, pese a que los policías que la custodiaban, García Tarazona, Roncales y Castellanos, sabían perfectamente lo que le sucedía”. El frío y las condiciones de dos semanas de encierro hicieron el resto. Ella no denunciará, ya falleció.
Las hojas de declaración que constan en el sumario 593/71 del TOP contienen las denuncias de varios estudiantes ante el juez, ya en la prisión provincial. Francisco Camarasa expone “haber sido objeto de presiones tanto físicas como psicológicas”. Otro detenido, José Luis Monzón, reseña “malos tratos y amenazas”. Algunos de los estudiantes maltratados apuntaron los nombres, apellidos y otros datos de los autores de sus interrogatorios. Pero no se sabe cómo aquellos nombres llegaron a manos de los responsables de Verdad que decidieron reproducir la lista de los 25 policías implicados.
También se desconoce cómo reaccionaron al escrache los funcionarios que fueron expuestos en el periódico. Muchos estaban bien vistos en la sociedad como funcionarios del régimen, sin que sus vecinos sospecharan de sus métodos para interrogar a detenidos. Rafael Pla, veterano militante comunista, precisa que “eran conocidos pero también eran muy sensibles a la denuncia pública”. Según recuerda este profesor jubilado, detenido en numerosas ocasiones, “eran torturadores profesionales, no lo hacían de una forma apasionada, eran funcionarios que pensaban que estaban haciendo su trabajo y utilizaban una tortura funcional con un objetivo: obtener información”. Aun así, para Pla “era gente chalada e inhumana”. Un antiguo inspector del grupo especializado en estudiantes de la BPS que estuvo a las órdenes de Benjamín Solsona y Manuel Ballesteros recuerda la paranoia de sus superiores: “Aparecían cuatro panfletos de Comisiones Obreras, y para los jefes parecía que era el fin del mundo”, dice bajo anonimato.
La exposición pública de las identidades de los miembros de la BPS gracias a Verdad no fue la única pequeña victoria de la resistencia antifranquista en Valencia durante la dictadura. Las víctimas también consiguieron lo que parecía casi imposible: que un juez admitiera una querella por el caso de las torturas.
Todo comenzó con Luis de Felipe, según relata en la reunión con La Marea . Le detuvieron a cinco días de comenzar la gran redada policial. Estaba haciendo el servicio militar e incluso entró de uniforme a la comisaría. A pesar de ello, y de ser hijo de militar, no se libró de los golpes. Cuando le soltaron y volvió al cuartel, De Felipe intentó que un médico forense le certificara “las señales de torturas que aún tenía en algunas partes del cuerpo”. Pero ni el capitán médico del cuartel ni los demás especialistas se atrevieron a examinar al soldado. De Felipe no se resignó y finalmente, el 15 de mayo de 1971, logró que un médico pediatra con el nombre de Vicente Uribes del Barco le hiciera caso. “Presenta contusión abdominal y en ambos hipocondrios, derecho e izquierdo, y además una tumefacción con hematoma en región malar izquierda”, constaba en el Certificado Médico Ordinario. Con ese papel acudió al juzgado donde, junto con los familiares de los otros detenidos, presentó una denuncia contra los policías de la BPS.
[Manifestación por el centro de Valencia en los años 70 pidiendo amnistía para los presos políticos. FEIS]
Y, extrañamente, esa denuncia llegó a manos de un juez municipal, el del número 3, Gimeno de apellido, que vio indicios de un posible delito de coacción. Juan José López recuerda que “lo primero que hacíamos al llegar ante el juez era negar que era cierto lo que declarábamos y contar que habíamos sido torturados”. Esto propició que el juez iniciase una causa que pasó por el juzgado de Instrucción número 1 y llegó hasta la Audiencia Provincial de Valencia. De hecho, se tomó declaración a los policías e incluso se practicaron careos con los familiares. La madre de Camarasa relató al juez que había visto en comisaría a su hijo “hecho un ecce homo”. La denuncia fue creciendo, ya que se aportaron los partes médicos y se acreditó que “algunos incluso precisaron ir al hospital para ser atendidos por dolores de oídos o problemas de visión producidos por los golpes”. Esta es una de las pocas veces que durante la dictadura se inició un sumario contra la policía. Pero el caso no llegó hasta el final. La causa adquirió tal dimensión que tanto el juez municipal como el juzgado provincial se inhibieron ante el Tribunal Supremo. Y allí se cerró el caso. “La denuncia de las torturas, lo que ponía en cuestión era el fundamento de la justicia que había hacia los temas políticos, lo que en cualquier Estado democrático estaba reconocido como un comportamiento político normal, no violento, no agresivo, estaba perseguido por el régimen”, concluye Juan José López.
Con la muerte de Franco en 1975 y la restauración de la democracia, Pérez Ventura comprobó que la advertencia que le habían hecho sus atormentadores se cumplía: “Tras la Transición que se hizo aquí, siguieron mandando los mismos”. Tal como cuenta el periodista Alfredo Grimaldos en Claves de la transición (1973-1986), “en el primer gobierno de Adolfo Suárez, se nombra subdirector general de la Policía a José Sáinz González, que ha sido jefe de la BPS en Bilbao desde 1970 hasta 1974, y resulta un antiguo conocido, de interrogatorios y torturas, para muchos militantes nacionalistas e izquierdistas”. Más tarde, Sáinz, que fue promocionado hasta ser director general de la Policía, “sitúa en casi todos los altos cargos a miembros de la antigua BPS franquista”.
Por la cuota valenciana, irán Benjamín Solsona, que tras ser destinado a Málaga como comisario jefe y pasar por la comisaría de San Sebastián fue finalmente jefe superior de Policía en Bilbao de 1980 a 1982, y en Baleares hasta 1988; Manuel Ballesteros, alto cargo de la lucha antiterrorista con el socialista José Barrionuevo al frente del Ministerio del Interior; y el jefe de la BPS valenciana en 1973, José de Oleza Zaforteza. Este último, que había recibido en 1960 la medalla al mérito policial en una ceremonia presidida por Carmen Polo, fue nombrado comisario general de Investigación el 27 de noviembre de 1976, según el Boletín Oficial del Estado.
Y es que “la endogamia de la reciclada BPS permite que sus hombres acaparen casi todos los puestos de responsabilidad en la policía de la Transición”, apunta Grimaldos, quien también recuerda que se beneficiaron “después de magníficos empleos como jefes de seguridad de bancos, grandes firmas automovilísticas y empresas públicas”. Otros eran personajes respetados en la vida pública valenciana, como Jacinto López Acosta, que se jubiló el 1 de abril de 1989 tras una pletórica carrera en la BPS y al que Rafael Pla denunció públicamente en una asamblea de profesores celebrada en la Facultad de Derecho con motivo de la primera huelga de profesores no numerarios. “Mirad -dijo Pla a los asambleístas señalando al policía infiltrado- éste de aquí es Jacinto Acosta, jefe de la BPS, miradlo todos y aprenderos su cara. De manera que el tipo se encontró rodeado de 200 profesores mirándolo”, recuerda Pla. López Acosta fue desde 1984 presidente de la plaza de toros de Valencia con “la pureza de la fiesta nacional” y el “estricto cumplimiento del reglamento taurino” como bandera, según una crónica de Abc .
Querella argentina Han pasado muchos años desde estos crímenes pero finalmente la Justicia podría dar alcance a algunos de los responsables de la BPS que siguen vivos. El 29 de noviembre, un grupo de valencianos, entre ellos los cinco entrevistados por La Marea , presentó una denuncia contra los antiguos funcionarios del franquismo ante el consulado argentino en Madrid. Estas denuncias se incorporarán a la querella en curso en Buenos Aires por las torturas durante el franquismo. El 14 de abril de 2010, más de 200 víctimas del franquismo interpusieron una querella ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 1, de Buenos Aires a cargo de la jueza María Servini de Cubría. Una querella, denominada “N.N. por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas”.
Lucila Aragó, militante antifranquista detenida en Valencia el verano de 1975, denunció haber estado “secuestrada diez días” en comisaría, donde sufrió “puñetazos, corrientes eléctricas y golpes en los pies”. “Luego cesaron los interrogatorios, supongo que para que desaparecieran las marcas”, relata. Para Ofelia Vila llevar a los responsables de la BPS ante la Justicia no es una cuestión de satisfacción personal: “Yo lo de la querella argentina no me lo planteo en plan revanchista sino de justicia”, afirma. A su juicio, “presentar la denuncia contra estos torturadores es de justicia universal. Los que vivan, no pueden seguir haciéndolo con esa tranquilidad, y ante los que han muerto, hay que dejar muy clara la cantidad de suciedad, de mierda, que tienen encima”.
Aunque las personas señaladas en la querella puedan eludir sentarse en el banquillo, la causa ya ha servido para dar visibilidad a este capítulo oscuro en la historia del país y a la impunidad absoluta que ha protegido a sus responsables. “Desde hace años hay una especie de banalización de lo que era el franquismo”, comenta Juan José López. “Esta banalización es insoportable”.
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