BARCELONA // Limitar el plazo de amortización de las hipotecas a 30 años y el importe del crédito al 90% del valor de tasación, otorgar a los jueces la potestad de suspender procesos de desahucio en caso de detectar cláusulas abusivas en las hipotecas, y establecer la dación en pago como mecanismo para satisfacer la totalidad de la deuda. Estas son algunas de las medidas incluidas en una proposición de ley que el Parlament de Catalunya aprobó en julio de 2012 y que este martes ha llegado al Congreso para su tramitación.
Pero en la Cámara Baja ha acabado su recorrido. El Grupo Popular se ha quedado solo en su voto en contra a la propuesta. Sus compañeros en Cataluña sí que habían apoyado el texto, que aprobó por unanimidad la cámara catalana. La iniciativa fue promovida por separado por ICV-EUiA, ERC y Ciutadans, si bien finalmente se pactó un texto único con aportaciones de todos los grupos, la Generalitat, y hasta de un representante del Parlamento Europeo.
Los grupos de la oposición han destacado en la tribuna del Congreso que la proposición llegada desde Cataluña suponía una nueva oportunidad para dar respuesta a la problemática de los desahucios. “Manteniendo un porcentaje tan elevado de personas en este nivel de endeudamiento, la economía española no tiene ninguna oportunidad de recuperarse. El Parlament de Cataluña nos brinda una oportunidad, aprovechémosla”, ha sentenciado el diputado de la Izquierda Plural Joan Coscubiela. La diputada de CiU Lourdes Giró ha aportado un argumento en el mismo sentido: “Si no rescatamos a las familias y les hacemos hábiles para que puedan volver a comprar en el mercado interior, no habrá recuperación económica. Aportemos una solución con una ley de segunda oportunidad”. “Rescaten a las personas y den la misma oportunidad que ya han tenido bancos, cajas y promotores inmobiliarios”, ha sostenido el diputado de ICV-EUiA en el Parlament Salvador Milà.
La proposición de ley establece una serie de medidas para evitar el sobreendeudamiento en el futuro: limitar el plazo de amortización de las nuevas hipotecas a 30 años y el importe del crédito al 90% de su valor de tasación o, como máximo, al 100% del precio escriturado; que los intereses moratorios no superen en ningún caso los límites fijados en la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios, así como que tanto la entidad bancaria como el notario deban informar al consumidor sobre el contrato y los riesgos que asume. Asimismo, otorga la potestad a los jueces de suspender un desahucio si detecta cláusulas abusivas.
Implantación de la dación en pago
El texto contempla la creación de Comisiones de Sobreendeudamiento en cada comunidad autónoma, que serían las encargadas de arbitrar la liquidación de la deuda en caso de insolvencia. A estas deberían dirigirse los afectados para iniciar los trámites, en cuyo caso se suspendería provisionalmente el lanzamiento. Si el deudor es titular de una única vivienda, podría solicitar la dación en pago para liberarse de la deuda reclamada, y, señala la proposición, «podrá acordar que este pago dé por satisfechas cuantas cantidades pueda deber en concepto de capital, de intereses y de costas”. En caso de tener que abandonar la vivienda, el afectado podría pedir a la Comisión que intervengan en el proceso las administraciones competentes en materia de servicios sociales para garantizarle un alojamiento temporal.
Además, la propuesta abre la puerta a acudir al arbitraje judicial. Si las partes no lograsen alcanzar un acuerdo, el deudor podría declarar ante un juzgado mercantil un concurso de acreedores “abreviado y simplificado”, con derecho a asistencia jurídica gratuita. “No hay forma humana de que la ley concursal dé respuesta a estas personas, la ley concursal está pensada para las empresas, no para las personas”, ha señalado al respecto Giró.
“¿Queremos cargarnos el mercado hipotecario?”
“¿Cómo el Gobierno no ha sido capaz de elaborar una ley como esta, mientras que el Parlament de Catalunya sí, en 2012 y por consenso?”, ha manifestado el diputado socialista Joan Ruiz. Su grupo sí que apoyará la propuesta, que sin embargo morirá en la orilla por la mayoría absoluta del PP en la cámara.
“Vamos a votar que no, porque creo que es bueno, aparte de subir a la tribuna y decir que hay personas que lo están pasando muy mal, saber qué objetivos perseguimos, qué es lo que queremos”, ha comenzado su intervención el portavoz de asuntos económicos del grupo parlamentario popular, Vicente Martínez-Pujalte. El diputado popular ha justificado la negativa de su grupo en que, en caso de aprobarse su tramitación, supondría “cargarse el sistema hipotecario”. “¿Queremos que los jóvenes tengan acceso a la vivienda en el futuro? ¿O dar solución a un problema y cargarnos el mercado hipotecario para siempre? Eso hay que pensarlo”, ha sentenciado.
Martínez-Pujalte ha sostenido que desde que se aprobó la proporción de ley en el Parlament, en verano de 2012, el Gobierno “ha hecho mucho” para solucionar el drama de los desahucios. El portavoz popular, además, ha justificado en parte el voto negativo de su grupo en que “no es lo mismo las personas que no pueden pagar que las que no quieren. No debemos cargarnos la cultura del pago”.
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