No basta con lamentar las muertes de Ceuta

Las playas de Ceuta han sido escenario de una nueva tragedia. Al menos 15 personas (quizás sean muchas más) han muerto, ahogadas o aplastadas, cuando trataban de llegar a la ciudad bordeando el espigón que cierra la frontera marítima.

Numerosos testimonios afirman que la Guardia Civil rechazó su intentona con disparos de balas de goma y botes de humo, y que expulsó de inmediato, vulnerando la Ley de Extranjería, a los que lograban alcanzar tierra. La primera versión oficial fue, por supuesto, que nada de eso era cierto, que todo había sido una desgracia provocada por la desesperación, o incluso la violencia, de los propios inmigrantes: vamos, casi que se “habían ahogado solos”.

Pero finalmente, el propio Ministerio de Interior ha tenido que reconocer que se utilizó material antidisturbios para “repeler” a los inmigrantes, aunque “sólo para asustar”, y que “dispararon al aire”. El problema es que sigue habiendo numerosos testigos que afirman que esas balas de goma reventaron flotadores y sembraron el pánico. Que fueron, en definitiva, la causa directa de esas muertes.

También hace unos días, el ministro Fernández Díaz tuvo que admitir que “ocasionalmente” se podían haber producido expulsiones ilegales de inmigrantes por parte de la Guardia Civil, algo que venían denunciando diversas ONG’s desde hace mucho, y que se había negado siempre desde el gobierno. Y tuvo que admitirlo porque había imágenes grabadas que lo probaban, que demostraban que la “versión oficial” era falsa, que el gobierno mentía. El ministro dice que solo ha sucedido “en casos puntuales”; pero hay muchos testigos que afirman que es una práctica habitual y continuada.

SOS Racismo, junto con otras organizaciones de la red Migreurop, ha exigido una comisión parlamentaria que investigue lo que está ocurriendo en nuestras fronteras, y que aclare de forma urgente lo que ha sucedido este 6 de febrero en la playa de Tarajal. Porque la muerte de 15 personas (de momento, esperemos que no sean más), no puede quedar impune.

La vicepresidenta Sáez de Santamaría ha dicho que el gobierno “lamenta esas muertes”. Pero no basta con lamentarlo. Hay que analizar las causas que han llevado a ello, y dar explicaciones claras, porque existen muchos indicios de que esas muertes fueron causadas por una política migratoria y unas prácticas de control de fronteras que desprecian los derechos humanos más fundamentales.

Ese mismo día, 6 de febrero, un millar de inmigrantes fueron rescatados (o interceptados, pues no está claro que se encontrasen en peligro) cerca de la isla italiana de Lampedusa, cuando navegaban en varias barcazas rumbo al sueño de una oportunidad en Europa. Por fortuna ese viaje se saldó sin muertes. Pero el pasado mes de octubre, en esas mismas aguas, cientos de personas se ahogaron en dos naufragios espantosos.

Nadie sabe con certeza cuántas vidas se han perdido en las travesías del Mediterráneo, en ese viaje desesperado hacia la esperanza. Cada año, desde hace mucho, hemos tenido nuestra ración de horror ante alguna de estas tragedias. Según el ACNUR, solo en el primer semestre de 2011, 1500 personas perecieron ahogadas tratando de llegar a Italia.
Y en el caso español, las cifras son aún más estremecedoras. Según cálculos de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía, más de 20.000 personas habrían muerto tratando de alcanzar nuestro país desde que, en noviembre de 1988, aparecieron los primeros cadáveres en las playas de Tarifa.

Quizás, algunas personas que lean este artículo, piensen que la culpa es de los propios migrantes, que no tienen por qué intentar entrar en Europa, cuando no se les da permiso para ello. Me gustaría que pensaran un poco en quienes aguardan al otro lado de la frontera, en las circunstancias que les empujan a tentativas tan desesperadas.

Muchas de esas personas han huido de países en guerra, o donde hay persecuciones étnicas o religiosas. Podrían solicitar refugio, y lo justo sería concedérselo; pero ni siquiera se les da la oportunidad: no se les permite pisar tierra española (o se les expulsa ilegalmente si lo consiguen). Y a los pocos que logran solicitarlo se les deniega en la inmensa mayoría de los casos.

Otras solo han huido de la pobreza, de una pobreza mucho peor que la que ya estamos sufriendo en España. La mayoría emprendió su viaje hace años, portando los ahorros y las esperanzas de toda su familia, a veces de todos sus vecinos, en busca de un futuro menos amargo que el que les esperaba en su tierra.

Han sufrido demasiado para llegar a las puertas de Europa, no pueden volver atrás, pero ven como esas puertas se les cierran a cal y canto, con barcos y aviones que les interceptan en alta mar, vigilantes armados y vallas cada vez más altas. Vallas con cuchillas incluidas, de esas que el presidente Rajoy “no sabe si cortan o no”.

No basta con “lamentar” esas muertes, como hace el gobierno español. Como si fuesen resultado de una desgracia inevitable, o de la mala suerte. Porque podrían evitarse.

Es esa obsesión por el blindaje y la militarización de las fronteras la que provoca estas muertes. Son unas políticas migratorias orientadas tan solo a cerrar el paso, gastando para ello muchísimo dinero, a quienes buscan una oportunidad. Unas políticas que no piensan en absoluto en las personas que aguardan tras las fronteras, en si merecerían un estatuto de refugiado o un visado por razones humanitarias. Unas políticas que se ciscan en los Derechos Humanos que nuestros democráticos gobiernos han jurado respetar.

*Roberto López es miembro de la Comisión permanente de SOS Racismo Madrid