Los datos médicos de los pacientes británicos podrán venderse y comprarse a partir de marzo. El pasado mes de mayo, el diario The Guardian publicaba una información en la que adelantaba los deseos del Gobierno británico de mercantilizar los historiales clínicos de los usuarios de la Sanidad pública. Además, la información ya apuntaba a uno de los posibles compradores, la empresa aseguradora Bupa.
Esa venta incluirá información sensible acerca de las visitas al hospital, los tratamientos psiquiátricos de los pacientes, las estancias en los centros y datos personales como el código postal, sexo, edad y situación económica de los pacientes, según avanzaba The Guardian el pasado domingo.
Esta situación ha provocado la señal de alarma entre los defensores del sistema nacional público de salud por las implicaciones que podría tener en España. De hecho, la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) en su informe Diez temas candentes para la sanidad española en 2013, ya dedica un apartado específicamente al open data en salud.
En el informe de PwC, se asegura que “la liberación de los datos que se generan en el sector de la salud y su reutilización, generarán beneficios para proveedores, pagadores, administración, ciudadanos e investigadores”. En este sentido concluyen que “la información debe estar disponible como un todo y a un coste razonable” y apela a que “no haya restricciones para ciertos usos como el comercial”.
La comercialización de los historiales clínicos será posible desde que se ponga en marcha una nuevo programa para facilitar la historia clínica electrónica a todos los centros de salud y hospitales del Estado. Se trata de uno de los ejes principales del Ministerio de Sanidad, que ha hecho suya una de las demandas recurrentes de las aseguradoras privadas. En junio del año pasado, la ministra Ana Mato ya anunció que había que asegurar que los médicos dispongan de todos los datos de cada paciente, “venga del servicio que venga”.
El anuncio preocupa desde entonces a los defensores de la salud pública y a los colectivos que velan por la protección de datos personales. Si las empresas privadas acceden a datos hasta ahora considerados confidenciales, pueden comprobar las enfermedades preexistentes de sus asegurados, estimar los riesgos que presentan y valorar su rentabilidad, un cálculo que incide directamente en la cuota de su póliza.
La interrelación entre la asistencia pública y privada ya es un hecho. Hasta ocho hospitales de la red pública tienen como proveedores de servicios sanitarios a empresas como Adeslas, DKV, Sanitas y Asisa, tal y como recuerda el portavoz de CASMadrid, Ángel Navarro: “Ya se están filtrando datos de la salud de los ciudadanos, y esto puede ser peligroso porque se pueden usar por parte de las empresas”, asegura. En este sentido, Navarro explica que “la intención es que las mutuas patronales acaben gestionando las bajas del sistema público de salud y ahora los datos estarían en sus manos”.
España, como Inglaterra
Los defensores de la Sanidad pública alertan del peligro de que se exporte el modelo británico también en este sentido. Vicente Losada, de la plataforma auditoria ciudadana de la deuda No debemos no pagamos, sostiene que “el proceso que se está dando en el Estado español es una reproducción literal del proceso de privatización que se dio en el Reino Unido, con consecuencias terribles”.
Para Losada, “no es baladí que en Inglaterra se estén planteando vender las historias clínicas de los pacientes a las empresas privadas ya que uno de los grupos que está haciendo más presión es el Fórum PPP (Public-Private Partnership), que hace cinco años llegó a España”.
Por ahora, en el caso de las derivaciones en España, las clínicas privadas no tienen el historial médico. La única información de la que disponen es el nombre y apellidos del paciente y su DNI. Cuando le hacen una prueba diagnóstica, le entregan en mano los resultados, aunque ya hay casos en los que se envían al médico, lo que hace sospechar que se manejan más datos de los pacientes.
Carmen Esbrí, del Observatorio de Servicios Públicos de la organización ATTAC, critica el informe de PwC: “Es de una gravedad enorme ya que quieren clasificar a los individuos como en una fábrica”. A su juicio, “está clarísimo que el trazado del modelo que tenemos ahora está muy definido por los sucesivos gobiernos (incluso en los socialdemócratas) porque esto no hubiera irrumpido de manera violenta si no se hubiera permitido con leyes anteriores”.
