CIVIO // En las noticias jurídicas y políticas es habitual encontrar un adjetivo anexo a cada uno de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional (TC), máximo órgano jurídico en España: conservador o progresista. La relación de los jueces que componen este órgano va más allá de una alineación ideológica con los dos principales partidos de la oposición, como se demostró cuando los papeles de Bárcenas desvelaron que Francisco Pérez de los Cobos, presidente del TC, había sido militante del PP entre 2008 y 2011.
El presidente del organismo ha admitido este hecho en el pleno del tribunal y se ha amparado en la ley del propio constitucional, que solo veta a los jueces pertenecientes a un partido político si ocupan cargos directivos en el mismo. Aunque fue nombrado magistrado del TC en 2010, no fue hasta 2013 cuando se convirtió en presidente del organismo en sustitución de Pascual Sala.
Su vinculación con el PP va más allá que sus cuotas como militante. Pérez de los Cobos es un habitual en escritos y jornadas de FAES, la fundación vinculada a los populares: aparece en artículos publicados en 2006 y 2007 y en una jornada en 2009 sobre la reforma laboral organizada por la fundación que preside el expresidente Aznar junto a la ahora ministra Fátima Báñez.
Pero el presidente del tribunal no es el único de sus miembros con vinculaciones políticas. Formado por 12 magistrados nombrados para nueve años, la elección de cada uno de ellos depende, en buena parte, de la aritmética política postelectoral. Cuatro de ellos son elegidos por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Consejo General del Poder Judicial y otros dos directamente por el gobierno de turno.
Aunque en muchos de los currículos de los actuales miembros podemos encontrar vinculaciones a PP y PSOE, existen diferentes grados de afinidad, que van desde la coincidencia ideológica a la pertenencia. Entre estos últimos casos encontramos el de Andrés Ollero Tassara, elegido por la cámara baja en julio de 2012 a propuesta del PP: desde diciembre del 86 hasta 2003, cuando lo dejó para dedicarse a la enseñanza, fue diputado del PP en el Congreso. En el año 2000, Pilar del Castillo, entonces Ministra de Cultura en el gobierno de Aznar, le concedió la cruz de Alfonso X el sabio.
Magistrados, habituales en FAES y residentes en Madrid
No sólo Pérez de los Cobos ha puesto su pluma y su palabra al servicio de la fundación FAES, vinculada al PP y presidida por José María Aznar. Otros dos de los 12 miembros del TC han participado en charlas y artículos: Enrique López y López y Pedro José González-Trevijano Sánchez. Ambos fueron nombrados en junio de 2013 por el gobierno presidido por Rajoy.
La participación de Enrique López en las jornadas de FAES es, como mínimo, intensa. Aparece como asistente, ponente o coordinador de este tipo de eventos en las memorias de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2010 y suma 46 actos.
Además de haber escrito artículos para la fundación en años anteriores, como Reforma y defensa de la Constitución, Pedro José González-Trevijano ha participado en los actos del campus de verano de FAES en más de una ocasión. En julio de 2012, después de agradecer que le volvieran a invitar, alaba a sus compañeros de mesa, como se puede ver en el vídeo de la ponencia. Es en ese momento en el que reivindica su amistad con dos hombres importantes del PP y llama “mi buen amigo” a Javier Zarzalejos, secretario general de FAES; y “queridísimo amigo” a Ignacio Astarloa, diputado que sumó varios cargos importantes en los gobiernos de José María Aznar.
Rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid hasta su llamada a formar las filas del Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó su tercera victoria para dirigir la universidad porque no podía acumular más de dos mandatos. De hecho, su relación con los pesos pesados de los populares no acaba en FAES. Trevijano nombró doctor honoris causa a Rodrigo Rato en 2009, con toda la cúpula del PP presente para aplaudir la decisión.
Completan la llamada ala conservadora: Juan José González Rivas, nombrado por el Congreso en verano de 2012 a propuesta del PP; Santiago Martínez-Vares García, elegido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en junio de 2013; y el a veces polémico –un ejemplo– Francisco José Hernando Santiago, avalado por el PP en el Senado en 2011.
Los socialistas pierden peso
La llegada del PP al gobierno trajo consigo, tras las oportunas negociaciones entre los dos principales partidos españoles, un cambio de fuerzas en el TC. Ahora los magistrados propuestos por los populares son mayoría, pero el PSOE aún conserva algunas relaciones en el tribunal.
Luis Ignacio Ortega Álvarez fue director del departamento de Asuntos Institucionales del gabinete de presidencia del Gobierno durante 1986 y 1987, en la segunda legislatura de Felipe González. En el 86, Narcís Serra -entonces Ministro de Defensa- le concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco.
Juan Antonio Xiol Ríos, nombrado en junio de 2013 por el CGPJ, también tuvo cargo en el gobierno de González: fue director general de relaciones con la administración de justicia desde 1985 hasta 1990. En 2010, con el PSOE de nuevo en el poder, el entonces Ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, le concedió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
Este no era el primer distintivo que recogía Xiol Ríos de manos de un ejecutivo socialista. En abril de 1996, después de perder las elecciones y con el gobierno en funciones, el entonces Ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, aprovechó uno de sus últimos reales decretos para concederle la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
En julio de 2012, vía designación por el Congreso, el PSOE también pudo proponer y colocar a uno de sus candidatos: Fernando Valdés Dal-Ré. Según apuntan algunos medios, participó en la redacción del programa electoral de Zapatero para 2004 y ha publicado varios artículos en El País. Hemos preguntado al PSOE su vinculación con ese programa electoral y seguimos esperando respuesta. Lo que sí podemos afirmar es que Valdés fue director general del servicio jurídico del Estado entre el 86 y el 90, durante el gobierno socialista.
Si el PP se queda con la presidencia, la vicepresidencia se la reparte el PSOE: Adela Asúa Batarrita, propuesta por el parlamento vasco cuando el PSE de Patxi López dirigía Euskadi y elegida por el Senado en diciembre de 2010. Su hermana se ha presentado en varias ocasiones en las listas del PSOE como independiente, la última en las elecciones al ayuntamiento de Bilbao. Encarnación Roca, la cuota catalana del TC, fue propuesta por el Parlament y elegida por el Congreso en 2013.
El del Constitucional es sólo un caso más de órgano independiente por ley en el que acaba predominando el reparto de sillas entre los dos principales partidos. De hecho, el último reparto de cromos entre PP y PSOE acabó con acuerdos para designar, además de a magistrados del TC, al Defensor del Pueblo, los 12 puestos en el Tribunal de Cuentas y los cinco en la Junta Electoral Central.
[Artículo publicado en Quién Manda]
Sabido es que los tribunales de la Ley siguen estando, como tantas otras cosas, en manos de franquistas. Dicho y reconocido, además, por la minoría de jueces honestos y demócratas con los que tenemos la suerte de contar.
El Tribunal Constitucional y su manipulación por parte de PP y PSOE, es la principal causa del separatismo catalán. Los tribunales superiores de justicia, han dejado de ser árbitros que defienden las libertades ciudadanas, para convertirse en lacayos y protectores de los corruptos.