Ayer, viernes 10 de enero, a las cinco de la tarde, se convocó en Puerto Rico, en la plaza frente al Consulado de España, una concentración «en solidaridad con las mujeres de España ante la ley de aborto que penaliza y criminaliza el derecho de cada mujer», según rezaba la convocatoria. No es la única. El anteproyecto de Ley que pretende devolvernos a las mujeres a las catacumbas de la ciudadanía ha causado rechazo y estupor en medio mundo.
Las mentiras, los discursos misóginos y las piruetas argumentales que aquí ocupan tantas horas y tantas páginas, tantos titulares y tantos entrecomillados, no merecen ni atención entre quienes tienen claro que las mujeres somos ciudadanas, sin más, y como tales, sujetas de derechos y obligaciones. Derechos que hemos tenido que conquistar y que asentados ya en las conciencias y legislaciones de nuestro entorno, son despreciados por el gobierno de Mariano Rajoy. ¡Menudo papelón tienen las mujeres del PP, tan formadas, tan independientes, con tanto poder aparente en sus manos! Rajoy no se lo ha podido decir más claro: No os hagáis ilusiones, podéis ser vicepresidentas del gobierno, presidentas de comunidades autónomas o secretarias generales pero en vuestros cuerpos mando yo.
Ellas sabrán por qué lo aceptan pero el anteproyecto de ley no trata sobre el aborto, trata sobre las mujeres. No es una ley contra el aborto, es obvio: los abortos en España han disminuido precisamente desde que se aprobó la ley de 2010; el número de abortos -en cualquier país-, disminuye cuando se tiene una buena educación sexual y métodos anticonceptivos asequibles y accesibles. Es una ley contra las mujeres.
El debate sobre la malformación del feto es tan falso como el que se inició durante la tramitación de la Ley de 2010 sobre la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años pudieran abortar sin el conocimiento de sus padres o tutores. Fuegos de artificio. Las mujeres embarazadas de fetos con graves malformaciones podrán acogerse al supuesto de grave daño psíquico, ya lo ha reconocido hasta el propio Gallardón. Por supuesto, todo lo que tienen que hacer es lo mismo a lo que obligaba la ley de 1985, a reconocerse como «locas». Lo que se consideraba un coladero con la ley de 1985, «el daño psicológico» simplemente era una humillación para las mujeres -necesitadas de un informe psicológico para poder abortar-, además de una gran inseguridad jurídica.
Precisamente esa fue la razón por la que a pesar de no llevarla en su programa electoral, el gobierno del PSOE modificó la ley de 1985, por las citaciones y detenciones que se estaban llevando a cabo contra profesionales médicos que habían realizado abortos y contra mujeres que habían abortado. En aquel momento, bastó una orquestada campaña de prensa contra las clínicas que realizaban abortos para que quienes habían interrumpido su embarazo se pusieran a temblar. Solo hay que revisar las hemerotecas de los años 2007 y 2008 para ver cómo estaba la situación. Frente a estos envites de las fuerzas conservadoras, la mayor parte de la opinión pública se manifestaba a favor de una ley de plazos que reconociera el derecho a decidir de las mujeres durante las primeras semanas de gestación y diera seguridad tanto a las mujeres como a los profesionales, exactamente igual que ahora. De hecho, la ley de 2010 fue tan consensuada que en su tramitación parlamentaria ni siquiera necesitó volver al Congreso, fue aprobada en el Senado.
Lo que se está discutiendo ahora son los derechos de ciudadanía de las mujeres. Controlar a la población y restringir los derechos y libertades es una tentación de todos los gobiernos autoritarios y el gobierno de Rajoy no podía ser menos. Está en su hoja de ruta, lo está ejecutando sin pudor desde que comenzó la legislatura: derechos económicos, libertad de expresión y manifestación… Eliminar el derecho al aborto es uno más pero no uno cualquiera porque calificar a las mujeres como imposibilitadas para tomar decisiones sobre su sexualidad, su cuerpo y sus familias supone colocarnos en la minoría de edad perpetua.
Las mujeres hemos abortado siempre, a lo largo de toda la historia. Cuando lo ha necesitado, cada una ha tomado la decisión en su momento en función de su situación personal, económica, familiar, en función de sus creencias y su cultura; es decir, en función de lo que cada una es y cree conveniente. Ningún ministro, juez, clérigo o cualquier otro autodesignado como autoridad sobre su cuerpo ha podido evitarlo. La diferencia estriba en que según las legislaciones y lo asequibles y accesibles que estén las posibilidades de interrumpir el embarazo, se juegan o no la vida y la salud en el intento. ¿Qué calificativo se merece un gobierno que pretende incapacitar a las mujeres y abocarlas a poner en riesgo su vida y su salud?
Ahora, que nadie se escandalice ante las aberrantes declaraciones del abogado de la infanta Cristina, Jesús María Silva, quien ayer, mientras en Puerto Rico se manifestaban en solidaridad con las mujeres españolas declaraba que está «absolutamente convencido de la inocencia de la Infanta y esa inocencia pasa obviamente por su fe en el matrimonio y el amor por su marido».
Cualquier argumentación por estrambótica que parezca es posible en un país donde quienes llevan la pancarta contra la legislación en vigor, los derechos de ciudadanía y el sentido común son el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia.
