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«Nos convertimos en grúas humanas. La falta de recursos nos la echamos sobre la espalda”, explica una cuidadora que teme se sepa su identidad. Carmen es su nombre ficticio. Hace cuatro años, entró a formar parte del equipo de auxiliares del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que se encarga de supervisar las condiciones socio-sanitarias de las personas dependientes y dar las pautas necesarias a familiares y servicios sociales. “Cuando llegué al servicio, me quedé asombrada. Los servicios sociales ponían al alcance de las familias los recursos que necesitaban, bien fuera una silla de ruedas, un andador o pañales, se adaptaban las duchas si era necesario…”, explica. “El planteamiento principal era evitar que perdiesen la autonomía: intervenir antes y prolongar su calidad de vida, pero todo eso se ha ido perdiendo”, sentencia.
En los últimos años, multitud de municipios han ido recortando la inversión en los servicios sociales, encargados de dotar de los recursos necesarios para una calidad de vida adecuada a las personas que no pueden valerse por sí mismas, bien por tener una edad avanzada, bien por sufrir algún tipo de discapacidad. La estrechez de muchas cuentas municipales, además, ha facilitado la entrada en la gestión del servicio de atención domiciliaria de empresas que se han adjudicado los concursos públicos ofertando al mínimo precio posible, a costa de reducir recursos y empeorar condiciones laborales.
En verano de este año, Clece S.A, la sociedad multiservicios propiedad del Grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, se adjudicó el concurso de cerca de un millón de euros anuales licitado por el ayuntamiento de Cerdanyola para gestionar el SAD de la ciudad. La compañía, que en el 2011 se hizo con el negocio asistencial en la Comunidad de Madrid por 21,7 millones de euros, forma parte de la lista de constructoras que, tras la caída del ladrillo, han derivado su negocio hacia el sector público, junto a otras como Valoriza Servicios a la Dependencia S.L, del grupo Sacyr.
Carmen pasó de trabajar para Inpross, una pequeña empresa familiar gestionada por dos enfermeras, a depender de Clece. Esta auxiliar asegura que después de que los últimos años se haya producido una pérdida progresiva de los recursos destinados a las personas dependientes, la entrada de Clece en el servicio ha empeorado aún más la atención a la dependencia.
Un panorama desolador
La Marea ha contactado con tres trabajadoras que han vivido de primera mano esta degradación. Como Carmen, las otras dos tampoco quieren revelar su nombre, pues su actual situación laboral se vería afectada por la amenaza de los despidos. Sus testimonios dibujan un preocupante panorama. “Antes, si la cama era muy bajita, los servicios sociales la adaptaban a tu situación. Ahora tengo que poner todas las sillas del comedor como barandilla porque la señora tiene alzheimer y se levanta a media noche. En lugar de una silla de ruedas, me encuentro con casas en las que el marido ha tenido que ponerle rueditas a la silla del comedor. ¿Cómo se las apaña el cuidador para cambiarle el pañal a una señora, por lo menos cuatro veces al día, si está en una silla de ruedas que no tiene frenos?”, lamenta Carmen.
Esta auxiliar señala que uno de los aspectos que más se ha resentido desde la entrada de Clece en el SAD de Cerdanyola es la coordinación con los servicios sociales, que se vinculaba a través de la empresa: “No tenemos comunicación directa con los servicios sociales”, sentencia. Tampoco con la propia empresa. Hace unas semanas, una mujer con una enfermedad mental avanzada amenazó con suicidarse y no tuvo manera de comunicarse con ésta. “Ahora nos encontramos con un conflicto, llamas y no hay quien responda. No hay comunicación con la empresa. He hecho 17 llamadas entre ayer y hoy para intervenciones y no me han contestado”, afirma.
Y es que, de la compañía para la que trabajaba antes, Inpross, que conocía a todas sus empleadas y a las personas que atendían gracias a la proximidad, ha pasado a trabajar para una gran corporación, Clece (que en 2011 facturó cerca de 1.000 millones de euros), en la que un mismo coordinador debe atender a un área tan extensa que le es imposible mantener una comunicación efectiva con todos los casos. “Se ha reducido el equipo administrativo, así que las coordinadoras no conocen los casos, tienen un área demasiado grande para atenderla”, explica. “Hace unos meses, un chico autista de unos 27 años le dio un empujón a la cuidadora y la estampó contra la pared. Ella ya no se pudo levantar y pasaron cuatro horas sin que hubiera forma de comunicarse con la empresa”. La Marea ha tratado de recabar la versión de Clece sobre estos hechos, pero la empresa ha declinado hacer cualquier tipo de declaración al respecto.
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), Ana Lima, confirma que la atención a la dependencia “ha ido empeorando en los últimos años”. Lima, que como directora de un centro de servicios sociales realizó informes técnicos de valoración de las empresas que se presentaban a concurso, explica que “hubo un cambio de la ley de contratación de la administración pública, en el que se primó el tema económico frente a los criterios técnicos”. “Con la ley anterior se podía valorar un buen proyecto, una buena calidad, exigir ciertas cuestiones laborales, como que se subrogue al personal, se les dé puestos de formación, que se respete el convenio del sector para pagarles”, añade. “Si una empresa presenta una buena oferta económica a la baja, lo técnico no tiene nada que aportar. Eso supone una bajada en la calidad general de los servicios: no puedes pagar un sueldo digno a los empleados ni dar una calidad determinada si presentas ese precio”.
Las deficiencias que constata Carmen han protagonizado los últimos debates en el pleno municipal de Cerdanyola. El partido Compromís per Cerdanyola denunció un “descontrol absoluto” desde que Clece asumió la gestión del servicio, alertó de que la empresa no dota del material necesario a las empleadas para realizar su función, y que la compañía está incumpliendo la legislación laboral vigente. Fuentes del ayuntamiento señalan que el equipo de gobierno “está trabajando para tomar medidas correctoras”.
En Mota del Cuervo (Cuenca), María ha sido testigo directa del modus operandi de Clece, que en noviembre se hizo con el servicio integral de la residencia pública Los Molinos. Ella trabaja como enfermera en el centro. La entrada de la empresa ha supuesto despidos, la cancelación de muchos de los servicios y, para los empleados, trabajar más horas por un salario menor. “Clece ha llegado con mucha prepotencia. Lo más negativo que veo es la confusión de funciones que ha provocado”, indica.
La lista de despidos y reasignación de funciones es larga. En la recepción, se eliminó el turno de noche, así que los residentes ya no pueden comunicarse con sus familiares a partir de las 23.00 horas. El recepcionista del turno de noche pasó a trabajar durante el día. Y el que se encargaba del turno de día fue despedido. También el que trabajaba los fines de semana. Un empleado de la limpieza fue dado de baja. Al jardinero se le asignaron funciones de limpieza. Y, durante los fines de semana, lava platos en la cocina. La cafetería, cerrada. En su lugar se han instalado unas máquinas expendedoras de comidas y refrescos. Las camareras se han reconvertido en pinches de cocina, deben encargarse también de la limpieza y han visto reducido su sueldo a la mitad, hasta los 300 euros mensuales. En mantenimiento se ha quedado sólo una persona, que ahora debe estar a disposición las 24 horas del día, todos los días del año. La animadora sociocultural ha sido reconvertida a auxiliar, así que se han eliminado las actividades.
Todo ello, denuncia María, se ha llevado a cabo sin el reciclaje formativo correspondiente. “En la atención a residentes, si se hacen funciones que no corresponden, evidentemente, se resiente”, señala. “El cierre de la cafetería, el lugar donde se reunían con sus familiares, sumado a que ya no pueden recibir llamadas a partir de determinada hora de la noche, ha significado para ellos un trastorno de su relación con las familias”, explica. “Además, como ya no hay animación, los abuelos pasan muchas horas brazo sobre brazo, y no pueden mantenerse activos”, añade. La Marea ha contactado con la directora del centro, nombrada hace pocas semanas, para contrastar esta versión. Pero declinó hacer declaraciones y remitió a la Dirección General de Mayores de Toledo. Un trabajador social de la residencia, sin embargo, ha confirmado los cambios señalados por María.
Menos derechos laborales
El desembarco de este tipo de compañías en el negocio de la atención a la dependencia ha conllevado también una considerable pérdida de los derechos laborales de los trabajadores, cuyos contratos se subrogan cuando una nueva empresa se hace con la gestión del servicio. Cuando Clece ganó el concurso en Cerdanyola, presentó un nuevo contrato a las empleadas del SAD en el municipio. En lugar del contrato indefinido del que gozaban, se les ofreció uno por obra y servicio condicionado a la atención a una lista de personas. Es decir, que cuando una de ellas fallece, el empleado encargado de su cuidado ve reducido su sueldo.
Este nuevo contrato, además, incluye una cláusula que prácticamente permite a la empresa hacerse dueña del trabajador. Dice así: “Se podrá asignar al trabajador cualquier puesto de trabajo, horario, distribución de jornada o función que resulte conveniente según necesidades de la empresa”. O sea que a un empleado de un servicio de atención domiciliaria en Barcelona se le puede exigir pasar a trabajar de noche como lavaplatos en una residencia de Valladolid. “Te pueden mandar donde les dé la gana. Decidimos firmar “no conforme”. Nos han redactado dos veces un nuevo contrato, pero redactado de diferente forma: era el mismo contrato. El gerente me dijo que la reforma laboral incluye esta cláusula”, señala Carmen.
Con la bajada de los recursos en los hogares, se han incrementado también los riesgos de lesión de los cuidadores, que mientras antes contaban con los aparatos necesarios para realizar su función, ahora se encuentran con la obligación de, por ejemplo, tener que levantar a pulso a una persona que no se puede mover. Ello, obviamente, ha incrementado el riesgo de sufrir una lesión, que además las mutuas de las empresas no están reconociendo como accidentes laborales.
Es lo que le sucedió a Virginia, también empleada del SAD de Cerdanyola. A finales de diciembre de 2012, sufrió una rotura en el tendón supraespinoso del hombro izquierdo, al tratar de colocar a una persona enferma de ELA en una silla de ruedas. “No podía trabajar, porque me hacía muchísimo daño”, explica. La mutua de Inpross (la empresa que gestionaba el servicio cuando tuvo el accidente) le indicó que se trataba de una cuestión degenerativa porque “estaba muy vieja”. Tras cinco meses de baja, en abril de este año, le dieron el alta, así que acudió a la Seguridad Social, que confirmó su incapacidad. Pero en verano: al ganar Clece el concurso, una nueva mutua volvió a examinarla. “Me dijeron que tenía una baja por enfermedad común, y me quisieron enviar al paro dos años. Tengo 61 años, con 29 cotizados. Con el paro no llego a los necesarios para la jubilación. ¿Qué hago? ¿Me quedo colgada?”, lamenta Virginia.
Como su compañera, esta auxiliar asegura que la pérdida de recursos “conlleva nuestro deterioro físico”. “Al faltarnos todas esas herramientas tienes que hacer las cosas de otra manera y sufre más tu cuerpo”, añade. “Antes avisabas a los servicios sociales de que la cama no estaba en condiciones, o que hacían falta agarraderos en la ducha o sillas para meterlos en la bañera. Y lo colocaban. Pero ahora ya no se hace”, asegura.
Los familiares han visto recortadas a la mitad las ayudas que recibían por quedarse en casa cuidando de sus parientes dependientes. Los cambios introducidos en julio por el Gobierno en la Ley de Dependencia han supuesto también que estos ya no coticen a la Seguridad Social. La rebaja de costes impulsada por los ayuntamientos ha privado de recursos a los dependientes, y el empeoramiento de las condiciones laborales de los empleados ha repercutido en la atención, que cada vez reciben menos personas, por la evaluación a la baja para acceder a las ayudas.
Aunque la puntilla puede llegar de la mano de la reforma de la Ley de la Administración Local. Lima señala que la parte asistencial que están asumiendo los ayuntamientos va a desaparecer en la mayoría de los casos. “Las Comunidades Autónomas se van a encontrar con que el 50% del presupuesto que ponían los municipios lo van a tener que asumir. Ya han dicho que tienen un objetivo de déficit y no van a asumir competencias que no vayan con financiación. Además, aunque los ayuntamientos tuvieran dinero, la reforma les prohíbe asumir la ayuda a domicilio porque dice que es una competencia impropia de ellos”. Según datos del CGTS, el SAD emplea a más de 35.000 auxiliares en toda España. La mayoría podrían perder el empleo.
La sociedad multiservicios propiedad del grupo ACS
Clece S.A. es una sociedad multiservicios propiedad de la constructora ACS, que preside Florentino Pérez. En la actualidad opera en sectores diversos, tanto de la esfera pública como de la privada. Entre sus actividades están servicios de limpieza, asistencia y servicios sociales, construcción y reparación de edificios, y la gestión de guarderías privadas.
>>>Accionista minoritario
El 76,24% de las acciones de la empresa corresponden a ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. El 23% restante se vendió en el 2012 a Mercacapital, por un total de 80 millones de euros.
>>> 978.771.000€
Según recoge el informe de Gestión auditado por Deloitte sobre el ejercicio de 2012, Clece S.A. alcanzó el año pasado un volumen de negocio cercano a los 980 millones de euros, con un beneficio neto de 36 millones.
