MADRID// El pasado lunes, 23 de diciembre, el ingeniero de minas y criminólogo Miguel Gallardo, junto con la empresa Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA SLU) y la entidad sin ánimo de lucro Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) interpusieron una querella criminal ante la Audiencia Nacional para que se investigue si en la última subasta de CESUR se manipularon los precios de la electricidad.
Tanto Iniciativa per Catalunya-Verds (Verts) como el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias ya habían presentado sendas denuncias contra esta subasta. Sin embargo, una querella supone ir un paso más allá. Según ha explicado a La Marea uno de los querellantes, Miguel Gallardo, una de las diferencias más significativas entre una denuncia y una querella es que es que “la querella es una denuncia con voluntad de personarse como acusación, tras cumplir determinados requisitos para ejercer acción popular o privada en el procedimiento, y que contiene determinadas diligencias”.
En el caso concreto de esta querella, se han propuesto dos diligencias al juez que instruya el caso. La primera, requerirle a la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia “toda la documentación e informe detallado con objeto de analizar los movimientos inusuales en los precios del mercado eléctrico en relación a la vigesimoquinta subasta CESUR, sus antecedentes y sus consecuencias en perjuicio de los consumidores”. La segunda, requerirle al Ministerio de Industria y a la Secretaría de Estado de Energía “todos los documentos, testimonios y pericias que evidencian la “burda manipulación” a la que se ha referido en muy recientes declaraciones a varios medios de comunicación el ministro de Industria”.
Según afirma Gallardo, “hay que poner en conocimiento del juez lo que el propio ministro esta diciendo que ocurre”. La querella, que se basa casi exclusivamente en lo contenido en el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado y en las declaraciones públicas realizadas por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, solicita al juez el acceso a un informe “que solo conoce el ministro por el que dice que hay manipulación, sin perjuicio de que no sea esta la única manipulación y que no solamente sea un problema de la subasta. Pero hay que empezar por ese informe que ha anulado una subasta”.
Esta querella se ha interpuesto, tal y como consta en el documento, contra quienes hubieran obtenido un beneficio ilícito en el caso de que la subasta no se hubiera anulado, aunque no citan a ninguna empresa o grupos de empresas en concreto. Miguel Gallardo afirma que “a esa subasta concurrieron las grandes eléctricas, entidades financieras, intermediarios e incluso la misma operadora de la subasta”, lo que hace complicado señalar a priori, y sin tener acceso a los documentos que pueden probar si hubo fraude o no, quién o quiénes pudieron haberse beneficiado de la presunta manipulación de los precios.
Qué ocurrirá con la querella
El objetivo de fondo que se persigue con la interposición de esta querella criminal es, según Gallardo, “que la política energética, política con mayúscula, en el sentido aristotélico de la palabra, tuviera sentido, cosa que ahora no ocurre”. Según ha relatado, el hecho de ser ingeniero lo predispone para tener un pensamiento matemático, basado en fórmulas. “Los ingenieros tratamos de reducir los sistemas a ecuaciones, que es lo que no se está haciendo con el sistema eléctrico. El problema del sector –relata- es que no tiene un modelo predecible, planificado, aunque sea privado. Hasta el caos puede cuantificarse mediante una serie de indicadores que son leyes de la física o de la economía”.
Gallardo continúa explicando que “las ecuaciones que tenemos aquí nos dicen que x más y es igual a siete, pero también que x más y es igual a 24. Bueno, pues las dos cosas no pueden ser ciertas. O x vale 7, o vale 24, pero no puede valer 7 y 24 al mismo tiempo, luego alguien miente. O sea, que o es cierto lo que dice el presidente de UNESA, Eduardo Montes, o es cierto lo que dice José Manuel Soria. Pero no puede ser cierto al mismo tiempo lo que dicen los dos. Y es este criterio matemático orientado a la criminalística contable en el que nos hemos basado para interponer la querella”.
Este documento se entregó al procurador el pasado 23 de diciembre, fecha en la que se presentó en la Audiencia Nacional. A fecha de hoy, los querellantes aun estaban a la espera de la hoja sellada que confirme que la han recibido. Una vez que esto suceda, según ha explicado Gallardo, “lo que toca es el reparto. Hay seis juzgados en la Audiencia Nacional que no tienen nada que ver entre sí. Cada uno se puede tomar la querella de maneras distintas. La mala suerte es que le tocara a Ruz, que está desbordado con varios casos y no se podría dedicar a esto, bastante tiene. Y los otros son imprevisibles, no sabemos qué puede pasar”.
Lo que sí tienen claro es que quien decide si se sigue adelante con la investigación o se archiva o inadmite la querella es el fiscal general de Estado, Eduardo Torres-Dulce. Miguel Gallardo asevera que “antes que el juez, es la Fiscalía la que debe recomendar si se instruyen tanto nuestra querella como las dos denuncias anteriores. El juez, en el 99% de los casos, hace lo que le recomienda el fiscal. Por tanto, es la Fiscalía la que tiene el poder de decisión. Si quiere, se instruirá y si no, no se hará”.
En el caso de que el juez decidiera no investigar los hechos, los querellantes, a diferencia de lo que ocurre con quienes han interpuesto una denuncia, pueden recurrir el archivo del caso. Según ha afirmado Gallardo, “si sale lo mejor, tendremos que esforzarnos para llegar lo más lejos posible. Pero también tenemos que prepararnos para lo peor. Y si no admiten a trámite la querella, lo vamos a recurrir, te lo puedo asegurar. Por eso seguimos recopilando toda la información que podemos, para cargarnos de razones”.
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