Existen dos tipos de personas: las que se sienten seguras con mayor presencia policial, guardias jurados, redadas arbitrarias, cámaras de vigilancia, alarmas y alambradas; y luego existen las personas a las que ese tipo de despliegues, muy al contrario, les produce una sensación de inseguridad, de amenaza constante. En Reino Unido los policías raramente portan armas. Tampoco en la República de Irlanda, ni en Nueva Zelanda ni en Noruega. La policía de Islandia mató el día 3 de diciembre a una persona, era la primera vez que ocurría desde la creación de ese cuerpo de seguridad, en 1778.
No es casualidad que, en general, las sociedades más cohesionadas, en las que sus ciudadanos disfrutan de más derechos sociales, sean precisamente las más alejadas de la idea de ‘Estado policial’.
El concepto de seguridad que tradicionalmente se ha utilizado en España es, sin embargo, el más reduccionista. Y lo ha sido tanto en política interior como exterior. Consiste en reducirlo todo a una mera actividad policial o militar. Un ejemplo: los programas de armamento en España, según datos de El País, suman 30.000 millones de euros. De hecho, el verano pasado el Gobierno aprobó un crédito extraordinario de más de 877 millones de euros para armamento. El año anterior hizo lo mismo por valor de 1.782 millones. Idéntica mentalidad es la que motiva que el Ministerio del Interior decida gastar 500.000 euros en un camión para lanzar agua a presión sobre manifestantes.
Ese concepto de seguridad es el que lleva a ver la intervención militar o policial como el único recurso para solucionar un conflicto. Por supuesto, entender así las cosas es especialmente beneficioso para cualquier agenda totalitaria, y para las industrias armamentística y petrolera. También es rentable políticamente. Es populismo puro y duro: atrae al electorado con ideas más primarias y esquemáticas.
Va en interés del capitalismo salvaje el que cunda la noción de que el único concepto de seguridad es el militarista o policial. Sin embargo la auténtica seguridad es algo muy distinto. En su obra Una teoría sobre la motivación humana, el psicólogo estadounidense Abraham Maslow concibió en 1943 su famosa ‘pirámide’ en la que clasificó el grado de importancia de las necesidades del ser humano. La seguridad ocupaba la segunda franja (sólo por detrás de necesidades como la respiración, la alimentación, el descanso o el sexo); pero el concepto de seguridad de Maslow se refería a la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud y de propiedad privada.
Nuestro Gobierno, como tantos otros de corte reaccionario y pulsión totalitaria, no duda en aplicar políticas que desprecian un concepto amplio de seguridad: seguridad jurídica, laboral, personal, social, medioambiental… Cuanto más se descuidan estas parcelas de la seguridad, más aumenta la exclusión social y, por tanto, más aumenta la conflictividad y, en algunos casos, la delincuencia. Ése es precisamente el efecto buscado: crear situaciones en las que el recurso a la fuerza (es decir, al concepto de seguridad militarista o policial) parezca la única ‘solución’. Es la forma en la que el ultraliberalismo expresa su pesimismo esencial, su alma represiva, su clasismo intrínseco, su pobre concepto del ser humano y de la dignidad inherente a toda persona.
Lo mismo sucede a escala internacional. Existen miles de medidas preventivas que podrían evitar guerras y actos terroristas. Medidas como disminuir la dependencia de combustibles fósiles, garantizar el acceso al agua potable en los países empobrecidos, fomentar la educación, la redistribución de la riqueza y, en general, mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. En lugar de eso, la respuesta internacional pasa o bien por la desidia (desentenderse de conflictos que no afecten a sus intereses económicos) o bien por intervenciones militares que enquistan los problemas y generan mayor inseguridad. Irak es sólo un ejemplo.
En esa óptica se explica que nuestro Gobierno aumente las partidas de gasto en armamento y recorte tanto los fondos para políticas que garanticen la cohesión social, como también el presupuesto destinado a cooperación y desarrollo. La acción humanitaria de España en el exterior lleva un hachazo acumulado de más del 80% desde 2011, señaló en octubre la ONG Ayuda en Acción. Ahora mismo la cifra destinada a cooperación es de 2.000 millones de euros, un tijeretazo del 9,2% respecto al año anterior. Nótese el desequilibrio: 2.000 en cooperación internacional frente a 30.000 millones en armamento. Son vasos comunicantes: cuando se recorta en lo primero se acabará viendo ‘necesario’ aumentar el gasto en lo segundo.
Pero que nadie se llame a engaño: cuando nos dicen que hacen lo que hacen “por nuestra seguridad” en realidad lo hacen por la seguridad (económica) de unos pocos. Porque las auténticas fuerzas de seguridad no son otras que los médicos, los maestros, los trabajadores sociales, los mediadores, los cooperantes… Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de nuestro país, y también la de los seres humanos del resto del mundo, no es ya una cuestión de justicia social, de ética ni de altruismo. Es una cuestión de simple inteligencia, de lo que los filósofos llaman ‘egoísmo ilustrado’. No hay que ser una lumbrera ni un santo para darse cuenta de que cuanto mejor vivan nuestros vecinos (desde el más próximo al más lejano) más seguros estaremos nosotros. Pero claro, los que gobiernan no son precisamente lumbreras, ni mucho menos santos.
