MADRID// Rumores, algunas declaraciones, sospechas e intuiciones pero ningún dato concreto. A diferencia de lo que ocurrió con la reforma del sector educativo o de lo que ha estado pasando estos últimos meses con la del sector energético, ninguno de los debates que se han abierto en torno a la reforma de la ley del aborto ha estado basado en información. Fundamentalmente por el secretismo que ha caracterizado la elaboración de la propuesta de reforma del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que previsiblemente se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros.
Ni siquiera los miembros de su partido conocían el contenido de la norma, según aseguró el pasado lunes la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Afirmaciones como que la mujer no es la culpable sino la víctima o que se garantizarán sus derechos, han sido lo máximo que la sociedad española ha podido conocer al respecto, junto con una medida que, para Gallardón, es irrenunciable: la prohibición de que las menores de 18 años aborten sin el permiso de sus padres que la ley actual sí contempla.
Según el presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), Luis Enrique Sánchez, esta opacidad podría estar relacionada con las «enormes presiones de las jerarquía eclesiástica y de lobbys con una ideología muy conservadora, diría que cercana a la extrema derecha, que tienen mucho peso dentro del PP». Aunque, según ha aseverado, «también me consta que hay sectores dentro del propio partido que no ve claro lo que Gallardón pretende hacer, lo que ha podido generar los retrasos en la aprobación de su propuesta».
Para la responsable de salud sexual y reproductiva del centro clínico El Bosque, Victoria Virtudes, resulta complicado opinar sobre el contenido de una ley «que nadie ha visto. Son todo discursos e insultos hacia las mujeres» afirma. «Lo que dicen es que la ley va a contener más garantías hacia las mujeres. Ahora bien, si ya de antemano anuncian que van a suprimir lo que la ley actual de salud sexual y derecho reproductivo e interrupción del embarazo prevé, que es que las mujeres puedan abortar libremente hasta las 14 semanas, a mí que me expliquen cuándo dónde están esas garantías».
Tanto el presidente de la FPFE como Virtudes coinciden en señalar que, en el caso de que contemple las medidas que se sospecha que incluirá, esta norma supondrá un retroceso social considerable. Para Luis Enrique Sánchez, «restringir el derecho al aborto lo único que hace es clandestinizarlo, perjudicar a los sectores más vulnerables de la población y restringir los medios y los servicios de planificación familiar. Esta ecuación nos retrotrae a épocas pretéritas a las que no queremos volver».
La ambigüedad que ha definido el proceso de elaboración de esta reforma dificulta mucho opinar al respecto. Sin embargo Sánchez, sobre la base de las declaraciones que ha realizado públicamente Gallardón, considera que volverla más restrictiva, impedir que las jóvenes de entre 16 y 18 años puedan decidir libremente interrumpir su embarazo o la posibilidad de abolir el derecho al aborto por malformaciones en el feto provocará que «las más 3.000 mujeres al año que se ven en esta situación, si tienen dinero, se vayan a Francia, Inglaterra o Portugal a interrumpir su embarazo. Esta situación sería insostenible para la sociedad española actual».
Sin educación sexual y reproductiva
Aunque el debate social se haya centrado en la interrupción el embarazo, la ley no se limita a este aspecto, sino que también regula la salud sexual y reproductiva. Ya a finales de septiembre, cuando la FPFE quiso evaluar las conclusiones del barómetro europeo de acceso a la libre elección de anticonceptivos modernos en diez países de la Unión Europea, Luis Enrique Sánchez advirtió que no se había avanzado nada en este aspecto.
A pesar de que la ley aún vigente contemplaba la inclusión y el desarrollo en los currículos escolares de una formación reglada sobre métodos anticonceptivos, prevención de enfermedades de transmisión sexual o la negociación del uso de preservativo en adolescentes, las medidas adoptadas por el Ejecutivo en materia de Educación y de Sanidad se orientaban en sentido contrario.
Además de desarrollar una correcta educación sobre sexualidad y reproducción,el otro eje en el que se asienta la ley que Gallardón quiere derogar está relacionado con la mejora del acceso a los anticonceptivos de última generación. Algo que, según afirma Sánchez, «no solo no ha ocurrido, sino que el 1 de agosto desfinanciaron los anticonceptivos más modernos, es decir que estaban incluidos en la Seguridad Social y los han sacado».
Una carencia significativa si lo que se pretende con esta norma es evitar que aumente el número de mujeres que se ven obligadas a abortar por causa de un embarazo no deseado. Y es que, tal y como afirma Victoria Virtudes, «está demostrado que una buena educación sexual reduce el número de embarazos no deseados. Todos los países en los que se ofrece una buena educación en este sentido, tienen unas tasas muy reducidas de embarazos no planificados y de abortos».
Sin embargo, esta situación encierra una paradoja difícil de comprender. «Se da la circunstancia –explica Sánchez- de que los grupos sociales contrarios al aborto, a la libre decisión de la mujer, son también los más reacios a los métodos anticonceptivos, a hablar de la sexualidad y a incorporarla en el currículum escolar de los colegios o los institutos».
A este hecho se le suma que, en opinión de Sánchez, aunque el Gobierno «debería de facilitar ayudas sociales a las mujeres que decidieran continuar con el embarazo aunque fuera no deseado, en la práctica, las posibilidades de obtener esta ayuda son casi nulas». Una situación que, «revela una doble moral, porque condenan o restringen el aborto pero ni ofrecen educación para evitar embarazos no deseados, ni facilitan el acceso a los métodos anticonceptivos, ni tienen a disposición de las mujeres ninguna ayuda social. En definitiva, es un desastre».
Con la sociedad en contra
Victoria Virtudes duda de si, finalmente, saldrá adelante la reforma no, «porque como hay tantas movilizaciones previstas para hoy y Gallardón tiene a tal cantidad de población en contra, a lo mejor decide postergar su aprobación». Por su parte, Sánchez cree que «todo va a depender del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En cualquier caso, -afirma- se va a encontrar con un enorme rechazo de la mayoría social de este país. No nos olvidemos que los estudios independientes y las encuestas sociológicas que se han elaborado hasta el momento indican que hay una mayoría muy amplia de españoles de todas las creencias, entre los que están incluidos votantes del PP, que no ven motivos para modificar la ley actual».
Esta postura contraria a la reforma de la ley del aborto se ha manifestado de diferentes formas. Por un lado, han sido varias las manifestaciones populares que han sacado a la calle a miles de hombres y mujeres para denunciar el retroceso ideológico que supondría restringir y penalizar el aborto. De hecho, durante la última semana de septiembre tuvieron lugar varias jornadas de movilizaciones, actos informativos y manifestaciones que denunciaban que la ley que pretendía hacer entrar en vigor Gallardón atentaba contra la doctrina del Tribunal Constitucional.
Por otro lado, esta misma semana la Plataforma Feminista de Alicante hizo pública una iniciativa que venía respaldada por diferentes organizaciones sociales como la propia FPFE, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública o la Liga de Derechos Internacionales de las Mujeres. El pasado martes presentaron un manifiesto en el que solicitaban que todas las diputadas se unieran e hicieran un pacto para defender el derecho a decidir de las mujeres. Para ello, les solicitaron que firmaran un manifiesto en el que se comprometieran a votar en contra de la reforma de la ley del aborto que pretende llevar a cabo Alberto Ruiz Gallardón.
Un derecho a decidir que la reforma que proponen desde el Ministerio de Justicia desaparece. Según afirma Victoria Virtudes, «la ley actual ya deja espacio para que la mujer decida libremente si considera oportuno o no abortar dentro de las 14 primeras semanas de gestación. Lo que pretenden es que sean otros quienes tomen esta decisión por ellas». En este sentido, Luis Enrique Sánchez asegura que, según las declaraciones que han realizado, «esta nueva norma considera a las mujeres seres indefensos incapaces de decidir por sí mismas. Las mujeres que deciden interrumpir el embarazo son mujeres normales, que toman esta decisión por circunstancias sociales, personales o económicas. En cualquier familia puede haber un caso de un embarazo no planificado, bien porque fallen los anticonceptivos o, sencillamente, porque no somos perfectos al igual que nuestra biología tampoco lo es».
Por este motivo, la Federación Estatal de Organizaciones Feministas ha lanzado, para este viernes, una nueva convocatoria de protesta en toda España contra la «contrarreforma de Gallardón». En su página web han publicado listado con las protestas planificadas, por un lado, tanto si se aprueba el texto legal como si no llegara a suceder, y, por otro, uno más amplio por si finalmente el Consejo de Ministros votara a favor de la propuesta de Gallardón. El objetivo que persiguen con estas movilizaciones es manifestar su rechazo ante “el retroceso“ que esta norma supone en el derecho a decidir de las mujeres.
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