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martes 20 noviembre 2018

Sociedad

El 70% de las familias desahuciadas tienen dos o más menores a su cargo

Un estudio realizado por la PAH y el Observatori DESC señala a Bankia como la entidad que más desahucia, seguida del BBVA, Caixabank y el Santander

17 diciembre 2013
19:07
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El 70% de las familias desahuciadas tienen dos o más menores a su cargo
Concentración contra los desahucios frente al Congreso de los Diputados. FERNANDO SÁNCHEZ

BARCELONA // Bankia es la entidad financiera que más desahucios ejecuta. A su vez, es la que más dinero público ha recibido. Así lo señala un exhaustivo estudio elaborado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Observatorio DESC. El trabajo, Emergencia habitacional en el Estado español, se basa en más de 11.000 encuestas realizadas a personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria, tanto de vivienda de propiedad como de alquiler. El estudio, además, extrae una serie de conclusiones que desmontan los tópicos que insisten en que los afectados por la hipoteca suelen ser personas extranjeras y con pocos estudios. Siete de cada diez familias ya desalojadas o en proceso de ejecución hipotecaria tienen dos o más menores a su cargo.

Cerca del 20% de las ejecuciones hipotecarias estudiadas por las organizaciones correspondieron a la entidad nacionalizada que presidió Rodrigo Rato. El BBVA, el banco que más afectados acumula en el estudio, concentra el 15% de los desalojos y desahucios; Caixabank, el 14%; y el Santander, el 12%. “Se nos ha dado el mensaje de que lo de las hipotecas fraudulentas fue cosa de las cajas, que estaban excesivamente politizadas, pero estos datos demuestran que no es cierto, que entre las primeras están las mayores entidades, que se nos han vendido como un ejemplo de gestión”, ha señalado la portavoz de la PAH, Ada Colau.

Colau ha denunciado la situación de “emergencia” en materia de vivienda que padece el Estado español. Además, ha criticado que lejos de solucionar el problema de las casi medio millón de ejecuciones hipotecarias que se han llevado a cabo desde el 2008, “no se están cambiando las leyes para que esto no vuelva a suceder”. En este sentido, ha alertado de las privatizaciones de vivienda protegida que están llevando a cabo diversas administraciones: “Se incentiva que fondos de inversión como Goldman Sachs y Blackstone compren las viviendas. Evidentemente estos fondos no tienen ningún interés en proteger el derecho a la vivienda, sino únicamente ganar dinero”.

La anomalía en Europa de la legislación española en materia hipotecaria, que tan recurrentemente viene denunciando la Plataforma e incluso instituciones como el Consejo de Europa, supone una escasa protección de las personas hipotecadas que ha dejado en la calle a miles de familias sin una alternativa de vivienda. Una amplísima mayoría, el 82,3% de los afectados incluidos en el informe, son españoles, mientras que la primera nacionalidad extranjera en porcentaje de afectados es la ecuatoriana, con un 4,1%. Además, menos del 15% sólo tienen estudios primarios, mientras que el 59% tienen estudios secundarios o de formación profesional, y un 24%, universitarios.

El desempleo, principal causa de impago

El estudio señala que el principal motivo del impago de las cuotas hipotecarias o del alquiler es el desempleo, circunstancia que se da en el 70% de los casos. “Estos datos desmontan la criminalización que se hace desde determinados sectores, en el sentido de que se deja de pagar la hipoteca por voluntad propia”, ha criticado Colau. La portavoz de la PAH ha reconocido las limitaciones de un estudio que no abarca a la totalidad de las personas afectadas en el Estado español, pero ha denunciado la inexistencia de registros públicos sobre esta materia: “Es inmoral que cinco años después del inicio de la crisis no haya datos fiables y detallados sobre esta emergencia. Creemos que responde a una falta de voluntad política, porque la población se escandalizaría si los conociese en profundidad”.

Una buena muestra del modus operandi de las entidades en la colocación de hipotecas durante la burbuja inmobiliaria es que un 40% de estas se concedieron sin ningún tipo de entrada. En la mayoría de los casos, se otorgó entre un 80% y un 100% de la financiación, y en algunos de ellos incluso por encima. La mayoría de las personas afectadas que han contactado con la PAH firmaron hipotecas entre los años 2004, y 2008, periodo cumbre de la burbuja inmobiliaria.

“Poca preparación del poder judicial”

Las entidades han denunciado el papel del poder judicial español en la escasa protección de derechos. El profesor de derecho constitucional de la UB y vicepresidente del Observatorio DESC, Gerardo Pisarello, ha asegurado que “la crisis está poniendo en evidencia la poca preparación del poder judicial para garantizar la protección de derechos. Existe un gran desconocimiento de los estándares internacionales sobre la protección de los Derechos Humanos”. “Ha habido algunas sentencias favorables a los afectados. Poco a poco se va abriendo camino, pero por cada una hay tres o cuatro a favor de las entidades financieras”, ha lamentado.

El informe constata el incumplimiento de las recomendaciones que incluyen los tratados internacionales firmados por el Estado español. Por ejemplo, la que señala que una unidad familiar no debe destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la hipoteca. Casi el 60% de los encuestados han destinado más del 60% de los ingresos familiares al pago de la hipoteca, mientras que para más de un tercio, la hipoteca se ha llevado en algún momento la totalidad de los ingresos.

Pisarello ha denunciado también el papel del Tribunal Constitucional, cuya conducta respecto a la protección del derecho a la vivienda ha calificado de “abstencionista, a diferencia de tribunales como los de Portugal e Italia”. “Creemos que hay indicios importantes de irregularidades y malas prácticas por parte de las entidades financieras y pedimos que sean investigadas”, ha señalado Pisarello, que ha explicado que la PAH y el Observatorio, junto con otras organizaciones sociales, presentarán una queja al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por “violaciones sistemáticas de acuerdos internacionales”.

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