El Senado aprueba hoy la reforma de la Administración Local

El polémico texto, que abre la puerta a privatizaciones y a vaciar de competencias a los municipios, saldrá adelante con los votos favorables del PP

La controvertida Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local llega este lunes al Senado para su aprobación. La norma implicará la pérdida de competencias de muchos municipios. Presentado como un proyecto legislativo que busca la sostenibilidad y modernización de los ayuntamientos, puede llegar a desmantelar 3.200 entidades municipales menores y más de 1.000 mancomunidades.

La ley abre la puerta a privatizar servicios básicos que hasta ahora venían prestando los ayuntamientos. Y es que en los casos de los servicios sociales municipales de pequeños municipios que sean deficitarios, su gestión pasará a las diputaciones, que decidirán si los asumen u optan por privatizarlos.

Partidos y sindicatos han recordado que la deuda de los ayuntamientos supone tan solo el 5% del déficit público global, mientras que la reforma los “criminaliza” quitándoles competencias cuando no cuadren sus cuentas. La atención a domicilio, por ejemplo, que se presta a las personas dependientes, la atención a la violencia de género y las escuelas de adultos e infantiles serán algunos de los servicios susceptibles de pasar a manos de las diputaciones.

La práctica totalidad de la oposición pidió su retirada durante el trámite parlamentario en el Congreso, aduciendo que se trata de una herramienta para privatizar servicios básicos y vaciar de competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes –el 87% de los que hay en España– que no cumplan con los parámetros de la Ley de Sostenibilidad. La reforma fija un plazo de un año para que los ayuntamientos evalúen los servicios que presta y los ajusten a los principios de sostenibilidad que fija el Ejecutivo.

Cuatro comunidades autónomas (Cataluña, Andalucía, Asturias y Cantabria) han mostrado su rechazo al texto, que consideran un “recorte en democracia”. Cabe recordar que la composición de las diputaciones no es elegida en las urnas, sino que procede de los pactos políticos de los partidos con representación en los municipios.

Recurso al Constitucional

Al presentar el Gobierno su proyecto, el PSOE, por medio del secretario de Ciudades y Política Municipal, Gaspar Zarías, anunció que llevará la norma al Tribunal Constitucional al entender que viola los artículos 128 y 140 de la Carta Magna, que hacen referencia a la autonomía municipal y a la capacidad de los ayuntamientos para atender necesidades de los ciudadanos.

En la Cámara Baja, PSOE, Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG, Geroa Bai, Compromís-Equo y Amaiur presentaron enmiendas a la totalidad, que fueron rechazadas por el rodillo de la mayoría absoluta del PP. Tan solo el PNV apoyó el texto después de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo que protege las competencias de Euskadi.

La oposición denuncia la voluntad recentralizadora de la reforma y el hecho de que aleje de facto el poder de los ciudadanos, traspasando competencias a órganos superiores. “Esta ley anula y empequeñece a los municipios”, criticó en el Congreso el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví. “Nos retrotraen a los tiempos del Nodo, en el que los ayuntamientos eran simplemente títeres de la administración central. El Gobierno pretende ahorrar recortando en la democracia más cercana a la ciudadanía”, remachó la diputada de ERC, Teresa Jordà.

Si se plantean modificaciones a la ley, ésta deberá volver a pasar por el Congreso, después de ser enmendada por los grupos en el Senado, donde todo indica que el PP rechazará de nuevo las aportaciones del resto de partidos. Antes de final de año podría entrar en vigor tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

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