Manuel Asende // Un día de 2002, José Juan Sánchez Andreu, un camarero de 37 años, fue a vacunarse contra la gripe a un centro de salud de Tortosa (Tarragona). A los 10 días, empezó a sentir debilidad en brazos y piernas. Sus propias defensas habían empezado a atacarse a sí mismas. En poco tiempo, su cuerpo empezó a paralizarse, hasta quedar con un 85% de discapacidad. En un caso rarísimo, que ocurre una vez cada varios millones, la vacuna antigripal le había provocado el llamado síndrome de Guillain-Barré, sin cura conocida.
Las vacunas son uno de los mejores regalos que la ciencia ha hecho a la humanidad. En 1988, por ejemplo, se registraban 350.000 casos de poliomielitis en todo el mundo. El virus entraba por la boca o la nariz de los niños, infectando su sangre y llegando a provocar parálisis, deformaciones e incluso la muerte. Pero gracias a una campaña mundial de vacunación, en 2012 sólo se registraron 220 casos. Y así ha ocurrido con decenas de enfermedades.
Sin embargo, en poquísimas ocasiones aparecen casos como el de José Juan Sánchez Andreu. Y eso, en España, significa comenzar una durísima batalla judicial. El camarero, ya con invalidez absoluta, pleiteó durante 10 años, hasta que el Tribunal Supremo condenó al Instituto Catalán de Salud a indemnizarle con casi 470.000 euros al considerar probado que la vacuna le había causado el síndrome.
Sin legislación
“España se ha caracterizado de forma tradicional por su escasa actividad legisladora sobre vacunas”, explica el médico José Tuells. Alemania, en 1961, y Francia, 1964, fueron los primeros países del mundo que pusieron en marcha un Programa de Compensación de Daños por Vacunas. Reino Unido se sumó en 1979. EEUU, en 1988. Y ya hay 19 países del mundo, casi todos en Europa, con programas similares. No hay ninguno en América Latina ni en ningún país en vías en desarrollo, según el recuento de Tuells.
En un artículo publicado en la revista Medicina Clínica, el médico, director de la Cátedra de Vacunología de la Universidad de Alicante, propone que España se sume al resto de países desarrollados y cree un programa que compense los daños registrados por las vacunas. Tuells recuerda que en España no ha existido tradicionalmente un movimiento de rechazo a las vacunas, pero advierte de que la situación podría estar cambiando. “El escenario, que podría suponerse idílico, no se corresponde con la realidad de los últimos años”, alerta.
Tuells recuerda que en 2012 un juez obligó a la Junta de Castilla y León a indemnizar con 470.000 euros a la familia de un chico de Burgos que se quedó en una silla de ruedas, con una minusvalía del 92%, tras recibir la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubeola) en 1994, cuando tenía un año de vida. Su caso requirió una batalla judicial de 15 años.
Y no es el caso más sangrante. En 2007, el Tribunal Supremo ratificó una sentencia que condenaba, también a la Junta de Castilla y León, a indemnizar con 314.000 eurosa una persona con una epilepsia parcial relacionada con una vacuna contra la viruela que recibió en su pueblo burgalés en 1975, cuando tenía cuatro años de edad. La compensación económica por los daños sufridos tardó 32 años en llegar.
Una nueva controversia
“Resulta evidente”, destaca Tuells, “que las vacunas contra la gripe pandémica A (H1N1) de 2009 y contra el virus del papiloma humano sí han generado debate, controversia, solicitudes de moratoria, resistencia y ruido mediático”. El médico y diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, por ejemplo, exigió hace un año la retirada de la vacuna contra el papiloma después de que una niña muriese en Asturias por un ataque de asma tras recibirla, pese a que los expertos no ponen en duda su seguridad.
“Hay que aceptar el hecho de que en España no hubo pero sí que hay una polémica abierta que pone en cuestión algunas vacunas, haciendo el énfasis en la preocupación sobre su seguridad, su coste-eficiencia o la debilidad de su evidencia científica”, afirma Tuells, que pide al Gobierno de Mariano Rajoy que tome la iniciativa de poner en marcha un programa de compensación de daños por vacunas. “No pensemos que la gente es tonta, la gente tiene dudas y no les damos respuesta”, sostiene el experto.
No está solo. Ildefonso Hernández, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), cree que las vacunas “podrían acompañarse de una estrategia de compensación de daños por posibles efectos adversos”. A su juicio, “dicha estrategia trata de dar confianza a la población (la Administración respalda posibles, indeseados e infrecuentes efectos adversos) para que participe en el programa que se pone en marcha”. El coordinador del grupo de vacunas de la Sespas, Luis Palomo, comparte su opinión.
“Un melón por abrir”
Sin embargo, otros expertos son más escépticos. Federico de Montalvo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Comillas, cree que “sería un error” crear un sistema de compensación, porque “jurídicamente no tendría ningún fundamento”, según declaró en un reciente debate público en Madrid organizado por la Sespas. El argumento de De Montalvo es que, a diferencia de otros países, “en España se parte de la autonomía del paciente y las vacunas no son obligatorias”, con lo cual cada persona tendría que asumir los minimísimos riesgos de vacunarse.
Consultado durante 15 días al respecto, el Ministerio de Sanidad de Ana Mato, en línea con su política de opacidad, no ha querido responder si se plantea un programa de compensación de daños por vacunas.
“La administración tiene el debate un poco soterrado, pero tiene que responder a las demandas sociales en este sentido”, afirmó en el debate de la Sespas la médico de familia Rosa Magallón, presidenta de la Red Española de Atención Primaria. “Está el melón por abrir”, remachó.
[Artículo publicado originalmente en Materia]
