¿Cuáles son los puntos negros de la Constitución? ¿En qué cuestiones la Carta Magna plantea más dudas que certezas? ¿Qué aspectos y/o reformas habría que aplicar de forma inmediata? Estas son las preguntas que La Marea ha hecho a los principales grupos parlamentarios y que dejan claro que hay tres cuestiones no resueltas en las que coinciden todos ellos: el modelo de Estado, la configuración definitiva del Senado como órgano de representación y el artículo 135 que limita por ley la capacidad de endeudamiento del Estado.
El primer grupo en hablar del artículo 135 ha sido Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA,CHA). Su portavoz, José Luís Centella, recuerda que su grupo “ha registrado en el Congreso una propuesta de reforma de la Constitución, con el formato de proposición de ley, para garantizar que se dé prioridad absoluta a los servicios públicos en lugar de al pago de la deuda, tal y como se fijó con la reforma del artículo 135 pactada de urgencia entre PSOE y PP en agosto de 2011”.
Para Centella, la Constitución “está agotada” y por eso apuestan “por un completo proceso constituyente, que abra un debate para ver qué Constitución necesita España en el siglo XXI, un debate que hasta ahora se ha hurtado a la población”. También defienden “revisar otros temas como la forma y el modelo de Estado, hasta la definición e inclusión de nuevos derechos fundamentales cuyo cumplimiento habría que asegurar por ley y de forma prioritaria”.
También de proceso constituyente hablan desde Equo-Compromís, para quienes “el principal agujero es la poca posibilidad de participación que se da a la ciudadanía y que tiene que recuperar la soberanía y el control de la política y también de las decisiones económicas”.
“Este proceso [constituyente] tiene que definir un nuevo modelo territorial de Estado, garantizar un sistema electoral efectivamente proporcional, y establecer los cauces para una democracia más participativa. Además, se deben afrontar las reformas necesarias que garanticen el mejor funcionamiento de la justicia y sus órganos de gobierno”, señalan desde la coalición.
Desde PP y PSOE declinaron hacer declaraciones. Los socialistas se remitieron a un acto celebrado ayer en Ferraz acerca del XXXV aniversario de la Constitución que cerró su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. Sobre una posible reforma de la Carta Magda, el líder socialista aseguró que “estamos tan satisfechos de ella, que queremos reformarla”.
Partidos nacionalistas
El difícil encaje de las diferentes nacionalidades en la Carta Magna centra las principales reivindicaciones de los partidos nacionalistas. Desde CiU, el diputado Jordi Jané, explica que su formación encuentra “tres puntos negros fundamentales”. El primero de ellos es el Senado que “no cumple su función de cámara territorial en un Estado compuesto con diversos centros de poder distribuido por todo el territorio”.
El segundo punto negro es “la marginación de la mujer en la sucesión de la Corona, que hace que la ley de leyes que es la Constitución vaya en contra de la mayoría de normas y tratados internacionales sobre discriminación”.
El tercer tema fundamental para CiU es el encaje de la reforma del Estatut en Cataluña en la Carta Magna. “El Parlament catalán”, recuerda Jané, “votó un estatuto en 2006 que luego fue modificado y aprobado por el Congreso y refrendado en las urnas en Cataluña”. A su juicio “con la sentencia del Tribunal Constitucional [que anuló el texto] se rompe el consenso y hace que se debilite mucho la adhesión de los ciudadanos a ella”.
Por su parte, desde el PNV, el portavoz del grupo, Aitor Estebán, incidió en este último punto al asegurar que la Constitución «se ha quedado obsoleta» y además ha sido «sustituida través de leyes que han roto el pacto constitucional«. Para él, la reforma debería ir en los apartados sobre “la arquitectura institucional del Estado” y no tanto sobre la parte de los derechos y libertades, sobre lo cual, asegura, está “bastante bien construida”.
Finalmente, desde el BNG, su líder, Francisco Xosé Jorquera, afirma que el texto de la Carta Magna “está totalmente caduco”. “Los derechos sociales y económicos se han convertido en papel mojado por la imposición de los dogmas neoliberales, y las posibilidades de profundizar en el autogobierno de los pueblos a través de la vía autonómica han quedado cerradas por el proceso de recentralización del Estado y por la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al Nou Estatut de Cataluña”, concluye.
El BNG, igual que otras formaciones como IU o Compromís, apuesta por abrir un nuevo proceso constituyente, que en su caso “debe tener como sujeto político al pueblo gallego para que éste tenga plena capacidad de decidir sobre sus asuntos y pueda decidir libremente la forma de relación con los demás pueblos del Estado”.
