Madrid dejará la extracción de sangre en manos de Cruz Roja

Los trabajadores del Centro de Transfusiones denuncian que la decisión de la Comunidad de Madrid busca privatizar el servicio y significará la pérdida de aproximadamente 130 puestos de trabajo.

La señal de alarma la han lanzado los trabajadores del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid quienes han alertado de que el gobierno madrileño “ha firmado un convenio con Cruz Roja para gestionar los autobuses que hacen las extracciones de sangre en la Comunidad de Madrid”.

Esto ha sido confirmado por el gobierno regional quien justifica el acuerdo en la necesidad de evitar “las duplicidades que hay actualmente en el servicio”. El consejero de sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, aseguró que Cruz Roja se dedicará únicamente a la extracción de sangre, mientras que el Centro de Transfusión asumirá de forma exclusiva el proceso posterior. Además, negó “razones económicas” y solo achacó su decisión en que supondrá una “mejora de la organización”.

Actualmente, en Madrid, hay dos centros de transfusiones. Uno público, que se encarga de la extracción, procesamiento y reparto en los hospitales de la red pública. Otro privado, gestionado por Cruz Roja y que distribuye en hospitales privados. El Centro público gestiona una docena de autobuses que recogen anualmente cerca de 70.000 bolsas de sangre. El de Cruz Roja, por su parte, cuenta con cuatro autobuses para hacer el servicio.

Desde el Centro de Transfusiones muestran dudas sobre la motivación de la consejería de sanidad. “¿Por qué se hace?”, se pregunta una de las trabajadoras, Deli Edreira, para quien “ahora mismo la gestión es muy sensata, fiable y segura”. En este sentido denuncia que “lo que se busca es beneficiar a algunos, hay una motivación económica clara”.

Los trabajadores públicos también alertan de un “posible problema de salud pública, ya que una empresa privada querrá tener beneficios y eso puede hacer que se minimicen los gastos y afecte al servicio”. Además, dudan sobre el tratamiento de la sangre. “¿Quién va a controlar que nos llegue a nosotros todo lo que se done en los autobuses?”. En este sentido recuerdan que, “aunque está prohibido cobrar por la sangre sí se puede hacer por los costes de la analítica, de la distribución o del transporte”.

Finalmente, detrás de la externalización del servicio también hay un problema laboral. Los profesionales de Centro de Transfusiones calculan en 130 las personas afectadas que se irían a la calle, entre interinos y otros que perderían su puesto de trabajo al trasladarse a los empleados fijos.

Cabe recordar que en todas las comunidades autónomas el encargado de gestionar las extracciones de sangre es el Centro de Transfusión territorial, de titularidad pública. La única excepción es Asturias, donde se comparte con Cruz Roja, pero donde la parte pública va a absorber el trabajo de la privada.

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